El Gobierno presentará un proyecto de ley para hacer cambios en las políticas de transparencia dentro del Poder Ejecutivo, pero que pretende extender al Congreso y a la Justicia. La Oficina Anticorrupción (OA), a cargo del fiscal Félix Crous, presentará en el primer trimestre del año próximo un proyecto para modificar la ley de ética pública que pretende regular temas sensibles como la presentación de declaraciones juradas o los conflictos de interés de funcionarios.
Más allá de los cambios puntuales, la iniciativa plantea que sea la OA la dependencia que quede a cargo de la gestión de todos los registros públicos que funcionan hasta el momento vinculados a temas de transparencia, que hasta la actualidad están dispersos entre distintos ministerios. Esta oficina también se haría con el control del sistema que se encarga de las declaraciones juradas de los funcionarios, que ahora se limita a recibir la información de la AFIP.
El nuevo proyecto de ley de ética pública pretende que los funcionarios entreguen obligatoriamente dos declaraciones juradas todos los años que podrán consultarse online. La primera, la clásica presentación sobre el patrimonio, aunque con un nuevo formulario que incluirá los bienes de los cónyuges y que permitirá informar otros activos que hasta ahora no estaban permitidos, como las criptomonedas.
Habrá más cambios relacionados con las sociedades. El funcionario debería aclarar, cuando informe que es accionista de una empresa, si es el beneficiario final de la firma. Por último, el proyecto de ley prohíbe que los funcionarios sean titulares de cuentas bancarias o participen en sociedades offshore. Desde la OA aclararon que no se trata de una cuestión ideológica, sino que esas jurisdicciones dificultan el control de los fondos. “Deberán vender esas acciones o renunciar”, anticiparon fuentes oficiales.
El nuevo proyecto prevé que la presentación con el detalle patrimonial esté acompañada por una segunda “declaración jurada de intereses”, que tiene como objetivo evitar potenciales conflictos de interés con la actividad privada que hubiera desarrollado el funcionario antes de ingresar al Estado. Esta presentación también debería ser obligatoria. Funcionará -explicaron- como un CV online que esté disponible para consulta de cualquiera que quiera mirar los antecedentes de un funcionario.
Justicia y Congreso
La OA terminó el proyecto en septiembre, pero activó el sistema de elaboración participada, que habilita a ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y universidades a sugerir cambios en la iniciativa. Una vez que cierre el plazo para recibir esos aportes, la oficina los valorará y luego enviará el texto a la Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández luego lo remitirá al Congreso durante el primer trimestre del año próximo, estiman desde la OA.
“Con la crisis del Covid existe una renovada demanda de transparencia, integridad y control de los negocios público-privados, lo que también se proyecta a la recuperación posterior a la pandemia. Esta especial atención en el tema nos convenció de volver sobre la elaboración de una nueva ley de ética pública -sobre cuya necesidad no hay disidencias- pero bajo una modalidad que promueva la participación ciudadana”, explicó Crous ante la consulta de Infobae.
La ley de ética pública fue sancionada en 1999 y desde ese momento hubo varios intentos para hacer reformas integrales sobre una normativa que es clave para la transparencia dentro del Estado. La última modificación se concretó en 2013. La anterior titular de la OA, Laura Alonso, también presentó su proyecto impulsado por el gobierno de Mauricio Macri en marzo de 2019, pero la iniciativa no prosperó en el Congreso.
El proyecto que se presentará en 2022 cuenta con la particularidad de que plantea que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal sean regulados por esta nueva ley de ética pública. La iniciativa aclara que para éstos poderes preserven su autonomía deberán ser ellos mismos quiénes designen a sus autoridades de aplicación para cumplir con los estándares de transparencia que exige el proyecto de ley.
El nuevo proyecto prevé que se unifiquen bajo la órbita de la OA los distintos registros que ya existen, como el Registro de Audiencias Públicas, Viajes y Obsequios. También incluye las disposiciones incluidas en el decreto firmado por Macri para limitar el nombramiento de familiares en el Estado para evitar el nepotismo. Todas estas normativas, que hoy rigen solo para el Poder Ejecutivo, deberían hacerse extensibles para la Justicia, el Congreso y el Ministerio Público Fiscal, según esta iniciativa.
Las políticas de transparencia suelen despertar polémicas en el Poder Judicial, el más reacio a los cambios. A pesar de que hace casi diez años que se estableció que las declaraciones juradas deben poder consultarse libremente por Internet, las autoridades de aplicación correspondientes no permiten que el patrimonio de jueces y fiscales sea consultado en un sistema web de libre acceso, como sí ocurre con los funcionarios del Poder Ejecutivo.
