Tras acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal, los gobernadores aliados al presidente Javier Milei esperaban poder avanzar con temas pendientes que formaron parte de las negociaciones, pero -aseguran- quedaron sin resolverse. Los ejes centrales tienen que ver con la falta de recursos, pero también con decisiones del Gobierno nacional sobre empresas que se encuentran en sus provincias.
En varias ocasiones, los mandatarios provinciales demostraron la capacidad de fuerza que tienen si actúan en conjunto y esta no va a ser la excepción; por el contrario, se preparan para redoblar los reclamos judiciales, pero también para avanzar por la vía política.
Al oficialismo le quedan temas clave para tratar en el Congreso en lo que resta del año -como el Presupuesto 2025- y la oposición dialoguista es la que le puede garantizar los votos necesarios para aprobarlos.
Cajas ajustadas y falta de recursos ponen en alerta a los gobernadores aliados
Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en un contexto de retroceso de -20,3% interanual en términos reales en el conjunto de recursos de origen nacional durante los primeros siete meses del año, la coparticipación federal de impuestos cayó -18,4%.
A ese recorte se sumó una contracción promedio del 10% en junio respecto del mismo mes de 2023 en los recursos propios provinciales, como consecuencia de la recesión y de su impacto en Ingresos Brutos, el principal tributo provincial. En algunos distritos la caída es mucho más pronunciada, como en Catamarca, que bajó -28,4%; Formosa, -20,7%, y la CABA y Chaco, -19,5% en cada uno.
Programas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) registraron un recorte promedio del -85% en el primer semestre en la comparación interanual, con provincias como Mendoza (-58%) y Santiago del Estero (-64,9%) entre las menos afectadas, y Tierra del Fuego (-93,7%), Entre Ríos (-88,6%), CABA (-88,4%) y Córdoba (-88,4%), entre las más perjudicadas, según los datos del CEPA.
En muchos casos, esos fondos se están cubriendo con recursos propios de las provincias, pero crece la preocupación de los gobernadores por el plazo en que podrán sostener esta situación, sumado a que también se ven obligados a saldar otros programas sociales nacionales, como los vinculados a políticas alimentarias,
El reclamo por la eliminación del Fonid encontró un camino político a través del Congreso, en donde diferentes bloques opositores intentan avanzar con el debate de proyectos que tienen dictamen. Uno de Unión por la Patria, que propone prorrogarlo por cinco años, y otro de la UCR, que busca convertirlo en un beneficio de los docentes vinculado con el presentismo, las capacitaciones y sus resultados pedagógicos, pero recién después de que se hayan saldado las deudas.
Nuevos frentes abiertos complican el vínculo de Milei con los gobernadores aliados
Si bien la mayoría de los problemas de caja es común a todas las provincias, la búsqueda de soluciones va por diferentes vías, en muchos casos dependiendo de sus alcances.
Un ejemplo en ese sentido tiene que ver con la decisión de Milei de eliminar los subsidios al transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de un reclamo que venían haciendo los gobernadores de otras provincias, planteando la igualdad de acceso a los beneficios, fundamentalmente porque los impuestos a la nafta se pagan en todo el país.
La medida -que entrará en vigencia en septiembre- afecta en forma directa a la CABA y a Buenos Aires, que deberán decidir si cubren esa diferencia con sus cajas fuertemente ajustadas, o si habilitan una suba del boleto de colectivo que golpeará de lleno en la vida de miles de familias.
Para la CABA también está pendiente el reclamo que viene haciendo por el recorte de recursos coparticipables que la Corte Suprema ordenó a Nación que debe comenzar a pagar. El Máximo Tribunal convocó a una audiencia entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para el jueves 22 de agosto para intentar saldar las diferencias.
Para otras provincias, el principal foco de conflicto con el Ejecutivo nacional tiene que ver con el pago a las cajas previsionales provinciales no transferidas a Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Según CEPA, en el primer semestre del año el Gobierno nacional no cumplió con ninguna de las nueve provincias que habían recibido partidas en 2023: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Santa Cruz y Chaco.
Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba) -los gobernadores de la Región Centro- acordaron abordar de manera conjunta el conflicto; mientras que el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, hizo una presentación judicial ante la Corte Suprema.
Privatizaciones, Yacyretá y la Hidrovía, en el ojo de los gobernadores
En el caso de varias provincias, los reclamos, que se suman a los problemas de caja, tienen que ver con el manejo de grandes obras de infraestructura. En Corrientes, el pedido es que el Gobierno nacional liquide las regalías de la Hidroeléctrica Yacyretá.
Así lo mencionó el gobernador Gustavo Vadés en un acto en la localidad de Ituzaingó: “De una buena vez nos tienen que reconocer que nosotros somos los primeros productores de energía de la argentina, nosotros producimos más que cualquier otra provincia y somos mal pagos y mal reconocidos”, dijo. También anticipó que le pedirá a la Corte Suprema que los vuelva a citar “en un pie de igualdad con la Nación” para “discutir cómo se liquidan las regalías de Yacyretá”.
“Que el valor que le paga a la provincia de Entre Ríos, sea el mismo que le pague a Corrientes”, reclamó en sintonía el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, que también mencionó las obras paralizadas en el brazo de Aña Cuá.
Además, la decisión de Milei de avanzar con la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay también pone en jaque su vínculo con los gobernadores, especialmente con Pullaro -con quien mantiene una relación tensa y plagada de vaivenes- y con su principal opositor, el bonaerense Kicillof.
La Hidrovía se extiende por más de 1600 kilómetros y es la salida al Atlántico de un volumen superior al 85% de las exportaciones argentinas.
Fuente TN
