En medio de la pelea con las provincias por las deudas que mantienen con la Nación en el marco de distintos fideicomisos, el presidente Javier Milei firmará en los próximos días un Decreto para dejar esos fondos en manos del Ministerio de Economía, por lo que Luis “Toto” Caputo seguirá sumando poder dentro del Gabinete, mientras se trata de retomar el diálogo con los gobernadores.
El oficialismo está convencido en terminar con esta herramienta que durante largos años usaron las diferentes gestiones y que se utilizan para financiar diferentes proyectos, con dinero por fuera del Presupuesto aprobado por el Congreso.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, en los últimos meses se realizó una auditoría y se descubrió que son “más de los 30 que se dijeron en un comienzo”, por lo que las autoridades nacionales empezaron a analizar cómo desarmarlos.
“Son todas cajas negras de la política. Eso hay que terminarlo. Eso pone muy nervioso a muchos. Hay muchos agentes de la política que viven de eso”, manifestó al respecto el propio jefe de Estado, durante una entrevista televisiva.
En un principio, el Gobierno estudió la posibilidad de eliminarlos directamente, pero aquí surgió la primera complicación, ya que solamente nueve de estos fideicomisos podían desaparecer a través de la firma de Milei, pero para el resto de ellos se necesita una ley.
Asimismo, en la Casa Rosada remarcaron que en muchos casos también es difícil terminar con estos financiamientos, que sirven, por ejemplo, para obras de infraestructura, ya que hay algunas iniciativas que están en pleno desarrollo y con contratos vigentes con distintas empresas.
Por estos motivos, la decisión del Poder Ejecutivo fue optar por una forma para, en lugar de eliminarlos, controlarlos y tener el manejo del circuito del dinero en cuestión. Esto lo lograrán con un único Decreto que se publicará en el Boletín Oficial.
La norma establecerá que, a partir de su entrada en vigencia, el Ministerio de Economía de la Nación será el fiduciario de todos los fondos existentes, por lo que tendrá el manejo de los mismos, siempre cumpliendo con los términos establecidos en el contrato original.
Según precisaron las fuentes oficiales, de esta manera se le quitará el poder de decisión sobre el dinero a los actuales fiduciarios, que en general son el vicegobernador o algún funcionario de la provincia beneficiada, para dárselo directamente a “Toto” Caputo.
Técnicamente, un fideicomiso es un instrumento legal que involucra a tres partes clave: el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. El primero de ellos transfiere ciertos activos o propiedades al segundo, quien los gestiona, de acuerdo con los términos establecidos en el contrato, para favorecer al último.
En la práctica, los gobernadores y la Nación utilizaron en varias oportunidades este mecanismo legal, que tiene menos controles, para poder avanzar con diferentes proyectos -como obra pública- que no estén contemplados en el presupuesto anual aprobado por el Congreso.
Algunos de los que ya existen son, por ejemplo, los programas de fomento de algunos sectores productivos o incluso el plan “Procrear”, destinado a la construcción de viviendas para los sectores humildes, entre muchos otros.
A diferencia de las partidas que se encuentran en la ley de Presupuesto, sancionada todos los años por la Cámara de Diputados y el Senado, estos fondos no pueden ser modificados ni destinados a ningún otro objetivo que no sea el que estableció el contrato.
Asimismo, el dinero en cuestión es gestionado por los funcionarios que son designados para esa tarea, pero que no se tienen que someter a los mismos mecanismos de control que demandan otras formas de financiamiento para garantizar su transparencia.
El Presidente quiere terminar con este mecanismo de financiamiento desde hace varios meses y, de hecho, la decisión de algunos sectores de la oposición de no acompañar el artículo que establecía su eliminación, fue lo que motivó la caída de la Ley Ómnibus que, a su vez, desató una batalla judicial con los gobernadores.
Luego de la frustrada sesión en la Cámara de Diputados, el Gobierno le retuvo a Chubut 13 mil millones de pesos en concepto de coparticipación, para saldar parte de una deuda que la provincia tenía con la Nación por dinero que recibieron, justamente, a través de uno de estos fideicomisos.
Esto desencadenó un cruce entre Milei y el mandatario chubutense, Ignacio “Nacho” Torres, que presentó un reclamo ante la Justicia la restitución de esa cifra en su totalidad y obtuvo un fallo favorable por parte de un juez de Rawson, aunque la discusión continúa.
Fuente: infobae
