En el Gobierno son muchos los que consideran que el buen clima que rodeó el saludo y posterior reunión del presidente Javier Milei con el Papa Francisco en el Vaticano no está siendo replicado en el vínculo de la Casa Rosada con la Iglesia en el país. Observan una serie de declaraciones críticas de los primeros pasos de las nuevas autoridades, especialmente en materia social -aunque no solo en ese aspecto- y la ausencia de una valoración del saneamiento de la política en la que está embarcado.
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El episodio de los comedores no terminó allí. Un posterior acuerdo con Cáritas para el suministro de fondos para los comedores -que también se concretó en las iglesias evangélicas- obligó a los pocos días a la institución caritativa de la Iglesia a afirmar que, si bien valoraba la ayuda, no se iba a prestar a ser parte de una maniobra que implícitamente le atribuía al Gobierno para reemplazar la obra que en ese aspecto brindan muchos movimientos sociales.
Esta semana hubo una declaración de los obispos del noreste reunidos en Santo Tomé, Corrientes, que en la cúpula eclesiástica nacional se la ciñó a la realidad de esa región. Allí denuncian “políticas prebendarias y clientelísticas” que constituyen una afrenta a la dignidad y el hecho de que “en algunas de nuestras provincias el caudillismo es fuerte”, además de una “violencia incontrolable”, producto en buena medida del narcotráfico y las adicciones.
Por lo demás, dicen las fuentes eclesiásticas nacionales, la declaración es “muy equilibrada” porque allí se critica tanto “los sistemas estatistas y populistas” como “la apertura indiscriminada anárquica a los mercados”. Aunque también se demandan “políticas de promoción más vigorosas, que ayuden a salir de la miseria y la indigencia a grandes masas de pobres”, que consideran comprensibles ante la alta inflación y el severo ajuste.
Sin embargo, el aspecto más delicado parece ser el vinculado a la fuerte reducción del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que dispuso el gobierno tras atribuirle un manejo discrecional y poco transparente. El FISU -uno de los 29 fondos fiduciarios bajo su lupa- es gestionado por movimientos sociales, particularmente de la organización de Juan Grabois. De hecho, al frente está una dirigente de su grupo, Fernanda Miño.
En la Iglesia creen que el FISU -que surgió tras un relevamiento de los barrios populares de todo el país, producto de una ley del Congreso que tuvo amplio consenso- venía prestando un valioso trabajo en la urbanización de las villas y que, si hay alguna irregularidad, debe ser corregida, pero no ser reducido a su mínima expresión. A su vez, los curas villeros calificaron la reducción como “un golpe muy duro para 5 millones de vecinos”.
Pero en el Gobierno consideran que la Iglesia debería subrayar explícitamente la necesidad de que se dote de mayor transparencia al programa y advertir claramente a los curas villeros de poner el máximo cuidado porque algunos de ellos podrían ser involuntariamente parte de maniobras dolosas, mientras aseguran que irán a fondo con las correspondientes auditorias y las denuncias penales que correspondan.
El escándalo -dicen en la Iglesia- estaría afectando la relación de Grabois con el Papa, particularmente irritable ante cuestiones que tienen que ver con la transparencia económica. El dirigente social se defiende citando al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, quien destacó la eficiencia y transparencia en la gestión de Miño y el hecho de que Grabois no era funcionario.
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Los roces y malentendidos tratarán de disiparse esta semana con ocasión de la reunión que mantendrán los integrantes de la cúpula del Episcopado, que encabeza el obispo Oscar Ojea, con el presidente. Se trata del postergado saludo navideño que no pudo concretarse en diciembre por la intensa agenda que el nuevo primer mandatario estaba cumpliendo, según se informó en su momento.
Ahora que las máximas autoridades eclesiásticas provenientes de distintas provincias volverán a encontrarse entre el martes y el jueves en Buenos Aires en su primera reunión del año tras la última de 2023, en diciembre, cuando pidieron la audiencia- surgió la posibilidad de concretar el encuentro que es ahora producto de una invitación del presidente, dicen en la Casa Rosada.
Se descuenta que los obispos le pedirán al presidente una mayor atención de los pobres y de la clase media y los jubilados, particularmente golpeados por el ajuste y una profundización del diálogo político que el gobierno encaró por ahora con los gobernadores luego del fracaso de la llamada Ley ómnibus en el Congreso y una menor actitud de confrontación.
Por su parte, Milei buscaría compensar las críticas con su conocida oposición al aborto, tal como lo hacía el entonces presidente Carlos Menem. Pero el valor de esa posición es hoy muy relativo porque durante el anterior gobierno fue legalizada la interrupción voluntaria del embarazo y la derogación de esa ley es hoy altamente improbable.
De todas maneras, ni antes ni ahora la oposición de un presidente al aborto frenó la crítica de los obispos por aspectos de la gestión gubernamental. Tampoco puede decirse que la Iglesia esté criticando a un gobierno que recién empieza como lo hacía en los últimos años de la administración de Menem.
En la Iglesia están convencidos de que el enojo de muchos miembros del Gobierno tiene que ver con un desconocimiento de la institución eclesiástica y de cómo llevar la relación. Porque en Roma está el Papa, pero en Argentina están los obispos. El encuentro con Milei debería ser el comienzo de su construcción.
Sergio Rubín/TN
