«Las víctimas de estos hechos provinieron de los sectores poblacionales más vulnerables y fueron seleccionadas por habitar ciertos territorios considerados como auxiliadores de la guerrilla, por considerarlas prescindibles para la sociedad o por asumir su condición de integrantes de grupos armados», ha explicado.
Asimismo, Valencia ha recalcado que ‘el modus operandi’ de estas ejecuciones extrajudiciales supuso «la implementación de una cadena de acciones fraudulentas» en la que llegaron a participar, «de forma consciente», actores de las fuerzas de seguridad.
«Dentro de estas acciones fraudulentas se puede evidenciar una alta malversación de fondos del Estado, los cuales se destinaron para financiar esta práctica criminal. Un uso inadecuado de dinero proveniente de los gastos reservados», ha indicado.
Según los datos proporcionados por la Comisión, existen más de 6.400 víctimas entre los años 2002 y 2008 en Bogotá y Soacha, una cifra que aseguran que podría ser mayor, ya que es preliminar y «puede tener variaciones en el futuro».
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