“No nos podemos permitir que el Estado nos oprima, ni que terceros nos opriman. Pudimos descubrir un plan sistemático de corrupción ideado por el Estado argentino, en connivencia con organizaciones sociales. El plan sistemático de opresión al pueblo argentino que hemos descubierto y que verán en las denuncias que les mostraremos, puede ser visto como un retroceso en la gesta de la libertad que, gracias al presidente Milei, ha sido desactivado y deberá ser castigado en forma ejemplar por la Justicia argentina”.
Las dos frases fueron pronunciadas en la sede de La Libertad Avanza en Vicente López por Leila Gianni, subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano y el Director General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de esa misma cartera, Ariel Romano. El concejal Luis Palomino invitó a los funcionarios a dialogar con los vecinos sobre “la red sistemática de corrupción” que la cartera de Sandra Pettovello descubrió en el gobierno de Alberto Fernández y que habría estado destinada a “oprimir a los más vulnerables”.
La ponencia, ilustrada con 20 filminas de PowerPoint, es una síntesis de “las 20 denuncias que ha presentado el Ministerio de Capital Humano en virtud de las auditorías internas que hemos llevado a cabo desde el inicio de la gestión”, explicaron en la introducción de la charla y finalizan con una cifra impactante: el monto estimado del perjuicio fiscal por los presuntos casos de corrupción denunciados está calculado, como mínimo, en más de 35 mil millones de pesos. Más precisamente: $35.305.500.609,08.
Coincidencia o no, las charlas-debate que revelan detalles de los expedientes que investigan presuntas conductas delictivas como “lavado de dinero”, “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público” y, entre otros, “defraudación contra la administración pública” son concomitantes con la búsqueda de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación y hermana del Presidente, de un despliegue de La Libertad Avanza como partido nacional, que les permita competir el próximo año electoral en todo el país.
El sábado, por ejemplo, estuvo en Morón acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y Sebastián Pareja, senador bonaerense y apoderado del partido en la provincia de Buenos Aires.
Según las encuestas que observan en la Casa Rosada, entre la población es bien visto que las denuncias por presuntos actos de corrupción en el gobierno kirchnerista no queden sólo en declaraciones mediáticas, sino que sean giradas a la Justicia y los magistrados se ocupen en determinar la veracidad de esos hechos. Esa fue la orden que impartió Sandra Pettovello en el inicio de su gestión y que Gianni y Romano motorizan.
“Los intereses económicos detrás de organismos u organizaciones que se llenan la boca hablando de los derechos es porque tienen tiene aquello detrás de esa bandera”, opinó Romano. Fue el pie para que Gianni comience a exponer sobre el “plan sistemático pergeñado desde el Estado en connivencia con supuestas organizaciones de la sociedad civil para oprimir al pueblo argentino más vulnerable”.
Entre los ex funcionarios más aludidos en las filminas destacan cuatro: Alberto Fernández; la ex ministra de Desarrollo Social, Victorias Tolosa Paz; el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni y el ex secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.
“El Ministerio de Capital Humano ha denunciado a Emilio Pérsico, ex Secretario de Economía Social y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo “Evita” Ltda., así como socio de la Cooperativa de Trabajo La Patriada, por varios delitos después de confirmarse una condena de la Oficina Anticorrupción por violar la Ley de Ética Pública”, lee Gianni y muestra en pantalla una imagen del ex funcionario. “En el expediente administrativo correspondiente, Pérsico fue condenado por actuar como juez y parte en diversos casos administrativos durante su gestión en la Secretaría de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández. Aprovechó su posición para influir a favor de la Federación Evita y la Cooperativa La Patriada, facilitándoles importantes subsidios estatales”. Se lee en el texto que presentan los funcionarios ante los vecinos de Vicente López y rematan con la idea: “Pérsico estaba de los dos lados del mostrador”.
Los abogados recuerdan que la Justicia investiga al dirigente social por los presuntos delitos de “Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario” y “Tráfico de Influencias”. A favor de Pérsico hay que decir que hasta ahora no fue imputado en ninguna causa.
Distinta es la situación de Eduardo Belliboni, el mandamás del Polo Obrero quien, junto a otros 16 dirigentes piqueteros ya fue indagado por “Coacción Agravada” y la presunta utilización de facturas truchas emitidas, según la AFIP por “empresas usinas” vinculadas a esa organización de izquierda para justificar gastos de subsidios otorgados en el marco del programa Potenciar Trabajo.
“El representante del Ministerio Público Fiscal, en su dictamen del 11 de abril de 2024, solicitó la indagatoria de los imputados por delitos que incluyen amenazas agravadas, extorsión y defraudación al Estado, relacionados con fondos del ex Ministerio de Desarrollo Social. Las prácticas denunciadas consisten en condicionar la entrega de subsidios del “Plan Potenciar” que administraba el mencionado Ministerio, a la participación en marchas y movilizaciones”, describió la funcionaria de Capital Humano y agregó que a los beneficiarios del plan: “Se los obligaba a asistir bajo amenaza de perder el subsidio, imponiendo multas económicas mensuales por no participar en movilizaciones, y requiriendo pagos regulares para mantener el subsidio. Los responsables de la administración de estos planes incumplieron sus deberes, causando un grave perjuicio fiscal al Estado al desviar los fondos destinados originalmente, afectando así el presupuesto del Ministerio”.
Esta denuncia y el de los “comedores fantasma” fueron las dos investigaciones que mayor indignación causaron entre los presentes.
Sobre los comedores y merenderos comunitarios Romano y Gianni explicaron que: “Las auditorías realizadas revelaron una grave falta de control sobre el uso de fondos públicos asignados a comedores y merenderos. Esta falta de control se traduce en la incapacidad de verificar adecuadamente los beneficios otorgados y si los comedores seleccionados cumplían con los requisitos legales”.
También destacaron que: “Tras investigaciones y auditorías internas exhaustivas, se determinó que solo se pudo relevar la mitad de los comedores relevados (52,3%). El 47,7% restante no pudo ser relevado por diversas razones: el 32% ya no está en funcionamiento; el 25% de los datos de preinscripción no son correctos (direcciones inexistentes o incorrectas); y casi el 16% declaró una dirección donde nunca funcionó un comedor o merendero. De los comedores relevados, aproximadamente el 20% de su financiamiento proviene del Estado Nacional. Además, el 61% de los comedores relevados operan en domicilios particulares y más del 75% comenzaron sus actividades en los últimos trece años. El 61% realiza la mayoría de sus compras en comercios cercanos, mientras que solo el 51% planifica sus menús”.
En este caso, la conducta delictiva investigada es “Delito: Defraudación contra la Administración Pública – Violación de los Deberes de Funcionario Público”. Hasta el momento los expedientes abiertos por estas maniobras tienen bajo la mira a dirigentes sociales y piqueteros pero aún no se avanzó sobre las ex autoridades responsables de esos controles y la entrega de los alimentos que no habrían llegado a los sectores más vulnerables.
En la primera filmina que aparece en pantalla destaca la foto del ex presidente Alberto Fernández a quien se lo vincula con la denominada causa “seguros”.
“Federico Alejandro D´Angelo Campos, ex Director General de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES durante el gobierno de Alberto Fernández, fue denunciado penalmente después de que se encontrara una nota firmada por él el 22 de mayo de 2023. En dicha nota se menciona la participación de las empresas San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Broker S.A. en contratos de seguros de vida colectivos de saldo deudor del fondo de garantía de sustentabilidad”, detalla el texto que lleva el logo del Ministerio de Capital Humano.
“La investigación llevada a cabo por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano, en colaboración con ANSES y Nación Seguros, reveló perjuicios al Estado Nacional debido a comisiones, costos e intermediarios en los contratos de seguros emitidos por Nación Seguros S.A. para ANSES. Se descubrió que la selección de “brokers” y “coaseguradores” por parte del fondo de garantía de sustentabilidad de ANSES en 2023 se realizaba de manera arbitraria, sin expedientes digitales ni justificación técnica. Además, la investigación detectó que algunos “coaseguradores” seleccionados incluían a empresas aseguradoras privadas que no tenían la solvencia económica necesaria para garantizar adecuadamente los riesgos asumidos en las pólizas contratadas por el Estado. Estas empresas, según la Superintendencia de Seguros de la Nación, tenían vínculos políticos con funcionarios de la gestión gubernamental anterior”.
En este caso el tipo de delito es el de “Asociación Ilícita – Defraudación de Seguros – Abuso de Autoridad y Violación de Funcionario Público”.
Casi la mitad de los comedores auditados por Capital Humano «no existen»
La lista de denuncias es larga. Ocupa exactamente 20 carillas. Entre ellas la de los “guardapolvos”. Allí se investigan “posibles delitos en la compra de 1.300.000 guardapolvos para niños, niñas y adolescentes vulnerables por parte de funcionarios de la Secretaría de Articulación de Política Social del ex Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Fernández”.
Según el detalle desgranado en la exposición de Gianni y Romano; el Estado desembolsó más de 5.500 millones de pesos (el 84% del monto acordado) a cooperativas encargadas de confeccionar los guardapolvos, pero solo recibió 750 mil unidades (el 47% de lo pactado). Esto significa que aproximadamente 600 mil guardapolvos pagados aún no han sido entregados. Además, hay desembolsos pendientes (actualmente suspendidos) por cerca de 1.100 millones de pesos, equivalentes a unos 250 mil guardapolvos. La denuncia señala que los guardapolvos no fueron adquiridos mediante los procedimientos habituales de compras del Estado (“compr.ar”), sino que se establecieron convenios directos con diversas cooperativas para evitar el sistema ordinario. También se menciona que, en algunos casos, se realizaron pagos completos o parciales por los guardapolvos que aún no han sido entregados en su totalidad hasta la fecha”.
Los abogados de Capital Humano también abordaron los principales lineamientos de causas en las que se investiga la presunta compra irregular de aceite “direccionada” hacia empresas vinculadas con el poder por más de 600 millones de pesos.
La adquisición de yerba mate por unos 18 mil millones de pesos, a empresas misioneras de presunta mala calidad y “eludiendo los mecanismos específicos previsto por la norma”, también fue mencionada. Allí la foto que aparece es la de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Hasta el momento la justicia no la imputo.
“Se robaron hasta las computadoras”, describe Gianni a través del trabajo presentado junto a Romano. Hace referencia a las 254 notebooks nuevas que “desaparecieron” del ex Ministerio de Cultura.
Sobre el final del encuentro, los funcionarios revelaron detalles de un expediente muy poco difundido: el faltante en los depósitos de TECNÓPOLIS de “parte del equipamiento tecnológico de 10 kits entregados el 6 de diciembre de 2023 por un proveedor en TECNÓPOLIS”.
“Doscientos años después de la gesta de la independencia, desgraciadamente un grupo de delincuentes codiciosos e inescrupulosos usaron el poder del Estado para quitarle la libertad a una gran parte del pueblo argentino”, dijeron Gianni y Romano al finalizar el encuentro.
La placa final refuerza la pérdida que significó esos supuestos actos de corrupción para el Estado: “Monto estimado del perjuicio fiscal, $35.305.500.609,08″.
Fuente: infobae
