Días pasados, los diputados que integran el bloque de Diputados de la Provincia por Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de Ley a través del cual solicita que se declare la Emergencia Vial -por el término de dos años- en todo el territorio de Santiago del Estero.
Al respecto el legislador Mariano Parnás indicó, «Santiago cuenta con 19.056 kilómetros de rutas bajo jurisdicción provincial, de los cuales sólo el 13% figura como pavimentado. Esto significa que el 87% de la red vial primaria y secundaria, sin contar caminos vecinales y
rurales, son mayormente de tierra y en menor medida de ripio, las más de las veces de mala calidad».
Más adelante manifestó, «un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicado en 2021 y titulado “Lineamientos para la transformación productiva de Santiago del Estero”, ubica a la “insuficiencia de caminos y vías de acceso” como una de las principales restricciones para el desarrollo de la provincia».
«El mismo informe expresa que dispersión demográfica que caracteriza a
nuestra provincia “no es solo una cuestión ‘natural’, sino que en buena medida
se debe a —y se retroalimenta por— la falta de infraestructura, que se vuelve
inaccesible para una parte importante del territorio provincial y que se manifiesta,
además, en la dificultad para garantizar el acceso a determinados servicios
básicos, como la salud y la educación”, añadió.
A la vez explicó, «esta situación se agudizó porque en los últimos años a raíz de la falta de inversión y de mantenimiento de la red vial, incluyendo rutas estratégicas para la producción que permanecen en estado de abandono y que han multiplicado los reclamos de vecinos y productores de todo el territorio provincial, manteniendo aisladas a decenas de comunidades».
A esto agregó, «el Consejo Provincial de Vialidad, organismo autárquico que se rige por la ley 2.657/58, continúa intervenido por el Poder Ejecutivo, lo que ha desnaturalizado su misión. Tal es así, que parte de sus recursos presupuestarios se destinan a obras que nada tienen que ver con su función específica, como la construcción del edificio de la Secretaría de Deportes que actualmente se erige junto al Estadio Único, cuyo costo ya ha superado los $1.000 millones y que se financia a través del Programa 11 “Desarrollo de la Infraestructura Vial”.
«Por todo esto es que solicitamos, por dos años, la Emergencia Vial. En ese lapso, el Poder Ejecutivo priorizará la ejecución de obras de infraestructura vial y suspenderá la contratación de obras para construcción, ampliación y/o remodelación de edificios públicos, a excepción de las que involucren a establecimientos educativos y de salud» expresó el diputado Parnás.
El proyecto prevé que dentro, «del plazo de 30 días corridos contados a partir de la promulgación de la presente Ley, el Consejo Provincial de Vialidad confeccionará un informe sobre el estado de la totalidad de la red vial bajo jurisdicción provincial, clasificando cada una de las rutas y sus respectivos tramos en función de su nivel de deterioro y tipos de obras necesarias para su recuperación».
«En base a ese informe el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Agua, adoptará las medidas conducentes para la inmediata puesta en marcha de un Plan de Recuperación de la Red Vial que priorice las rutas estratégicas para el transporte
de la producción agropecuaria y el restablecimiento de la conectividad de poblaciones rurales que se encuentren aisladas por el mal estado de rutas y caminos».
