Abogados constitucionalistas se manifestaron este miércoles a favor de la ampliación del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia y de la federalización por regiones en la designación, durante un plenario de comisiones del Senado en el que se debate una reforma en la composición del máximo tribunal.
La mayoría de los expositores, invitados por el oficialismo, apoyó las propuestas para la designación de jueces por regiones y de una especialización por salas de los magistrados que integren al máximo tribunal para agilizar la definición de causas.
El primero de los expositores, Gustavo Ferreyra, abogado constitucionalista de la Universidad de Buenos Aires (UBA), consideró que la Corte debería estar integrada por un número de por lo menos dos dígitos, quizás de 15 jueces, y cuestionó que actualmente tres magistrados constituyan una mayoría.
«Es una tesis abierta y necesaria la ampliación ya que es insostenible en este siglo una corte de cinco miembros, máxime que no hay ninguna mujer», sostuvo, y se pronunció a favor de «quebrar de una vez por todas este escaso abanico» en la conformación del máximo tribunal.
Marisa Herrera, constitucionalista de la UBA y miembro del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público creado por el presidente Alberto Fernández para le reforma judicial, dijo que «no hay que tenerle miedo a poder debatir la ampliación de la Corte».
La mayoría de los expositores, invitados por el oficialismo, apoyó las propuestas para la designación de jueces por regiones y de una especialización por salas.
La experta expresó además la necesidad de que la Corte tenga «tiempos» para definir causas, mencionó la sobreabundancia de casos que debe resolver y se manifestó a favor de la designación de jueces que representen a las diferentes regiones del país.
Carlos Rozanski, exjuez de Cámara Federal, calificó como «un avance» la discusión sobre la ampliación del tribunal y se mostró de acuerdo con la división por salas y la federalización por regiones.
El exjuez sostuvo en ese sentido que «no se pueden seguir generando tribunales con una mirada de Ciudad» por considerar que se está «desamparando a millones de personas que tienen una mirada absolutamente distinta» y pidió debatir no sólo la cantidad sino también sobre la calidad y la ética de los jueces.
El titular de Abogados por la Justicia Social (AJUS), Emanuel Desojo, declaró que la actual Corte «no funciona y es percibida así por la sociedad» ya que «tiene una carencia de legitimidad» y sostuvo que el cuerpo asumió una cantidad de funciones que no corresponden.
Desojo comparó al tribunal «con la Corte menemista», cuestionó a los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por haber aceptado asumir durante el gobierno de Cambiemos mediante un decreto presidencial y apoyó la división por salas y la especialización por salas.
El abogado y exjuez en lo contencioso administrativo, Luis Arias, consideró que «hay que ampliar y discutir el perfil de los y las postulantes» y sostuvo que se debe «superar la cuestión de la idoneidad técnica que es necesaria pero no suficiente» y observar el perfil político de cada aspirante.
El presidente de la Fundación de Estudios para la Justicia (Fundejus), Joaquín Da Rocha, abogó por el nombramiento de jueces por concursos y adhirió a la posibilidad de una conformación de nueve miembros o más para una mayor representatividad pero dijo no estar convencido de nombramientos por regiones.
El constitucionalista Eduardo Barcesat consideró que «es muy importante para la institucionalidad argentina» discutir sobre «el déficit de la Corte» y opinó que «es de una gravedad institucional extrema la pérdida de credibilidad y fallos impensados» que emite el máximo tribunal.
Desde el interbloque de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) adelantaron que no apoyarán una reforma en este momento.
«Los jueces hacen política pero hay que buscar que esa política no afecte la idoneidad y la imparcialidad», manifestó, y subrayó que «si un juez no sabe que hace política es como un cangrejo que no sepa que es un crustáceo».
Barcesat cuestionó que esta Corte no haya emitido «ningún pronunciamiento que pudiera desarticular el lawfare» teniendo casos paradigmáticos en su poder y dijo que «ha quebrado las reglas institucionales» y «ha trascendido los límites de su incumbencia».
Para el constitucionalista, el Congreso debe «poner en caja a la Corte Suprema actual señalándole que las potestades legislativas son de este Congreso».
El Senado reanudó este miércoles el debate en comisión sobre la reforma en la composición de la Corte, con la apertura de una ronda de expositores que continuará el próximo miércoles a las 12.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, adelantó que además se analizarán pedidos sobre invitar a los miembros de la Corte a exponer al Senado.
El titular de la comisión de Justicia, Oscar Parrilli, pidió que en ese plenario se trate también un proyecto de su autoría para modificar la ley de consulta popular y consideró que la reforma de la Corte que propone el oficialismo tiene que ver «con lograr más democracia».
Desde el interbloque de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) adelantaron que no apoyarán una reforma en este momento por considerar que «es inoportuna» y que forma parte de la controversia entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial iniciada en torno al Consejo de la Magistratura.
Los senadores discuten cuatro iniciativas para reformular al máximo tribunal: las del puntano Adolfo Rodríguez Saá y la neuquina Silvia Sapag, ambos del FdT, y las de dos aliados, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega.
Fuente: telam
