La salida intempestiva y por decreto de Horacio Chighizola del Ministerio de Defensa y su reemplazo en la Secretaría de Estrategia Militar por una funcionaria cercana a Marcos Peña como es Paola Di Chiaro es mucho más que un cambio de nombres y cargos. Se trata del puntapié inicial de una ambiciosa estrategia de gobierno que pensó Mauricio Macri y su equipo desde que llegó al poder bajo un firme objetivo: unificar la coordinación de las políticas de defensa con la diplomacia.
El Gobierno ya emitió el decreto que designó a Di Chiaro en lugar de Chichizola y eso generará una situación incómoda para el ministro de Defensa Oscar Aguad por un simple motivo: aterriza a metros de su despacho una funcionaria de extrema confianza del jefe de Gabinete y de Fulvio Pompeo, el secretario de Asuntos Estratégicos. Pero más allá de esa anécdota, lo concreto es que la Casa Rosada ya puso a rodar el nuevo esquema de poder que tendrá en adelante con las Fuerzas Armadas y la Cancillería de la mano.
«No habrá una unidad establecida formalmente para unir funciones sino que se irán coordinando las tareas de la defensa y la diplomacia en forma más reiterada», graficó ante Infobae anoche un encumbrado funcionario del gobierno que trabaja en el tema. Es decir, que aquellos que imaginan una gran superestructura de poder y bajo esta la Cancillería y Defensa se equivocan.
Pompeo quizás sea en la práctica junto con Peña quien unifique tareas de coordinación. En rigor, el secretario de Asuntos Estratégicos ya viene armando un amplio equipo de académicos y especialistas en temas militares y diplomáticos que avanzarán en este nuevo plan de poder.
El decreto que firmó Macri en junio el año pasado al presentar la nueva «Directiva de Política de Defensa Nacional» empezó a dar algunos indicios de lo que implicará en la práctica esta mixtura entre diplomacia y defensa que ya tienen desde hace tiempo países de la región como Brasil o Colombia.
En su anexo documental de 27 páginas esa reforma profunda que se fijó Macri para las Fuerzas Armadas prevé tres grandes capítulos que fijan los lineamientos de los cambios en el sector castrense amalgamados a la política exterior:
1-Atlántico Sur. La intención del Gobierno es que en el 2019 se refuercen todos los operativos militares de patrullaje en las aguas del Atlántico Sur y se ponga mayor énfasis en los trabajos científicos en la Antártida. Para esto, tanto el canciller Jorge Faurie como Aguad empezaron a trabajar en forma coordinada y sigilosa con Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos y Brasil en la zona del Atlántico Sur. Las gestiones con Gran Bretaña apuntan a cuidar el espacio marítimo y trabajar en conjunto en tareas científicas para definir nuevos lugares de cuidado ambiental.
«Con Brasil también hubo intercambios diplomáticos para avanzar en tareas de defensa común que se materializan en cursos de capacitación y tareas de patrullaje conjunto. La función de Di Chiaro y Pompeo serán claves ya que tienen línea directa con Peña y con Macri para avanzar en Defensa y Cancillería ante casos de urgencia o planes a largo plazo», dijo a Infobae un funcionario del Gobierno. Para la Casa Rosada, el Atlántico Sur se ha convertido en un espacio estratégico para la explotación marítima al mismo tiempo que para su posicionamiento a futuro en la Antártida. De allí que haya en los planes de la Casa Rosada un mayor encuadre de campañas antárticas en coordinación con tareas científicas de otros países.
2-Frontera norte. En el plan de modernización de las Fuerzas Armadas se contempla reforzar al máximo la frontera norte para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero esto es mucho más que un desplazamiento de soldados del interior a la frontera para apoyar las tareas de la Gendarmería o la Prefectura.
El gobierno está convencido de que la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo se debe coordinar con países como Estados Unidos, Israel o Brasil. La importancia de este aporte internacional en lugares muy calientes de la frontera norte como es la Triple Frontera resultan cruciales en esta estrategia de persecución a los narcos y a grupos extremistas como Hezbollah. Entre otros temas, se debate hoy en el Gobierno la idea de reformular la ley antiterrorista para incluir en la figura de grupos terroristas a combatir a Hezbollah y al ISIS que no están encuadrardos en la actual jurisprudencia argentina. Hoy la ley sólo se limita al mandato de la ONU que es el de perseguir a grupos como Al-Qaeda. Este debate también se ubica en torno a la nueva estrategia defensiva y diplomática que quiere imponer el gobierno. Para ello hubo mucho asesoramiento con países europeos y con Estados Unidos.
3-Ciberdefensa. Este otro eje del plan de reconversión militar ya empezó a ponerse en marcha el año pasado con una compra de un software destinado a la ciberdefensa por más de 5 millones de dólares. Para desarrollar un esquema de protección cibernética la Argentina tiene divididas las áreas en ciberdefensa y ciberseguiridad. Pero se piensa también en una unificación de roles como ocurre en Brasil o en Estados Unidos donde el sector militar también tiene un alto nivel de inserción en estos temas.
En el capítulo de «Posicionamiento Estratégico de la Argentina en materia de Defensa» que se fijó el año pasado por decreto el Gobierno se señala que «el sistema de defensa nacional debe cumplir un rol clave en la preservación de este interés soberano, de conformidad con los lineamientos estratégicos de la política exterior argentina, particularmente en lo que respecta a la cooperación internacional». Y establece ciertos riesgos a tener en cuenta como: la competencia por recursos estratégicos, los ataques externos a objetivos estratégicos y la utilización del ciberespacio con fines militares.
A la vez se destacó que «las amenazas cibernéticas sofisticadas provienen de organizaciones militares y agencias de inteligencia de otros Estados», por lo que establece la necesidad de abordar esta problemática desde la perspectiva de la Defensa Nacional y para ello, dice, se «requiere adoptar medidas y acciones tendientes a resguardar la seguridad cibernética de las infraestructuras críticas del Sistema de Defensa Nacional y de aquellas que sean designadas para su preservación, independientemente del origen de la agresión».
De esta manera, entre los «desafíos» planteados por las Fuerzas Armadas en adelante el Gobierno establece que los militares argentinos deberán hacer frente al «impacto de la criminalidad transnacional». Es decir que «tendencias identificadas en los escenarios global y regional exhiben que la seguridad de los Estados de América del Sur estará crecientemente asociada a la atención de fenómenos de carácter trasnacional. La desarticulación de redes delictivas vinculadas al narcotráfico, la piratería, la trata de personas y el contrabando, entre otras actividades ilegales, configura un desafío prioritario de las estrategias de seguridad de la región».
En el análisis de la defensa mundial el Gobierno señaló que «la redistribución del poder global podría generar situaciones de conflicto. En diversas regiones del mundo, la estabilidad está garantizada por un delicado equilibrio de poder entre las potencias. El Mar del Sur y del Este de China, Europa Oriental y Medio Oriente constituyen escenarios de indudable competencia estratégica. El principal riesgo refiere a la mayor predisposición de algunos Estados a apelar a la resolución de conflictos mediante el uso de la fuerza».
También en el análisis regional el documento anexo que acompaña el plan de reforma militar se destacó la crisis que atraviesa Venezuela y denuncia que el gobierno de Maduro «persiste en sus esfuerzos por consolidar un régimen autoritario que viola de manera sistemática las libertades fundamentales y los derechos políticos de sus ciudadanos». Este es un tema central para la actual situación del régimen de Maduro donde tanto la diplomacia como la defensa argentina están muy atentos.
Por todo esto, el plan de cambio de nombres en el Ministerio de Defensa va más allá de un esquema coyuntural de poder y apunta a un proyecto global mucho más ambicioso.