«La Constitución exige que el régimen de excepción sea aprobado por dos tercios de los diputados y tres cuartos (de los diputados) para aprobarlo en toda su extensión. Y fue aprobado por más, por 67 de los 84 (80 por ciento de los diputados). La definición de democracia», reaccionó Bukele en su perfil de Twitter.
A medianoche de este lunes, 26 de abril, vencía en El Salvador el primer estado de excepción aprobado el 27 de marzo, por lo que el presidente de la Asamblea Legislativa convocó una sesión plenaria urgente.
«Para asegurar la paz y la tranquilidad en el país, aprobamos un decreto que permitirá al Gobierno proporcionar las herramientas necesarias para continuar el combate contra estos grupos delincuenciales, que tanto luto han causado a miles de familias», ha dicho la Asamblea Legislativa en redes sociales.
En los primeros 30 días de estado de excepción, fueron detenidos a más de 16.000 pandilleros y colaboradores en todo El Salvador, según cifras del la Policía Nacional Civil.
El régimen de excepción supone la suspensión de algunas garantías constitucionales y se puede aplicar «en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público». La oposición criticó que no se puede recurrir a esta medida por un problema de delincuencia común.
El artículo 30 la Constitución establece que el plazo de suspensión de las garantías constitucionales «no excederá de 30 días». Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual periodo y mediante nuevo decreto «si continúan las circunstancias que la motivaron».
Según cifras oficiales, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros activos en el territorio salvadoreño y hasta la madrugada de este sábado, tras 29 días de operativos antipandillas, la Policía Nacional Civil dio cuenta de 16.053 detenidos durante el régimen de excepción. Hasta 590 de estas detenciones ocurrieron el sábado.
Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele respondió que estas organizaciones «defienden a los pandilleros». Mientras, Naciones Unidas mostró asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.
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