El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, denunció que 62 periodistas fueron asesinados en 2020 «sólo por hacer su trabajo», según datos recopilados por la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
«Muchos perdieron la vida cubriendo conflictos, pero en los últimos años el número de trabajadores de medios muertos fuera de zonas de conflicto ha aumentado», dijo Guterres,
El secretario general agregó que, «en muchos países, investigar la corrupción, el tráfico, las violaciones de derechos humanos o asuntos medioambientales pone en riesgo la vida de periodistas».
Lamentó que la impunidad por el asesinato de periodistas sea «extremadamente alta» y reveló que los datos de la Unesco muestran que «casi nueve de cada diez casos queda sin castigo».
«Los periodistas hacen frente a innumerables amenazas, desde secuestro, tortura y detención arbitraria hasta campañas de desinformación y acoso, especialmente en la esfera digital», dijo.
Estos crímenes tienen un impacto enorme en la sociedad en su conjunto ya que «evitan que la gente adopte decisiones informadas», manifestó, según la agencia de noticias AFP.
«La pandemia de Covid-19 y la pandemia de desinformación han demostrado que el acceso a los hechos y la ciencia es literalmente un asunto de vida o muerte», agregó.
En tal sentido, el secretario general de la ONU subrayó que cuando el acceso a la información está amenazado, se envía un mensaje amenazador que socava la democracia y el estado de derecho.
En la misma línea, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, resaltó que, para muchos periodistas, «decir la verdad tiene un precio».
Los Estados tienen una obligación de proteger a los periodistas y garantizar que los responsables de crímenes contra ellos son castigados, agregó Azoulay, para quien jueces y fiscales en particular tienen un importante rol «a la hora de promover procedimientos penales rápidos y efectivos», reseñó.
Con ese objetivo, Unesco formó durante los últimos años a cerca de 23.000 funcionarios judiciales, incluidos jueces, fiscales y abogados.
«Sólo permitiendo que se diga la verdad podemos hacer avanzar la paz, la justicia y el desarrollo sostenible en nuestras sociedades», concluyó Azoulay.
Fuente: telam
