A 18 días de las elecciones nacionales, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, presentará en las próximas horas una medida cautelar ante la justicia federal para que se ordene al Gobierno “la inmediata suspensión de todos aquellos actos que comprometan los recursos del Estado Nacional más allá del término del mandato del actual Presidente”.
La denuncia fue impulsada a través de su abogado, Diego Spagnuolo, quien la semana pasada había realizado una presentación similar en la mesa de entradas de Casa Rosada dirigida hacia el presidente Alberto Fernández.
La medida cautelar se funda en la “inusitada gravedad institucional que revisten los actos y conductas materiales impetradas por el (aún) Gobierno Nacional” vinculadas a designaciones de empleados públicos y llamados a licitaciones, entre otras medidas. Según el libertario, tiene derecho a presentar la demanda por tratarse del “candidato individualmente más votado y ganador de las elecciones PASO”, cuando obtuvo el 13 de agosto el 29,86% de los votos válidos.
“Los resultados de esas elecciones, sin lugar a duda, dan cuenta de las altas probabilidades de resultar electo Presidente de la Nación y, por ende, ostentar la titularidad del Poder Ejecutivo nacional a partir del 10 de diciembre próximo”, señaló el economista. “La medida cautelar tiene por objeto evitar graves perjuicios al erario y a la administración que probablemente deba asumir luego de las próximas elecciones, mi legitimación para solicitarla es evidente”.
Según consta en el escrito, Milei busca frenar la implementación de la siguientes medidas que está llevando a cabo la gestión de Unión por la Patria:
– El pase de empleados públicos a planta permanente en las dependencias gubernamentales, entre ellos, 180 cargos del Conicet, 200 cargos vacantes de planta permanente del Ministerio de Seguridad; entre otras posiciones en organismos públicos.
– Frenar las contrataciones públicas que tienden a “incrementar el gasto público”, entre ellas, la decisión de prorrogar por sesenta (60) días el plazo inicial de las concesiones hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila “hasta el 11 de octubre de 2023, a escasos días de las elecciones nacionales, lo que no hace más que generar incertidumbre y preocupación en el sector eléctrico”.
– Un cese del Decreto 443/23 relacionado con el Programa de Incremento Exportador que impacta en la política nacional de comercio exterior.
– La designación de los cargos jerárquicos más altos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
– La revisión de los cuadros tarifarios de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica.
– La licitación de Enacom del espectro 5G por tratarse de una convocatoria “mal diseñada que afecta el futuro del desarrollo de las comunicaciones en Argentina” y en la que, subrepticiamente, se “pretende beneficiar a las empresas estatales en perjuicio del sector privado”.
– La adjudicación de contratos para la emisión y entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y pasaportes.
El 22 de septiembre, el candidato a presidente por La Libertad Avanza le había reclamado a través de una carta a Alberto Fernández que suspenda y revoque una serie de decisiones que tomó el Gobierno y que el libertario entendió como “acciones contra el sistema democrático” de carácter partidario. El diputado se reservó en ese momento de acudir a la Justicia para iniciar acciones civiles y penales si no se da marcha atrás con esas decisiones.
“Le corresponde a usted asumir su cargo y permitirle a la sociedad argentina tener elecciones limpias y justas, sin que los recursos públicos actuales y futuros continúen siendo utilizados para la campaña electoral de su Ministro de Economía”, señaló el escrito. Y añadió: “Si, como es de esperar, continuara con su silencio y su inacción, será cómplice de una conducta que afecta al sistema democrático y pasible de las responsabilidades que ese proceder conlleve”.
El texto dirigido al jefe de Estado se enfocó además en una denuncia a “la grave e ilegítima actuación en la que ha incurrido el Estado Nacional”. Para ello, en el texto se solicita “al Sr. Presidente de la República Argentina, en los términos de los artículos 14 de la Constitución Nacional y XXIV del de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), la inmediata revocación (o en su caso, el inicio de las correspondientes acciones de lesividad) de los siguientes actos administrativos por ser manifiestamente nulos de nulidad absoluta e insanable”.
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