Los gremios aeronáuticos cuestionaron este lunes la decisión del Gobierno de desplazar a Pablo Biró del directorio de Aerolíneas Argentinas y denunciaron que “además de amenazar con regulaciones ilegales del derecho a huelga, ahora pretende alterar el funcionamiento interno” de la línea aérea de bandera.
Así lo indicaron en un comunicado conjunto que firmaron Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), (APLA), Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), bajo el título “el Gobierno sigue en la senda de la ilegalidad y altera el funcionamiento societario de la línea de bandera”.
“La intención del gobierno de desplazar al Director designado por la PPP, es decir, por accionistas independientes, importa una intromisión en una participación accionaria ajena y una violación del Estatuto social. A la vez es un ataque, directo e ilegal, al derecho de propiedad que deriva de las acciones respectivas”, alertaron.
Para los gremios aeronáuticos, con su decisión, el Gobierno “lesiona el derecho de propiedad y el libre ejercicio de los derechos societarios de accionistas privados”. “Parecería no detenerse ante nada, especialmente ante la ley, puede afectar derechos privados, incluso derivados de la propiedad de acciones de una sociedad anónima, y confunde una sociedad regida por sus propios estatutos y legislación comercial, con el mismo Estado”, completó.
Además de declarar la esencialidad de la actividad aeronáutica, el Gobierno anunció que iniciará acciones para expulsar a Pablo Biró del directorio de la compañía. Desde la Secretaria de Transporte, reforzaron la decisión tomada para que el titular de APLA deje ese órgano de gobierno corporativo.
“En el marco del conflicto colectivo derivado de la gravísima pérdida salarial de sus trabajadores, el gobierno, además de amenazar con regulaciones ilegales del derecho a huelga, ahora pretende alterar el funcionamiento interno de Aerolíneas Argentinas”, cuestionaron los gremios aeronáuticos.
En lo que llamó una “cadena de ilegalidades”, explicó que “las acciones de los trabajadores son derivadas de un régimen legal específico, la Ley 23.696, la misma a la que acudió este gobierno para las nuevas privatizaciones que impulsa, a través de denominada ‘Ley Bases’, aunque en este caso no incluyó a Aerolíneas Argentinas en las privatizables”.
Según los gremios, la Ley 23.696 establece “un régimen especial de participación de los trabajadores del ente a privatizar, dando una específica autonomía a las acciones que se adjudicaron en tal carácter estableciendo que ni los funcionarios y asesores designados en representación del Gobierno o sus dependencias podrán integrar el PPP (art. 22 inciso a)”.
También que “cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar (art. 26)” y que “incluye convenios de Sindicación de Acciones que establecen la obligación para todos los adquirentes de gestionar colectivamente el conjunto de acciones sindicadas y adoptar por mayoría de acciones sindicadas las posiciones a sostener en las Asambleas de la sociedad, con fuerza vinculante para todos (art. 38)”.
“Además de ser evidentemente violatorio del derecho, el intento del gobierno es aún más grave en tanto, por un lado, da cuenta que no tiene límites al momento de interferir en la actividad gremial de los trabajadores de la empresa, lesionando la autonomía sindical y los derechos colectivos, y a la vez los derechos de los accionistas de la PPP, sino que da cuenta de la falta de escrúpulos para intervenir en una sociedad anónima, con reglas propias, por fuera de las que el gobierno pretenda imponer, con ciertos riesgos añadidos”, sostuvieron.
Fuente TN
