El régimen sandinista de Daniel Ortega lanzó una controvertida reforma al Código Penal de Nicaragua destinada a enjuiciar a opositores tanto dentro como fuera del país y permitiría imponer cadena perpetua a los condenados por lavado de activos.
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Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Archivo/EFE/ Jorge Torres)Entre las modificaciones también se establece la intervención judicial de organizaciones que violen derechos laborales, lo que puede culminar en la disolución de estas entidades si se comprueba la actividad delictiva. Las penas estipuladas en el paquete de reformas varían desde días de multa, confiscación de bienes, hasta prisión perpetua revisable y la inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas.
Además, la reforma penal permite el enjuiciamiento en ausencia, perjudicando a exiliados que podrían ser procesados sin estar presentes para defenderse. La abogada y defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez señaló al medio 100%Noticias que esto viola el debido proceso y facilita la confiscación de propiedades sin sentencia firme, buscando silenciar a activistas y defensores de derechos humanos.
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Nicaragüenses exiliados en Costa Rica marchan en una protesta contra el régimen sandinista en noviembre de 2022 (REUTERS/Mayela López)Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
Este jueves el régimen de Ortega también canceló la personería jurídica a Save the Children Canadá y a otras 168 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, elevando a cerca de 5.600 las organizaciones de este tipo disueltas desde 2018.
