Desde 2016 a 2021, el país registró 26.000 muertes por sobredosis. De ellas, 9.400 han ocurrido en Columbia Británica, la provincia más golpeada por esta crisis.
A partir de la entrada en vigor de la exención, los ciudadanos no podrán ser detenidos o investigados por la posesión de esas drogas en una cantidad inferior a 2,5 gramos, ni se les confiscarán las sustancias. La medida no aplicará en aeropuertos, centros educativos o para los miembros del ejército de Canadá.
«El número estremecedor de vidas perdidas por la crisis de los opiáceos requiere decisiones agresivas y cambios regulatorios importantes», defendió la funcionaria. «Eliminar penas criminales para aquellos que tienen cantidades pequeñas de drogas ilícitas para consumo propio reducirá el estigma y el daño y proporcionará otra herramienta para que Columbia Británica acabe con su crisis de sobredosis», consideró.
La medida no implica la legalización de esas sustancias, sino que quienes lleven pequeñas cantidades no sean perseguidos. A su vez, las autoridades les ofrecerán información y recursos para tratar su adicción.
«El consumo de droga es un problema de salud pública, no un problema criminal«, defendió Sheila Malcolmson, ministra de Salud Mental y Adicciones de Columbia Británica, que añadió que esta medida combatirá el estigma que impide a aquellos con problemas a buscar ayuda.
Por su parte, Kennedy Stewart, el alcalde de Vancouver dijo que la decisión «replantea en forma fundamental la política de drogas para favorecer la asistencia sanitaria en lugar de las esposas».
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