Un nuevo caso de extorsión ordenado desde la cárcel de Coronda y cometido contra comerciantes de Rosario, episodio que se conoció esta semana y que tuvo ribetes insólitos, volvió a poner en el foco en la facilidad con la que se planifican y ordenan delitos desde lugares de detención.
Se trata, de acuerdo al análisis que realizan desde la Justicia local, de una de las mayores falencias que exhibe el sistema para contener el flagelo de la inseguridad que castiga al Gran Rosario desde hace más de una década.
“Hace tres años que venimos demostrando que la cárcel es el origen del noventa y cinco por ciento de las balaceras y las extorsiones de la ciudad”, planteó esta semana el fiscal Pablo Socca, miembro de una Unidad creada especialmente en 2020 para trabajar sobre balaceras, amenazas y extorsiones.
“¡Basta de joda, viejo! Llaman desde las cárceles. Después se difunde el hecho y una balacera hace creíble el hecho. Dejémonos de joder. Estamos todos presos de una industria de la extorsión que se hace desde las cárceles”, se quejó, tras conocerse el nuevo caso, el intendente Pablo Javkin.
La planificación y las órdenes que detenidos y condenados imparten desde sus lugares de detención para que se cometan delitos es una modalidad extendida que se revela en múltiples investigaciones judiciales. “La actividad de inteligencia criminal penitenciaria es nula”, planteó Javkin a Clarín.
“Hablan de este problema como si Rosario estuviera fuera del país. El problema lo tiene Argentina, no una ciudad. Ojo con creerse que es sólo Rosario. Esto se está expandiendo”, advirtió apuntando a los controles en los servicios penitenciarios de Santa Fe, pero también los que están bajo la órbita federal.
Esta semana fueron detenidas tres personas por extorsiones contra comerciantes de la zona sur de la ciudad. Tras múltiples denuncias un fiscal determinó que la orden partía desde un mismo celular que, se comprobó luego, estaba en la cárcel de Coronda.
El extorsionador –detenido por un robo calificado– reclamaba dinero en nombre de “los Cantero”, una clara alusión al clan familiar que manejar la banda “Los Monos”.
Para no atacar los negocios reclamaba el pago de 250 mil pesos –lo que garantizaba una cobertura por todo el año– o cuotas semanales de 50 mil. “Plata o plomo”, cerraban los mensajes con exigencias que llegaban a través de WhatsApp.
“Eso es para no agarrarte a tiros todas las semanas, para no mandar a los pibes y agarrarte a alguien de ahí de tus trabajadores y darle un tiro, que no te lo prendamos fuego y muchas cosas más. Es una sola cuota, o si no pagás tenés problemas con la mafia. Atte. La Mafia”, decía el texto que recibieron algunos comerciantes.
Una mujer, relacionada con el preso de Coronda que planificaba las extorsiones, estaba involucrada con la maniobra y fue detenida e imputada.
Además de dejar notas intimidatorias en alguno de los negocios contactados –quedó registrada en múltiples grabaciones captadas por las cámaras de seguridad–, prestaba su Clave Bancaria Uniforme (CBU) para que se realice el depósito del dinero exigido.
El caso presentó otra curiosidad: uno de los detenidos, se comprobó luego, era víctima de los extorsionadores. No sólo pagó con dinero y una bicicleta. Los delincuentes lo obligaron, bajo amenaza de muerte, a que fuera a recoger dinero de uno de los comerciantes amenazados. Se trataba de una entrega controlada por la policía.
Al comprobarse que no era parte del grupo, si no uno de los perjudicados por los aprietes, se dispuso su libertad.
“Desarman una banda con varios comercios de Rosario amenazados. ¿Cuál era el origen? Un tipo detenido en Coronda que llamaba por teléfono y mandaba a la novia a cobrar. ¡Daban un CBU! ¿Alguien vio una impunidad más grande que dar un CBU?”, inquirió Javkin.
El intendente de Rosario reclamó controles para que “no haya actividades delictivas adentro de la cárcel”. También, algún agravamiento en las penas cuando se cometen ese tipo de delitos.
“Hoy no hay sanción. La persona que está detenida y comete este hecho no tiene un agravamiento en sus condiciones de detención. Y mientras tanto, los malos están presos y joden igual que si estuvieran libres”, se quejó.
Durante la audiencia imputativa del viernes, el juez Nicolás Foppiani ordenó al director de la cárcel de Coronda que disponga medidas para que los reclusos –no sólo el imputado por este nuevo caso– estén impedidos de comunicarse a través de celulares o por otros medios “prohibidos por la reglamentación carcelaria”.
El caso más emblemático de un detenido que sigue ordenando delitos desde la cárcel es el de Ariel “Guille” Cantero, líder de “Los Monos”. Detenido en 2013, fue condenado a 24 años de cárcel por delitos perpetrados cuando permanecía en libertad: tenencia de arma, homicidio y comandar una asociación ilícita.
Ya en prisión, siguió ejerciendo su liderazgo e involucrado en múltiples ilícitos. Se lo encontró responsable de organizar un secuestro y de disponer balaceras contra el poder judicial; amenazar a un juez y por el tráfico y comercio de drogas.
Por todo lo que organizó ya detenido recibió penas a 72 años y ocho meses de cárcel. En total, suma condenas a 96 años y ocho meses. Sin embargo, la ley no permite que permanezca detenido más de 50 años.
Actualmente espera condena por una balacera que terminó con la muerte de un apostador en el casino de Rosario. Por ese ataque, también ordenado desde prisión, los fiscales pidieron una pena de 33 años.
Nuevo cambio en la cúpula policial y más personal para patrullar las calles
El delito organizado en las cárceles se derrama con violencia en las calles de la ciudad. El año pasado terminó con récord de muertes violentas en el Gran Rosario: se registraron 287 crímenes. Este 2021, al cierre de esta nota, ya eran 18 los homicidios en los 21 días de enero.
El refuerzo prometido de fuerzas federales no logró contener los ataques. Actualmente en Rosario trabajan 950 gendarmes. Aunque en septiembre de 2021 el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, prometió la llegada de 1.575 agentes de esa fuerza. Ese refuerzo, que nunca terminó por completarse, debía estar dispuesto en su totalidad hacia marzo de 2022.
El mes pasado, en su última visita a Rosario, Fernández confirmó que en toda Santa Fe hay 3.449 efectivos federales, una lista que incluye a Gendarmería, Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía Federal.
El intendente Javkin reconoció a Clarín que los efectivos que se dispusieron para trabajar en Rosario exhiben avances, en un trabajo conjunto con las fiscalías federales, en tareas de investigación y seguimiento.
Pero, por contrapartida, muestran por el momento “una muy baja efectividad para calmar las zonas calientes” de la ciudad y para “darle seguridad a los vecinos para que puedan transitar por las calles”.
Javkin expone que, de todo el mapa de la ciudad, los sectores que sufren problemas de inseguridad representan un porcentaje menor del total del territorio, lo que debería facilitar el control.
“Rosario tiene su problema de violencia circunscripto a un 12 ó 13 por ciento de su territorio –planteó a este diario–. Por eso tiene parques llenos hasta tarde, gente celebrando cumpleaños. Entonces, debería ser más sencillo controlar el tema”.
El miércoles, el gobernador Omar Perotti dispuso nuevos cambios en la cúpula policial. El subjefe de la Unidad Regional II, Adrián Galigani, ocupó el cargo de Margarita Romero.
Galigani es el décimo jefe de policía en el Gran Rosario desde que asumió Perotti, en diciembre de 2019. Javkin, que viene reclamando tener injerencia para elegir al jefe policial en su jurisdicción, valoró la llegada de Galigani porque se trata de un comisario que, dijo, vive en la ciudad y la conoce.
Uno de los primeros anuncios del nuevo jefe policial fue la promesa de incorporar 700 nuevos efectivos al patrullaje de la ciudad. La idea es saturar las barrios calientes. Se sumarán a los 4.700 que actualmente trabajan en la UR II.
Aunque celebró el refuerzo dispuesto, Javkin advirtió que los controles dentro de la ciudad deben estar acompañados por otras medidas: “La droga y las armas no se fabrican en Rosario. Las fuerzas federales custodian en todo el recorrido que hacen con esos elementos hasta llegar a la ciudad. Miles de kilómetros transitan con total libertad. Hay que trabajar en áreas fronterizas, en la hidrovía”.
Rosario. Corresponsal.
Fuente: Clarín
