En los últimos diez años, las importaciones de equipos para la minería del oro hechas por las empresas chinas en Bolivia crecieron de 6 a 900 toneladas anuales, y también han convertido a este país en el mayor importador de mercurio del planeta.
Ambientalistas de La Paz iniciaron juicios por daños a la salud de los pueblos indígenas a cooperativas que prestan sus nombres a empresas chinas, lo que éstas aprovechan para pagar las menores tasas tributarias de la minería en Bolivia: solo 4,8%, mientras las empresas dedicadas a otros metales pagan desde 7% hasta 11%.
Delegaciones de pueblos amazónicos piden desde el año pasado al gobierno de Luis Arce frenar o por lo menos reglamentar las prácticas de las empresas chinas, que no solamente dañan el medio ambiente, sino que están envenenando los ríos con el mercurio que usan, como se advierte en la salud de los indígenas.
Una investigación hecha sobre 302 personas de 36 comunidades de los pueblos indígenas Tacanas, Lecos y Mosetenes, entre otros, de la región amazónica de La Paz, en el parque Nacional Madidi, comprobó que en sus cabellos tienen 3,93 partes por millón de mercurio, cuando el límite tolerable es de 1,0, dijo Rodrigo Herrera, abogado ambientalista.
Este experto dice que todas las comunidades indígenas del norte de La Paz tienen índices sobrepasados de mercurio, algo que no debería ocurrir en ningún ser humano. Esa es la base de las acciones legales que se presentan ahora.
El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) calcula que este país importa unas 140 toneladas de mercurio por año y que reexporta, por vías ilegales a los vecinos Perú y Brasil, unas 60 toneladas. El gobierno aprobó una reglamentación para el uso del mercurio el 16 de junio, pero las “cooperativas” dicen que se trata de una medida que afecta a la libre empresa.
La razón profunda de todo esto es que China necesita aumentar las reservas de oro en su banco central, lo que obliga a que patrullas de chinos lleguen no solo a Bolivia, sino a otros países de la región, a extraer el metal y enviarlo a su país por cualquier vía, según se reveló en un encuentro realizado por las Naciones Unidas en Brasilia con el auspicio de Chatam House.
“Comenzamos a ver evidencia de que actores chinos, sean compañías u organizaciones criminales, mueven recursos de actividades extractivas, como el oro, en operaciones legales como ilegales”, dijo en ese encuentro David Soud, jefe de Investigación y Análisis de I.R. Consilium, una organización que trabaja en temas de protección ambiental y corrupción.
Soud, en entrevista con el diario Los Tiempos de Cochabamba señaló que se trata de un patrón que se ha visto no sólo en Bolivia, sino también en otras naciones en los últimos años.
En el caso boliviano, las organizaciones chinas operan principalmente en el norte de La Paz, camufladas en cooperativas mineras, a cambio de participar en las ganancias. Las denuncias no han sido escuchadas por las autoridades del gobierno, como ocurre en los países vecinos.
El investigador en crímenes mineros de la Fundación para la Investigación Estratégica, Simon Menet, reveló asimismo que también en Surinam se ha constatado la presencia de actores chinos involucrados directamente en la extracción del oro.
Estos expertos creen que esta experiencia se repite no sólo en Latinoamérica, sino también en África y el sudeste asiático.
Personas que prefirieron no dar su nombre para el artículo de Los Tiempos señalaron que el oro extraído de Latinoamérica es transportado por vía marítima por ser más barato y menos riesgoso, pues se evade con mayor facilidad los controles aéreos.
En los últimos años, China ha elevado sus reservas internacionales de oro para hacer frente a posibles sanciones financieras por conflictos internacionales. Hasta abril de este año, se estimaban en 2.068 toneladas (Bolivia tiene sólo 43 toneladas en el Banco Central).
Los aliados que tienen los chinos en Bolivia, con nombres de cooperativas, dan dura batalla para cuidar los intereses de sus mandantes. La semana pasada dirigentes de las cooperativas dijeron que no estaban de acuerdo con una ley propuesta por el gobierno para controlar el uso del mercurio en la minería del oro. Adujeron que se trataba de una ley que iba a restringir la libertad de empresa, con lo cual esperan frenar a los ambientalistas que representan a los pueblos envenenados.
Dada la estrecha amistad del gobierno de Arce con los chinos es probable que los ambientalistas pierdan esta partida y las empresas del capitalismo salvaje “made in china” impongan sus condiciones.
Fuente: infobae
