Los funcionarios del Poder Judicial de Córdoba quedaron envueltos en un escándalo dentro del edificio de Tribunales II. Se trata de un fiscal y una prosecretaria, quienes habrían sido vistos por sus compañeros teniendo relaciones sexuales en la playa de estacionamiento del edificio ubicado en el barrio Observatorio.
Los testigos afirman que vieron a ambos funcionarios manteniendo relaciones dentro de un auto, lo que motivó a que la Secretaría de Sumarios Administrativos y el Tribunal de Ética de la Justicia realizaran acciones de oficio.
La investigación aún está en una etapa preliminar, y en caso de confirmar la veracidad del hecho se realizará una recolección de prueba, con posterior notificación a los imputados para que ejerzan su defensa.
Luego de todo el proceso investigativo pueden aplicarse días de suspensión, multa, cesantía o exoneración si se tratara de personal designado sin tratamiento de la Legislatura.
Uno de los dos protagonistas en el escándalo judicial desmintió la escena denunciada en Tribunales de Córdoba. “No es así, son todas maldades que circulan en Tribunales”, afirmó en diálogo con El Doce.
A su vez, remarcó que el caso puede tratarse de una “operación interna” que afecta al Poder Judicial, específicamente a la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Según informó el medio, el acusado admitió que toda la situación le provocó “un gran daño personal y profesional”.
Cómo se investiga el caso: dos organismos lo analizan
Dos cuestiones se tratarán en la situación denunciada en Tribunales: la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad ética. La primera será analizada por la oficina de Sumarios Administrativos, que ya pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad de Tribunales.
Luego de la presentación de pruebas de ambas partes se realizarán los alegatos y se enviarán a la Fiscalía General, que emite su dictamen y realiza un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el que se resuelve la situación de los involucrados.
Para funcionarios o magistrados nombrados a través del Poder Legislativo, la instancia máxima es la del jury de enjuiciamiento, que define entre la absolución o la destitución.
En cuanto a la responsabilidad ética, será evaluada por el Tribunal de Ética de Córdoba, pero la competencia es acotada. No obstante, se dispusieron medidas para reunir la información necesaria y el organismo está sujeto a los avances que surjan en Sumarios Administrativos.
Armando Andruet, presidente del Tribunal de Ética, explicó a El Doce que no importa lo escenográfico del evento, sino que de haber ocurrido “hay una apreciación que afecta el decoro y las buenas prácticas”.
“De haber sido fuera del ámbito judicial, pero público y llevado a cabo por funcionarios judiciales, lo mismo cabría la intervención de un tribunal de ética”, aclaró Andruet.
