El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, anunció este lunes la presentación de un amparo en los Tribunales Federales de Córdoba para que se discuta en el Congreso de la Nación un nuevo marco que regule las retenciones.
El argumento principal de la entidad agropecuaria es el rechazo al Presupuesto 2022 en el Congreso, que extendía por otros 2 años las facultades que la Ley 27.541 de “Emergencia Pública le había otorgado al Ejecutivo nacional para fijarlas por decreto, y que vencieron el pasado 31 de diciembre.
Por eso, sostienen, las alícuotas actuales carecerían de legalidad hasta que el Parlamento no reglamente una nueva norma. “Presentamos este recurso de amparo porque las retenciones son inconstitucionales, ya que para que un tributo exista tiene que haber una ley que lo avale”, dijo Pino acompañado por su vice Marcos Pereda.
El abogado Carlos Laplacet explicó que el número del juzgado es algo que aún resta definirse por sorteo, ya que la presentación fue esta mañana. De la conferencia también participaron dirigentes del interior del país, como el vicepresidente de la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), Eduardo Riera.
De hecho, la presentación judicial fue realizada junto a la SRJM, ya que es una entidad de primer grado, que comparte varios asociados con la sede porteña, y por eso son perjudicados directos.
A su vez, Pino agregó que decidieron hacer el planteo en Córdoba para darle un espíritu más federal al reclamo y estar más cerca de los afectados directos. “Es una manera de poner en valor al federalismo, de estar donde las cosas suceden”, dijo. En ese sentido, Laplacet acotó que, desde el año pasado, la Corte Suprema dispuso que todos los juzgados federales del interior tienen potestad de fallar sobre este tipo de cuestiones.
Por otra parte, señalaron que otros miembros de la mesa de enlace, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro, no pueden hacer formalmente un reclamo de este tipo, porque son entidades de segundo grado. Aunque aclararon que cuentan con el apoyo institucional de las 4 gremiales que componen la mesa (también integrada por la Federación Agraria) para impulsar este amparo. “No todas tienen la capacidad, técnicamente, de poder presentarse”, dijo Pino.
El dirigente explicó que decidieron llegar a esta instancia, como parte de la agenda que se planteó en la asamblea realizada en Armstrong, luego de no haber tenido resultados concretos por parte del Ejecutivo nacional ni de los legisladores con los que se reunieron, tanto del oficialismo como de la oposición.
“Los legisladores tienen que asumir su responsabilidad y tocar este tema lo más rápido posible”, enfatizó el líder de la SRA. También comentó que “seguramente” se reunirán en breve con el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, e incluirán este reclamo como parte de la agenda.
Código Aduanero, fallo a favor de Bunge y otros aspectos técnicos
Laplacet explicó por qué optaron por el amparo y no otra alternativa. “También podría haberse presentado una medida cautelar para que cese ya el cobro de retenciones. Pero no es lo que buscan las entidades, que quieren una sentencia lo más rápido posible para que se declare que no se pueden percibir retenciones sin una ley del Congreso. Con esa penalidad, lo que se busca es una acción rápida, y el amparo da esa posibilidad”.
Sobre eso, precisó que si la Justicia les da la razón no significa que el Estado deba cancelar el cobro de los DEX de inmediato, aunque cada productor puede plantearlo por su cuenta. “El amparo lo que pide es que se dé la discusión donde se tiene que dar, que es en el Congreso”, reiteró.
Consultado por TN, el jurista se refirió a los artículos 755 y 756 del Código Aduanero, que establece la posibilidad de que el Ejecutivo pueda modificar los derechos de exportación (DEX), en contradicción con los artículos 4, 9 y 17 de la Constitución Nacional. “Esa es una discusión que ya lleva varios años en el país, pero creemos que la Corte ha sido bastante clara en algunos precedentes, como en Camaronera Patagónica y otros casos, donde consideró que no son suficientes esos artículos para que el Poder Ejecutivo pueda cobrar retenciones”.
También explicó que con esta acción se busca que haya una resolución de fondo que sea “integral”, sin la necesidad de que cada productor se presente de manera individual. Al respecto, también opinó sobre si el reciente fallo a favor de Bunge Argentina, que anuló un aumento de retenciones al maíz que había sido impuesto por decreto en 2008. “Se vincula, aunque son dos situaciones distintas. Pero lo que hay en el fondo es la necesidad de que haya una ley del Congreso para cobrar un impuesto sobre la exportación”.
Sobre si existe la posibilidad de que exportadores se sumen al reclamo de la SRA, como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), comentó: “Desde el punto de vista de las características del proceso, podrían sumarse. Pero estamos en una situación distinta, no hay una confluencia de intereses, porque un exportador no está en la misma posición que un productor. Por eso, en caso de incorporarse, lo harían en una situación distinta a la de la Sociedad Rural, que representa a los productores”.
Fuente: tn
