En tanto, la Oficina del Representante Especial de Estados Unidos para la Reconstrucción en Afganistán (SIGAR), informó que, desde la llegada de los talibanes al poder, seis millones de afganos más acabaron en situación de emergencia humanitaria, hasta un total de 24,4 millones de personas, frente a los 18,4 millones existentes en 2021.
También constató un incremento en el número de desplazados internos dentro de Afganistán, desde los 670.000 de principios de agosto del año pasado (solo unos días antes de la caída de la capital, Kabul), hasta los 710.000 a finales del año pasado.
Los talibanes en el poder argumentan que la falta de reconocimiento internacional mermó su capacidad para estabilizar el país, y han pedido reiteradamente el levantamiento de las sanciones internacionales abanderadas por Estados Unidos, que dio por ejemplo la orden de congelar millones de dólares del Banco Central del país en forma de activos en el extranjero.
Asimismo, desmintieron que el Estado Islámico -a través de su filial afgana, Estado Islámico Provincia de Jorasán- esté operando de manera organizada en Afganistán.
La presencia de Estado Islámico es muy pequeña», dijo el vocero principal de los talibanes, el viceministro de Información, Zabihulá Muyahid.
Un atentado, reivindicado por el grupo yihadista, ocurrido la semana pasada en una mezquita de Kabul dejó al menos una treintena de fallecidos y decenas de heridos más, según informaciones en manos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El ataque contra la mezquita de Jalifa Sahib siguió a otro perpetrado contra mezquita del Maulana Sekander en la provincia de Kunduz del pasado 22 de abril, que dejó 25 muertos y ataques dos minibuses en Mazar e Sharif que dejaron nueve fallecidos.
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