«En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se vio profundamente erosionada, lo cual puso en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales», dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado.
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al régimen de Maduro.
«Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela«, dijo Valiñas en el comunicado.
La Misión indicó que realizó «177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a exjueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos».
Además efectuó un «extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales», y de «183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno» entre 2014 y agosto de 2021, y documentó «las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal».
Venezuela, gobernada por Maduro desde 2013, vive una debacle social y económica que, según la última actualización de la ONU, ha forzado en los últimos años la salida del país de 6 millones de personas.
Con la mediación de Noruega, el gobierno de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, iniciaron en agosto un proceso de negociación política en México para sacar a Venezuela de la crisis.
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