“Los desmontes provocan cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que debería llevar a que los gobiernos actúen en consecuencia, prohibiendo los desmontes, en lugar de promoverlos“, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace. ”Por otra parte, el sistema de multas no es suficiente contra la ilegalidad, es necesaria la penalización”
El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y octubre de 2024 la deforestación en Santiago del Estero alcanzó las 45.137 hectáreas; en Chaco 36.045 hectáreas; en Formosa 12.879 hectáreas; y en Salta 9.755 hectáreas; totalizando 103.816 hectáreas, el equivalente a cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
Uno de los desmontes más extensos es el que está realizando la familia Canido, dueña de las gaseosas Manaos, en una finca ubicada cerca de Nueva Esperanza, al norte de Santiago del Estero, en la cual ya se arrasaron más de 10.000 hectáreas de bosques nativos con fines ganaderos.
La principal causa de la pérdida de bosques en Argentina es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.
“Teniendo en cuenta el compromiso climático que firmó Argentina de alcanzar Deforestación Cero para el año 2030, es preocupante que aún se mantengan altos niveles de desmonte, y que la mayoría sean ilegales. Resulta evidente la complicidad de los gobiernos de Santiago del Estero y Chaco con empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esperamos que convoque pronto a la audiencia pública que anunció sobre esta causa”, señaló Cruz.
En 2019 Greenpeace realizó una presentación ante el máximo tribunal de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que se estima sobreviven en el Gran Chaco argentino y por violar lo establecido en la Ley Nacional de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado la Corte declaró su competencia en la causa.
