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En qué consiste la Boleta Única de Papel que se aprobó en el Senado
En la Boleta Única de Papel que obtuvo media sanción en Diputados todos los candidatos que compiten para un mismo cargo son presentados al elector en una sola boleta. Se trata de una modalidad que muestra toda la oferta electoral de un distrito en un solo papel y el voto se expresa marcando casilleros por los partidos o frentes electorales por cada categoría. En ese sentido, se despliegan los candidatos con el logo y nombre de la alianza, nombre de la lista y la foto de los titulares, mientras que los suplentes figuran solo con sus nombres.
Este proyecto cuenta con el respaldo del oficialismo, el PRO, el radicalismo y espacios federales. Tanto la chubutense Edith Terenzi como la rionegrina Mónica Silva, que habían presentaron proyectos propios, se plegaron al dictamen de mayoría. Como argumentos favorables, remarcan la igualdad de condiciones -ya que los candidatos tienen el mismo espacio-, el presunto ahorro económico por la disminución de boletas y la simplificación en el conteo. El peronismo, por su parte, expresó su oposición.
Senado: en qué consiste la ley de financiamiento universitario
El proyecto fue presentado por la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados y lleva la firma principal de Danya Tavela y otros legisladores como Facundo Manes, Martín Tetaz, Mariela Coletta, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.
El objetivo principal de la norma es declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para este año. En este marco, la normativa busca «atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales».
Se asignará, en caso de ser aprobado el proyecto, un 85% para gastos salariales y un 15% para gastos de funcionamiento. En el caso de los gastos de funcionamiento se utilizará una fórmula que combina el IPC con la variación del tipo de cambio y la variación de tarifas de servicios públicos.
La Oficina del Presupuesto del Congreso estimó el costo del impacto fiscal del proyecto en u$s 800 millones (0,14% del PBI), cifra que fue discutida por el Ministerio de Capital Humano, que lleva adelante una disputa con las autoridades universitarias y asegura que la aprobación del proyecto implica un gasto extra superior a los u$s 1.100 millones.
Fernando Brovelli/Ámbito
