La Comisión de Acusación y Disciplina abrió esta mañana las declaraciones juradas del juez federal Luis Rodríguez, tanto los formularios de acceso público como sus anexos reservados, en una reunión a puertas cerradas que se extendió por casi dos horas.
Fue conducida por el secretario de la Comisión, Andrés García, y tal como estaba previsto, no estuvo el magistrado –que había sido notificado la semana pasada en caso de que quisiera presenciar el acto-, aunque sí estuvo presente su abogado Oscar Vignale. Se procedió a la apertura de todas sus declaraciones desde el año 2006, cuando era juez de Instrucción, en adelante, hasta la última disponible correspondiente al 2017.
Participaron los asesores de los integrantes de la Comisión ya que «por tratarse de un acto administrativo, no era necesario que estuvieran los consejeros», explicaron en el cuerpo.
Ante la presencia de Vignale, los asesores fueron tomando notas de los datos de bienes inmuebles y su ubicación, vehículos, fechas de adquisición, origen del dinero y cuentas bancarias. Parte de estos datos estaban en los sobres lacrados de los anexos reservados, que contenían también las declaraciones de Rodríguez ante la AFIP.
Según pudo reconstruir Infobae, de los datos patrimoniales declarados por Rodríguez «no surgió nada llamativo, en principio». Además de un departamento en Palermo, una casa en Escobar y una camioneta Honda, el titular del Juzgado Federal Nº 9 no declaró otros bienes a su nombre suyo.
Al abrir los anexos reservados, surgió en la declaración correspondiente a 2016 la donación a su mujer de un departamento en la calle Juncal al 2100, en el barrio de Recoleta, cuya valuación fiscal es de 700.000 pesos. Según consta en la declaración jurada, el departamento tiene 50 metros cuadrados y es una donación familiar. En el entorno del Magistrado explicaron que «se trata del reparto de bienes entre sus hijos, que tenían los padres de la esposa».
Rodríguez está casado con Silvia Arcos Valcarcel, quien se desempeña en la Dirección General de Bibliotecas de la Corte Suprema, con el cargo de secretaria letrada.
«Tal como se comprobó hoy, el patrimonio no le varió sustancialmente a lo largo de los años, y es más que razonable para un magistrado con 40 años de carrera judicial», sostuvo un allegado a Rodríguez ante este medio.
«Vamos a pedir igualmente la apertura de las declaraciones juradas de ella, para ver si está declarado de la misma forma, así como los movimientos de la cuentas bancarias que ya fueron informadas por el Banco Central y las al menos tres tarjetas de crédito que tiene la pareja», explicaron fuentes de la Comisión.
La instrucción del expediente está en manos del consejero académico, Diego Molea, electo en representación de la universidades el año pasado. «Ahora deberemos cruzar las información de sus declaraciones juradas con la información que está llegando a la Comisión, respecto de sus gastos, para ver si surgen o no inconsistencias», le dijo a Infobae.
Qué patrimonio declaró
Según lo que informó Rodríguez en sus declaraciones juradas de acceso público –a las que accedió este medio a partir de un pedido formal al Consejo-, su patrimonio a fines de 2017 era en total de 4.350.000 pesos. Declaró un departamento de 215 metros cuadrados en el barrio porteño de Palermo, con un valor fiscal de 421.000 pesos, una cifra muy por debajo de su valor de mercado, que supera los 500.000 dólares.
También, una casa quinta con pileta en Escobar que valuó en $1.800.000 a valor fiscal, y una camioneta Honda CRV modelo 2009. Por último, declaró ahorros en el banco y en efectivo por 835.500 pesos y 61.000 dólares. Todos los bienes y el dinero son compartidos en partes iguales con su mujer. Los bienes a su nombre coinciden con los datos del Registro de la Propiedad Inmueble solicitados por la Comisión que llegaron la semana pasada.
El año pasado sumó una camioneta Audi Q15, según reveló el diario La Nación, cuyo valor de mercado ronda los 80.000 dólares. Esta adquisición que debería figurar en la declaración del 2018, que deberá presentar en el segundo semestre del año, fue confirmada por el Registro de la Propiedad Automotor en respuesta a un oficio a la Comisión.
Su actuación como juez
Si bien el expediente abierto contra Rodríguez por presunto mal desempeño tiene como uno de sus ejes el posible enriquecimiento ilícito o un nivel de gastos que no se corresponda con su sueldo como juez federal (que a fines de 2017 era de unos 182.000 pesos mensuales), no es el único.
El otro tiene que ver con su actuación como juez. En ese sentido, la Comisión ya le pidió al juez Claudio Bonadio los expedientes vinculados a Daniel Muñoz en los que actuó Rodríguez, hasta que la Cámara Federal lo aportó y esas causas quedaran en manos del magistrado a cargo de la causa de los cuadernos.
La sospecha es que Rodríguez buscó favorecer al ya fallecido ex secretario privado de los Kirchner, a su viuda Carolina Pochetti y a su entorno. Pero Bonadio aún no envió copia al Consejo de esa investigación por lavado de dinero contra Muñoz.
En la Comisión buscarán comparar qué hizo Rodríguez cuando tuvo el expediente, sin mayores avances, y qué pudo probar hasta ahora Bonadio. Por lo pronto, Rodríguez se había negado a detener a Pochetti y los señalados como sus testaferros, y a congelar sus bienes en los Estados Unidos, pese al pedido del fiscal Carlos Stornelli.La detención de todos ellos recién se produjo cuando la causa pasó a manos de Bonadio.
Las primeras dos denuncias contra Rodríguez son de noviembre pasado, realizadas por legisladores de la Coalición Cívica y el abogado Ricardo Monner Sans, y estaban vinculadas justamente a su actuación en la causa contra Muñoz, por lavado de dinero, y a la de la mina de Río Turbio, en la que estaba siendo investigado Julio De Vido. En ambos expedientes, la Cámara Federal le llamó la atención y le sacó las causas.
La acusación de presunto cohecho
Sin embargo, la investigación contra Rodríguez tomó impulso luego de las declaraciones a principios de febrero de tres arrepentidos en la causa de los cuadernos. Ante los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo sostuvieron que el magistrado habría cobrado una coimas de alrededor de 10 millones de dólares para frenar la investigación contra Muñoz.
La primera que lo admitió como arrepentida fue Pochetti. En el mismo sentido declararon la agente inmobiliaria Elisabeth Municoy, quien actuó como testaferro de Muñoz, y el histórico contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. A partir de estas afirmaciones, tanto los legisladores de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic, como Monner Sans ampliaron sus denuncias. Se sumó la de Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que incluyó en su presentación los tres sobreseimientos dictados por Rodríguez al ex funcionario kirchnerista Carlos Liuzzi, dos de ellos revertidos por la Cámara, que lo apartó de esos expedientes.
Las declaraciones de los arrepentidos que se refirieron a Rodríguez ya fueron pedidas por la Comisión de Acusación a Bonadio, ya que aún no constan formalmente en el expediente abierto en el Consejo, más allá de las publicaciones periodísticas recogidas en las denuncias. Pero este magistrado aún no las envió. De hecho la de Manzanares aún no está homologada, por lo que no fue incorporada formalmente a la investigación en el Consejo.
Sin embargo, hay dudas sobre si este magistrado las enviará, ya que fue reticente a compartirlas con otros jueces en Comodoro Py que se las solicitaron para causas que tramitaban en sus juzgados.
Es por eso que el abogado de Rodríguez presentó un escrito al Consejo en el que solicita a la Comisión que se las pida al fiscal federal Gerardo Pollicita, que es quien tiene delegada la investigación de la causa penal contra Rodríguez por el presunto cobro de una coima. Ese expediente recayó en el Juzgado de Sebastián Casanello. Vignale citó el fallo de la Cámara Federal que habilitó a los fiscales a intercambiar esas declaraciones entre sí, a fin de avanzar en sus investigaciones.
