Alberto Fernández intenta darle volumen político al pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema. Y su agenda inmediata marca una extensión hasta el lunes de su estadía en Chapadmalal, donde suma reuniones para evaluar los obstáculos que presenta la iniciativa.
Si bien el jefe de Estado se recluyó en la Residencia Presidencial de la localidad costera para compartir unos días de descanso con su familia, por lo que no tiene estipuladas apariciones públicas en los próximos días, desde su entorno reconocieron que podría mantener reuniones privadas con el foco puesto en la avanzada sobre el máximo tribunal de Justicia.
El pedido de Alberto Fernández ya está en manos de la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Carolina Gaillard, y solo falta que el Presidente llame a sesiones extraordinarias para el verano. La convocatoria se concretaría la semana próxima.
Hasta entonces, Alberto Fernández quiere ir sumando apoyo. Ya cuenta con una decena de vicegobernadores de las provincias que lo acompañaron en el pedido de juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tras el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.
Sin embargo, hay ocho gobernadores que suelen ser aliados del Gobierno pero que no adhirieron a la iniciativa y resisten a las presiones. En las últimas horas se intensificaron los contactos, aunque los mandatarios provinciales mantienen su negativa.
Mientras tanto, no faltan funcionarios del Ejecutivo nacional que admiten por lo bajo sus dudas de que el proyecto pueda avanzar en el Congreso. Los números están muy ajustados, no sólo para obtener dictamen y avanzar con el debate, sino también para el tratamiento del proyecto en comisión. A esto obedecería la decisión presidencial de dilatar hasta el 15 de enero el llamado a sesiones extraordinarias.
Sondeos y llamados para sumar apoyo
El Gobierno no logra torcer la voluntad de los ocho gobernadores que no adhirieron, pese a ser aliados o del mismo signo político oficial. En el ala dura kirchnerista apuntan a la pérdida de poder del Presidente, que se refleja en falta de apoyo. Hablan de su permanente “amague y recule”, según las palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Sucede que de los 19 mandatarios provinciales que acompañaron en 2020 el recorte de recursos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, apenas 11 se sumaron al pedido de juicio político a la Corte. Por eso, la mayoría de los que sí firmaron el pedido que se elevó al Congreso, sumó a sus vicegobernadores y salieron a buscar las adhesiones de los intendentes de sus provincias.
La avanzada sobre la Corte fue tema central del almuerzo que mantuvieron el jueves Alberto Fernández y Axel Kicillof, y los sondeos y llamados están a la orden del día.
La advertencia del Gobierno es clara: si el Presidente cumple con la orden de la Corte Suprema de Justicia de devolver parte de los recursos coparticipables recortados en 2020, el dinero saldrá de las obras públicas provinciales y municipales. Todas las alertas se encienden en un año electoral.
Fuente: infobae
