Javier Milei le dedicó este viernes a Alberto Fernández un pequeño tramo de su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En particular, se refirió al escándalo con los seguros que volvió a poner esta semana en el tapete al ex presidente.
Con munición gruesa, el Presidente utilizó términos para referirse al tema como “organización criminal” y “sistema corrupto”, basándose en la auditoría que realizó en cada dependencia del Estado luego de asumir.
La culpa, para Milei, es de “un Estado que no solo no controla, sino que lo que controla, lo controla mal”, que está “diseñado no para cumplir sus funciones básicas, sino para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible para beneficio del burócrata de turno”.
“Es esa tal vez la mejor definición que podemos dar de la situación en la que hemos encontrado al Estado. Una organización criminal diseñada para que en cada permiso, en cada regulación , en cada trámite y en cada operación haya una coima para el político de turno”, remató.
La imputación a Alberto Fernández: un negocio de 20.000 millones de pesos anuales
Este jueves, Alberto Fernández quedó formalmente imputado en la causa que investiga el escándalo por la trama de contrataciones por parte del Estado nacional a Nación Seguros, en donde habrían actuado intermediarios y empresas privadas. La denuncia habla de delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El juez federal Julián Ercolini, que recibió por sorteo la denuncia, le giró el caso a la fiscalía 6. Por estas horas, el titular a cargo, Ramiro González, -en reemplazo de su colega Carlos Rívolo, por estos días de licencia- impulsó la investigación y solicitó una serie de medidas de prueba: pidió información a la Jefatura de Gabinete y la Secretaría Legal y Técnica, y también a Nación Seguros.
El fiscal detalló que los imputados son el ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y Héctor Martínez Sosa, “sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”. Hector Martínez Sosa es el marido de una de sus históricas secretarias privadas de Alberto Fernández María Cantero.
La denuncia fue presentada por la abogada Silvina Martínez, la misma que impulsó las presentaciones contra Cristina Kirchner contra los casos Hotesur-Los Sauces. En su denuncia no solo fue acusado el ex mandatario sino también Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros y/o quienes surjan comprometidos en la investigación. La presentación se basa en un artículo publicado por el diario Clarín en donde se detalla que dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios.
Puntualmente, el Decreto n° 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021, impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública “Nación Seguros SA”. Pero, según la investigación periodística, “Nación Seguros” subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17%, es decir tres veces mayor a la del mercado. Las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
Se agregó que en esa misma publicación Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) fueron señalados como los beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo del mencionado Decreto. También se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario. La denuncia subraya que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del ex Presidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado.
A la denuncia de Silvina Martínez se le sumó la que hicieron los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto Lago, en donde sostienen que esta operación se hizo sin licitación públicas que fomenten la competencia y transparencia de esas contrataciones.
La presentación cita el artículo de “Infobae” del periodista Federico Galligani, en donde se afirmó que “Nación Seguros” -una empresa pública controlada por el Banco Nación- estuvo a cargo de Alberto Pagliano, quien sería amigo de la infancia del ex Presidente de la Nación Alberto Fernández.
El fiscal repasa que, según los denunciantes, a partir de esa normativa se consolidó un monopolio en el sector de seguros estatales que habría facilitado la intervención de reasegurados privados y “brokers” en operaciones “poco transparentes”. En particular, señaló el caso de la ANSES antes mencionado. También hicieron referencia a la publicación del periodista Ricardo Roa de Clarín, agregando como beneficiario o intermediario a Juan Manganaro, quien surge como acreedor por una suma de dólares en la Declaración Jurada Patrimonial Integral del ex Presidente Alberto Fernández
En base a esto, el fiscal González impulsó la apertura de una causa penal con Alberto Fernández, Alberto Pagliano y Héctor Martínez Sosa como imputados, según el dictamen al que accedió Infobae.
La fiscalía reclamó como medidas de interés solicitar a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto n° 823/2021. También solicitaron copias de “todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.
El Ministerio Público pidió también a la Secretaría de Legal y Técnica y a la Superintendencia de Seguros de la Nación que aporten “datos relevantes” para “develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”. El fiscal González reclamó además a “Seguros Nación” “que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante. La fiscalía solicitó no obstante verificar si en Comodoro Py hay causas previas vinculadas a este escándalo.
Según se anunció, el Gobierno se sumará a la denuncia a través de la Oficina Anticorrupción para ser querellante.
Infobae
