El puerto de Rosario, en Santa Fe, quedó envuelto en un conflicto que involucra a los trabajadores nucleados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y a la empresa concesionaria de la Terminal Puerto Rosario, tras más de 30 días de paralización total de la actividad. Este miércoles se llevó adelante una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo para destrabar las negociaciones, pero finalmente se pasó a cuarto intermedio hasta mañana.
El conflicto se originó en el pedido del SUPA de reabrir paritarias y pedir un incremento salarial acorde con una inflación cercana al 100%. A partir de allí, la concesionaria habría decidido despedir a 25 operarios y el gremio reclamó su reincorporación a través de una medida de fuerza. Tras varias idas y vueltas, la mayoría fue reincorporada, con excepción de cinco trabajadores. Esta situación lo cual desembocó en medidas de fuerza gremial, por lo que la actividad en el puerto quedó frenada.
El 28 de diciembre, cuando ya estaba desatado el conflicto, el Ministerio de Trabajo a cargo de Kelly Olmos dispuso la conciliación obligatoria, por lo que la actividad se debía haber retomado mientras se negociaba una solución, pero finalmente esa medida no se acató.
Mientras tanto, la Unión Industrial Argentina (UIA) se comunicó con el Ministerio de Trabajo, ya que, según comunicó, “afecta el desarrollo de la actividad productiva” y estimó que está inmovilizada la carga de más de 1000 contenedores.
“El conflicto gremial que se desarrolla en el puerto de Rosario ha paralizado la carga y descarga de contenedores que se encuentran varados a la intemperie, afectando a las industrias que necesitan de los insumos de uso difundido, productos perecederos e incluso críticos allí contenidos, especialmente de los sectores alimenticio y farmacéutico”, indicaron en la entidad.
En tanto, advirtieron que esa parálisis -teniendo en cuenta que la terminal es una de las vías principales del circuito logístico hacia el exterior- “perturba seriamente la operatoria de comercio exterior, generando el doble perjuicio de impedir el abastecimiento local y el ingreso de divisas al país”.
«Empresas argentinas -particularmente cerealeras, alimenticias, automotrices y exportadoras de electrodomésticos- tienen compromisos de ventas y plazos acordados con clientes del exterior a los que no pueden responder, generando paradas de producción, riesgos de pérdidas de mercados de exportación e incluso sanciones por el incumplimiento de los compromisos asumidos”, manifestó la UIA.
Fuente: tn
