El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua expresó este lunes su “profunda preocupación” por la enmienda a la Constitución nicaragüense aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional, ya que otorga al régimen de Daniel Ortega “un poder prácticamente ilimitado sobre la población”.
Por otro lado, la reforma aparentemente quiere formalizar la disolución de facto de la separación entre los distintos poderes del Estado, aseguró en el mismo comunicado el jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos.
Ante ello, el grupo de expertos hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que inste al Gobierno nicaragüense a restablecer inmediatamente la separación de poderes y otros principios democráticos, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales.
La uruguaya Ariela Peralta y el húngaro Reed Bródy completan este grupo de expertos, que desde su creación en 2022 investiga violaciones de derechos humanos en Nicaragua y ha emitido varios informes denunciando los abusos del régimen de Ortega.
En el último de ellos, publicado el pasado 8 de noviembre, los expertos denunciaron que el Gobierno nicaragüense ataca de manera sistemática al sector universitario del país, con sesiones de tortura estudiantiles como Lesther Alemán, Max Jerez o Yubrank Suazo, así como deportaciones de universitarios.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el viernes por unanimidad y en primera legislatura unas enmiendas a la Constitución Política que refundan el Estado al denominarlo “revolucionario” y otorgan un poder total a Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sobre los demás poderes del Estado.
A juicio de Alemán, quien encaró a Ortega y le pidió su rendición durante un diálogo para resolver la crisis que vive Nicaragua desde 2018, las enmiendas tienen como trasfondo “definir la línea sucesoria faraónica, monárquica, sultánica, muy tropical” en Murillo, quien pasará a ser “copresidenta”, y en uno de sus hijos, Laureano Ortega Murillo, quien podrá ser nombrado vicepresidente por sus padres.
Alemán, de 26 años, es uno de los 222 presos políticos a los que Ortega expulsó de Nicaragua en febrero de 2023 y arrebató la nacionalidad.
Abogan por llevar a Ortega a la Corte Penal
Por su lado, la activista nicaragüense desnacionalizada y exiliada Haydee Castillo anunció que están buscando mecanismos para fortalecer el diálogo político con el nuevo Gobierno de Estados Unidos y con el servicio exterior europeo, y estableciendo conexiones con la Organización de Estados Americanos (OEA) y con las diferentes agencias de Naciones Unidas para actualizar sobre la situación de Nicaragua.
“Estamos también interlocutando con los organismos financieros internacionales” y con “accionistas de todos estos bancos, que muchos de ellos son los mismos Estados que condenan al régimen, pero que por otro lado le siguen proporcionando financiamiento”, criticó.
Además, dijo Castillo, están presionando a las organizaciones de derechos humanos “para que se abra por fin los casos” de crímenes de lesa humanidad contra Ortega y su cúpula ante la justicia internacional.
“Estamos hablando de la Corte Interamericana de Justicia, de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, porque hay suficiente evidencias de todos los crímenes”, añadió.
La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por opositores nicaragüenses, Estados Unidos y la OEA, debe ser aprobada en dos legislaturas para que entre en vigor.
El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, dijo ante el pleno que la reforma constitucional será aprobada en segunda legislatura en enero de 2025.
(Con información de EFE)
Fuente Infobae
