Cuatro ministros del Gobierno pampeano fueron interpelados este jueves en la legislatura provincial en relación al caso por el crimen de Lucio Dupuy, el niño asesinado a golpes en Santa Rosa el 26 de noviembre último por el que están detenidas su madre y su pareja, a fin de determinar si existió responsabilidad del Estado en el hecho.
En tanto, los fiscales que investigan el crimen viajaron este jueves a la ciudad de General Pico para entrevistarse con los familiares paternos del niño asesinado.
La interpelación de los ministros de Salud, de Seguridad, de Desarrollo Social y de Educación comenzó esta tarde en una sesión pública en la que recibieron preguntas de los legisladores sobre el funcionamiento de los organismos del Estado para poder establecer si existió algún tipo de responsabilidad o si se cometieron errores que pudieran haber evitado el crimen de Lucio.
El niño de 5 años fue asesinado a golpes el 26 de noviembre último en la casa donde vivía con su madre, Magdalena Espósito y su pareja, Abigail Páez, ambas por el momento únicas imputadas por el crimen del menor y detenidas en una dependencia carcelaria de San Luis.
Interpelación a funcionarios
A la Cámara de Diputados de La Pampa concurrieron para ser interpelados los ministros de Educación, Pablo Maccione; de Seguridad, Horacio di Nápoli; de Salud, Mario Kohan y de Desarrollo Social, Diego Álvarez, además de estar también presente el defensor de la Niñez, Juan Pablo Meacca, pero no para ser interpelado.
“Si hubiera habido denuncia quizá podríamos haber prevenido el caso”, aseguró Meacca, quien señaló también que a su defensoría “le entra la información de casi todas las áreas y en el órgano municipal, provincial y de las áreas específicas no había ninguna cuestión indicando una vulneración”.
El defensor de la Niñez también aseguró que «en La Pampa hay legislación, protocolos y fue construyendo todos los organismos de protección. El sistema de articulación de los organismos es óptimo y es una de las seis provincias que tienen toda la estructura y todos los procedimientos», argumentó.
«Tenemos el Consejo General de la Niñez y no todas las provincias lo tienen y un protocolo de abuso sexual. Somos la única provincia en ese sentido», destacó Meacca.
En ese sentido, explicó que tuvieron “muchas intervenciones donde por cuestiones de violencia física el niño es retirado. Primero se hace la denuncia, luego hay una interacción entre los organismos que van a evaluar los contextos familiares y se analiza dónde va a quedar el cuidado del niño».
Durante la interpelación, Meacca fue cuestionado por la falta de autocríticas y reconoció que «hay fallas” y citó como ejemplo a “los 300 condenados por abuso sexual entre el año pasado y este año”, que no saben “dónde están”, y si “están en contacto con niños o no”.
En tanto, el ministro de Desarrollo Social Álvarez coincidió en que no tuvieron “intervención”, ya que no hubo “ningún tipo de denuncia”, que son “los mecanismos de comunicación” y “los indicadores de las distintas áreas del sistema”.
Por su parte, el ministro de Seguridad Di Nápoli aseguró que no quieren “incurrir en ningún tipo de ilícito”; mientras que su par de Educación, Maccione, pidió «tener cuidado para no entorpecer la investigación”.
Maccione también fue consultado acerca de que si un hecho de esa gravedad debió ser detectado en las instituciones escolares, y respondió que «eso lo resolverá la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Cada caso es distinto”.
Fiscales se reuniron con familiares de Lucio
Mientras tanto, desde el área de Prensa del Poder Judicial se informó que uno de los fiscales que interviene en el caso, Walter Martos, se entrevistó hoy con ocho familiares de Lucio, en General Pico.
Martos se reunió en primer término con Christian Dupuy, el papá de Lucio, y luego con otros siete familiares ya que quería establecer «cuál era la relación que tenían con el niño y con su mamá, cómo se desarrollaron los primeros tiempos de su infancia, qué pasó cuando la mamá se trasladó a Santa Rosa y si tuvieron contacto con él durante ese tiempo, entre otros temas».
Las diligencias se cumplieron en las oficinas de una fiscalía piquense, donde Martos recibió los testimonios de Dupuy, de su actual pareja, de su hermano Maximiliano y su esposa Leticia Hidalgo -quien tuvo a su cargo la tutela de su sobrino-, de su hermana y su pareja, y de sus padres, Ramón Dupuy y Silvia Gómez, abuelos de la víctima.
Junto al funcionario viajaron a la ciudad del norte provincial el abogado Luis Peralta Hurtado, colaborador de la fiscalía, e Ignacio Dalgalarrondo, coordinador general de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos.
Ese organismo funciona en el ámbito del Ministerio Público y su función principal es el abordaje y acompañamiento victimológico durante el proceso penal.
El día después del hecho, el juez de control, Néstor Daniel Rali, formalizó la detención de la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, por el delito de homicidio calificado por el vínculo; y su pareja, Abigail Páez, por el delito de homicidio simple.
Además, dictó las prisiones preventivas de ambas hasta la finalización del proceso.
Martos, junto a sus pares Verónica Ferrero y Marcos Sacco, conforman el equipo de fiscales dispuesto especialmente para esta investigación y los tres cumplen funciones en la fiscalía especializada en delitos que impliquen violencia familiar y de género.
Ellos ya reunieron una variada cantidad de pruebas -secuestro de objetos en allanamientos, peritajes, el informe final de la autopsia, documentación enviada por el Poder Ejecutivo- y, en los próximos días, continuaran entrevistando a familiares, vecinos y otras personas cuyos relatos pueden ser de buen valor probatorio para la investigación, según informó Prensa del Poder Judicial.
Fuente: telam
