El Gobierno oficializó este lunes la intervención en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPERA) debido a la fuerte crisis financiera que atraviesa el ente que pertenece a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Se trata de la segunda prestadora de servicios de salud más importante del país, con cerca de 735 mil afiliados, detrás de la de Empleados de Comercio y delante de UPCN, el gremio de estatales nacionales.
A través del decreto 720/2024, el Poder Ejecutivo delegó en el Ministerio de Salud la intervención por el término de 180 días de la obra social, con la posibilidad de prorrogar el plazo en caso de ser necesario. La interventora será la doctora Virginia Montero, que tendrá las facultades de administración y ejecución que el Estatuto del Agente del Seguro de Salud permite al Consejo Directivo.
Además, deberá entregar informes mensuales de la gestión que tienda a la normalización del ente, con la evolución administrativa y prestacional. En las consideraciones, el Gobierno señaló que “quedan evidenciadas las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo”.
Entre otras situaciones, los funcionarios advirtieron que entre 2022 y 2023 los beneficiarios de la cuestionada obra social realizaron 16.410 reclamos por, entre otros temas, falta de entrega de medicamentos -entre otros oncológicos- y prótesis; negaron cirugías y otras prestaciones médicas como acompañamiento terapéutico y asistencia a afiliados con discapacidad.
El superintendente Gabriel Oriolo y el gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, también advirtieron que la anterior gestión del organismo, a cargo de Daniel López, le otorgó a la obra social de la UATRE $3.350 millones, unos 9,5 millones de dólares al cambio de esa fecha, en concepto de “ayuda financiera”. Fue otorgada el 4 de octubre de 2023. Según las autoridades de La Libertad Avanza, dos meses después, el viernes 7 de diciembre, último día hábil del entonces gobierno de Alberto Fernández, las autoridades salientes “aprobaron la rendición de cuentas” pero las facturas y planillas de gastos o pagos que los acreditan no se encuentran en los archivos de la SSS.
La obra social del gremio que lidera José Voytenkode ya había sido noticia en marzo pasado, fecha en que se denunció públicamente el fallecimiento de pacientes oncológicos por supuesta falta de cobertura. El escándalo, y su abultada deuda con los prestadores y efectores de salud, puso a OSPERA en la mira de las flamantes autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud. De hecho, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, le habría acercado a un funcionario nacional su preocupación por la candidata de trabajadores rurales que hicieron llegar a la entidad sus quejas por la falta de atención que reciben por parte de OSPERA.
La obra social ya había estado bajo “tutela judicial” desde marzo de 2023 hasta julio de 2024 por resolución del juez federal de Santa Rosa, La Pampa, Juan José Baric, por denuncias que realizaron afiliados por deficiencias en la asistencia a los afiliados.
Desde el 5 de agosto, y a través de la Resolución 1612/2024 publicada en el Boletín Oficial, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina volvió a ser intervenida. Como “Administradora Provisoria” fue designada “la doctora Virginia Montero”.
En la resolución firmada por el Superintendente Oriolo se destaca que en los cuatro años del gobierno del Frente de Todos, OSPERA recibió $22.740.238.761 del Fondo Solidario de Redistribución. Un aporte que reciben las obras sociales por parte de la Superintendencia a través del Mecanismo de Integración (Discapacidad) pero que la obra social de la UATRE “no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la normativa en cuanto a la registración total de los contratos prestacionales por ante la Gerencia de Control Prestacional”.
Lejos de eso, la obra social aumentó su deuda prestacional. De los $26.979.000.000 registrada al 30/9/2023 ascendió a $ 43.949.000.000 en marzo de 2024. Esto es un incremento de un 63%. No es lo único, la deuda que OSPERA mantiene con los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, por la atención que realizaron a sus afiliados asciende a un total de $1.500.310.836.
Entre los argumentos de la SSS para intervenir a la obra social que se inscribe “en el marco del reordenamiento del sistema de Salud que está llevando adelante la Superintendencia” se destaca un rosario de argumentos que revelaría “enormes irregularidades administrativas y años de falta de información necesaria como para funcionar como agentes del sistema de salud”.
Entre ellos destaca:
”En los últimos meses, la SSS se puso en contacto con los prestadores que figuraban que trabajaban con la obra social, pero el 90% dijo que no tenían convenio con OSPERA”.
”La Obra Social se encuentra demandada en un total de 172 acciones judiciales, referidas a las siguientes temáticas: medicamentos, siendo la más reiterada con 73 causas; afiliación, cirugías, prótesis y problemática prestacional”.
”De los 172 amparos, 31 corresponden específicamente a discapacidad, respecto de prestaciones médicas y asistenciales, prestador ajeno a la Obra Social, prótesis y órtesis, transporte y acompañante terapéutico”.
”En lo que hace a los juicios de Mala Praxis Médica ascienden a un total de 29, de los cuales 2 se encuentran concluidos con compromiso económico para el Agente del Seguro de Salud”.
”OSPERA posee un total de 44 juicios de índole laboral; 46 de ejecuciones fiscales y 1 por daños y perjuicios”.
Los funcionarios de La Libertad Avanza también argumentaron: ”Otro de los gravísimos incumplimientos detectados en OSPRERA ha sido la falta de satisfacción de los afiliados y las deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones brindadas”. Situación que “afecta negativamente la operatividad de OSPRERA dificultando su normal desenvolvimiento”.
Fuente: infobae
