Alberto Fernández le entregó este miércoles al titular del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de esa cámara, Carolina Gaillard, el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema.
Según informó Casa Rosada, Fernández convocó a ambos legisladores para entregarles el texto con los fundamentos para impulsar el juicio político contra los cortesanos y «les solicitó a los diputados que inicien su pronto tratamiento legislativo».
Cómo será el proceso en el Congreso
Luego de que diez gobernadores firmaran el documento impulsado por el presidente Alberto Fernández para iniciar juicio político contra la cúpula de la Corte Suprema, se activó la cuenta regresiva en la Cámara de Diputados, donde una comisión ad hoc comenzaría a trabajar durante el período de sesiones extraordinarias en el marco de un largo proceso que probablemente culmine sin el resultado deseado por el oficialismo.
Sucede que el Frente de Todos carece de las mayorías calificadas necesarias en ambas cámaras para desplazar a los magistrados.
De todos modos, el espacio cuenta con la ventaja inicial de que en la comisión de juicio político presidida por la diputada albertista Gaillard hay 16 integrantes del oficialismo sobre un total de 31, lo que le garantiza la mayoría simple para sentar en el banquillo a los cuatro magistrados, cuyo accionar quedó en el ojo de la tormenta en los últimos días por comprometedores chats que se filtraron, los cuales tienen como protagonista a Silvio Robles, el vocero y director general de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
Con ese número, el Frente de Todos podrá abrir un sumario e iniciar la acusación formal por mal desempeño en sus funciones (según el artículo 53 de la Constitución) contra Rosatti y los otros tres cortesanos: el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti.
A esa primera etapa preliminar le sigue una «etapa informativa sustanciando el sumario con medidas de pruebas, informes, citación a testigos, careos, derecho de defensa de los acusados», detalló el diputado oficialista Marcelo Casaretto sobre esta fase vinculada a la investigación de los hechos.
En esta etapa, la estrategia del oficialismo será dejar al desnudo cada uno de los accionares irregulares que le imputan a los jueces del alto tribunal, como por ejemplo la presunta complicidad con el Gobierno porteño expuesta en el llamado «fallo Robles» que favorece «arbitrariamente» a la Ciudad en el conflicto por la coparticipación de recursos federales, o también en la injerencia de la Corte en la conformación del Consejo de la Magistratura, arbitrando otra vez a favor de la alianza Juntos por el Cambio en detrimento del Frente de Todos.
El oficialismo espera sustanciar con elementos de prueba su postura y de esa manera lograr que no solamente sean los 116 diputados propios quienes acompañen el dictamen.
Duro desafío
De todos modos, para aprobar la formación de la causa necesitaría de una utópica mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes en el recinto durante la votación.
Si tal como se prevé la iniciativa quedara rechazada en el pleno de la Cámara, podrá ser retomada ya que no perderá estado parlamentario por tres períodos, es decir, hasta el 30 de noviembre del 2025.
Pero si milagrosamente Diputados aprobara el dictamen, el siguiente paso se daría en el Senado, donde uno o dos integrantes de la Cámara baja deberían presentar la acusación.
En el Senado también se requiere de una mayoría de dos tercios, en este caso para declarar culpables a los jueces de la Corte y de esa manera desafectarlos del máximo tribunal, inhabilitándolos de por vida a ejercer cargos públicos.
Entre «los hechos de mal desempeño» por los que se los acusa, Casaretto mencionó «las declaraciones que buscan condicionar el ejercicio de sus potestades por parte de los otros poderes políticos del Gobierno Federal; los atropellos en el Consejo de la Magistratura; y la vinculación de Rosatti con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Añadió a su vez «el asalto al Consejo de la Magistratura; la Acordada N° 34/2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la causa sobre la coparticipación; y respecto de Horacio Rosatti, los vínculos de su principal colaborador con funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el fallo sobre la coparticipación».
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