El Gobierno nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial el decreto por el cual se desregulan los servicios del transporte automotor de pasajeros de media y larga distancia, informaron fuentes oficiales.
La medida generará beneficios para todos los actores del sector, como la creación de un nuevo Registro Nacional del Transporte de pasajeros, el libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y duración de los servicios por parte de los transportistas.
Impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la nueva norma reemplaza a la que tiene más de 30 años de antigüedad.
Según se informó, el objetivo de la desregulación es lograr la liberalización y modernización del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual.
En esta línea, se crea el Registro Nacional del Transporte de pasajeros, de acceso público, sin costo y online, para una mayor comodidad del transportista, el ahorro de tiempo en la gestión de trámites burocráticos y una mayor transparencia.
Las empresas y transportistas que ya estaban registradas no tendrán que hacerlo nuevamente. Sí deberán registrarse las nuevas que, una vez inscriptas, obtendrán de manera automática la habilitación para operar luego de cinco días post inscripción, aplicando de esta forma la nueva metodología de «Silencio Positivo» ya implementada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
De este modo, llegado el momento de vencimiento del plazo administrativo de un trámite se concede y autoriza para agilizar el procedimiento y no perjudicar al usuario.
En todos los trámites, se mantienen las exigencias en materia de seguridad ya establecidas en la normativa vigente.
A partir de esta norma, se podrán establecer libremente los recorridos, vehículos, horarios, precios, duración de los servicios e, incluso, los puntos de ascenso y descenso de pasajeros que estén autorizados por la jurisdicción local respectiva, con lo que se aspira a generar una mayor oferta de servicios y competencia de precios para beneficiar tanto al usuario como a las empresas y transportistas.
A su vez, tendrán que informar la capacidad de transporte, detallando cantidad y tipo de vehículo, cantidad de asientos, seguros contratados, la nómina de conductores a asignar y la información relativa a las licencias de conducir de los mismos, la periodicidad de los servicios declarados, el origen, las paradas intermedias y el destino del viaje.
En este punto, no se podrán ofrecer al público servicios que no se encuentren informados en el Registro Nacional del Transporte de pasajeros.
La autoridad de aplicación de esta medida será la Secretaría de Transporte de la Nación del Ministerio de Economía y comenzará a implementarse en 60 días, cuando se realicen las actualizaciones tecnológicas necesarias.
De esta manera, el Gobierno nacional elimina trabas que considera innecesarias, garantiza una mayor liberalización en las condiciones de prestación del servicio y agiliza los tiempos administrativos, con el fin de permitir la incorporación de nuevos actores al sector.
Este cambio les permitiría a los usuarios gozar, con más competencia, de una mayor oferta en el transporte terrestre.
Gustavo Gaona, presidente de la Cámara de Empresarios de Larga Distancia, explicó a Cadena 3 que «se elimina la obligatoriedad de parar en terminales habilitadas». «Vos podés determinar en qué lugar parar, en qué momento», advirtió.
Gaona añadió que, aunque el transporte público nacional puede detenerse en cualquier lugar, «es muy probable que en las ciudades grandes haya normativas municipales que establezcan que se debe parar en una terminal habilitada». Por el momento, los operadores tienen la libertad de comenzar y terminar el servicio en cualquier ubicación, siempre que cuenten con la autorización local correspondiente.
Este cambio en la regulación del transporte de pasajeros genera incertidumbre y será necesario estar atentos a las normas complementarias que se establecerán en cada jurisdicción, como es el caso de Córdoba, donde la municipalidad será la encargada de definir las nuevas regulaciones.
Cadena 3