En medio de cierta incertidumbre por la difícil negociación de la deuda –y de fastidio por el impacto del ajuste sobre las jubilaciones-, causó sorpresa la reapertura de otro frente por parte de Alberto Fernández. El Presidente insistió con sus definiciones sobre detenciones arbitrarias y lawfare cuando parecía saldada, al menos de momento, la pulseada con el kirchnerismo duro por la categoría pretendida de “presos políticos”. Y repuso la cuestión con un tuit bien elaborado, incluido un breve video. Es decir, no fue un arrebato por algún enojo como ha ocurrido en otros casos. Eso mismo dio más volumen a un par de mensajes: a la Justicia y a la interna del oficialismo.
El tema de la Justicia es especialmente delicado. En medios oficialistas admiten que se vienen sumando elementos inquietantes: el último es el proyecto para modificar y podar el régimen jubilatorio para jueces y funcionarios judiciales. La iniciativa está emparentada con otro rubro áspero para la gestión presidencial, que es la suspensión de la movilidad previsional, pero no es el único dato. Todo ocurre mientras sigue pendiente la reforma judicial anunciada por el Presidente, cuyo perfil y profundidad son aún un interrogante pero opera –incluso por eso mismo- como un elemento de presión o advertencia sobre todo para el fuero federal.
Los dichos propios y las leyendas incluidas en el video difundido por el Presidente en Twitter parecen dirigidos también a cerrar filas en dos puntos: el primero, la defensa de la ex presidente y el intento de licuar todas las causas, en general, con el argumento de la persecución. Y el segundo, que la vía para lograrlo es judicial, es decir, que no estaría dispuesto a avalar una ofensiva en el Congreso y menos todavía, a jugar su carta como cabeza del Poder Ejecutivo. En otras palabras: ni ley ni decreto.
Alberto Fernández retoma en el tuit sus acusaciones sobre una era macrista de persecuciones y detención arbitraria de opositores. Acusa además “complacencia” judicial y mediática. Y vuelve sobre el lawfare. Se trata de un camino conocido en las posiciones del Presidente: ya no se trata sólo del razonable cuestionamiento al uso de prisiones preventivas en algunos casos, sino de una generalización cuyo límite no está claro y por eso mismo podría ser interpretada como extensiva a todas las causas que involucran a ex funcionarios o empresarios vinculados al kirchnerismo.
Es difícil que la lectura hacia afuera sea diferente. Se verá si tiene costo, pero en el frente doméstico buscaría mostrar compromiso con los procesados y hasta condenados, con el declarado límite para esa ofensiva, es decir, la Justicia. Luego de aludir a causas “armadas” y situaciones que no deberían persistir, dice el texto sobreimpreso en el video: “A 2 meses de gobierno, comenzamos a reparar los daños realizados, exigiendo que se revisen los procesos judiciales irregulares y arbitrarios”.
Mensaje claro. Sólo en un punto se vincularía con el clima de pulseada por la deuda y el difícil cuadro económico: antes que una diagonal para cambiar el foco de atención social –una interpretación forzada y hasta poco práctica sobre el supuesto manejo de la agenda pública desde el poder-, podría ser un complemento. En esa interpretación, un guiño para evitar fisuras domésticas ante la posibilidad de días complicados, tanto en la negociación de la deuda –especialmente con los privados- como en el día a día de la economía.
Ayer mismo, pudo advertirse otro síntoma en el interior del oficialismo, también vinculado a las causas por corrupción. Hubo medida toma de distancia del proyecto de cinco legisladoras del Frente de Todos que apunta a limitar las prisiones preventivas con un argumento original: si resulta afectada la “precepción pública” sobre los involucrados por la difusión de un caso judicial o de una investigación. Doble objetivo: condicionar a la Justicia y golpear la libertad de prensa.
Pero lo significativo fue que, por la vía de voceros y no con una declaración, desde las cercanías de Cristina Fernández de Kirchner negaron respaldo al proyecto. También en el Gobierno rechazaron que pueda estar en la agenda parlamentaria del oficialismo. No hubo descalificación abierta sobre el contenido, más bien expresión de desinterés en esta momento, cuestionamiento por extemporáneo o poco sustento jurídico.
La reacción en la Casa Rosada y en las cercanías de la ex presidente aparecía en esa lectura de entrecasa como nueva muestra de sintonía entre Alberto Fernández y CFK. Esa sintonía también sería adjudicada al juego de posiciones sobre la deuda, entendido como una especie de contrapunto concertado para exponer dureza y a la vez voluntad negociadora frente a los interlocutores privados y el Fondo. No parece gente muy impresionable y las tratativas no son sencillas. De todos modos, cerrar filas podría ser imaginado como un objetivo o necesidad no estrictamente domésticos.
