Cecilia Moreau aseguró que el proyecto que limita los DNU «no es contra el Presidente»
Por otro lado, la diputada se refirió al proyecto de ley que busca regular los DNU y explicó que la iniciativa opositora «no es contra el Presidente», aunque apuntó que los libertarios los utilizan bajo una línea que definió como autoritaria.
«No puede ser decisión de una sola persona cómo se legisla y se genera la renegociación de la deuda, ya lo vivimos con Macri y Caputo. En un minuto tomar deuda y nos endeudaron por cien años», planteó.
Asimismo, puntualizó: «El Ejecutivo tiene un rol, la Justicia otro, y nosotros otro. Son autónomos e independientes y este gobierno no puede avasallar a otro poder«.
Entre los proyectos de los diputados, que impulsan la convocatoria a politólogos y juristas para volver más eficaz la reforma, se propone la ampliación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (que revisa los DNU); que el Poder Legislativo tenga un tiempo límite para ratificar los decretos y no para revocarlos; y esclarecer la definición de necesidad y urgencia, entre distintas propuestas que tienen las múltiples redacciones. Otro de los puntos clave que busca modificar la iniciativa es que el rechazo de una de las dos cámaras resulte suficiente para revocar un DNU.
DNUs de Javier Milei
Entre los 39 DNUs emitidos por Javier Milei, el más controversial fue el 70/2023, presentado en cadena nacional diez días después de haber asumido. En su contenido, se incluía la derogación de la ley de alquileres, la liberación de precios de medicamentos, modificaciones al régimen de tarjetas de crédito, una reforma laboral, transformaciones a la ley de tierras, entre otros cambios que luego fueron incluidos en el debate de la ley Bases.
Luego de aprobada esta ley, el Presidente decretó medidas que no pudo conseguir por vía parlamentaria, como el libre canje de deuda o la privatización de Aerolíneas Argentinas. Previamente, ya había establecido el sistema jubilatorio por DNU.
Existen dos decretos que atravesaron controversias. El primero fue el 656/24, que le otorgó $100.000 millones de fondos extras y reservados para el Servicio de Inteligencia, que había sido reformado semanas antes. Otro fue el de la limitación a los pedidos de acceso a la información pública, cuya principal autoridad del propio Poder Ejecutivo remarcó su desacuerdo y aseguró no haber sido consultada.
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