El presidente Alberto Fernández le pidió a su par de China, Xi Jinping, el envío de unos 1.500 respiradores que ese país no utilizaría debido a la baja de casos de coronavirus.
El pedido se hizo mediante una carta enviada esta mañana y la decisión se tomó luego de que el gobierno argentino analizó cómo China revirtió cuatro días consecutivos de alzas de infectados, luego de que aumentaron las medidas para contener el número de casos que llegan del extranjero.
La idea de la Casa Rosada es distribuir los respiradores de China entre hospitales, clínicas y sanatorios del sistema de salud pública y de las obras sociales sindicales, mientras se insistió en que el Estado le comprará toda su producción a las dos empresas argentinas especializadas en fabricar estos equipos, una ubicada en la provincia de Buenos Aires y la otra en Córdoba.
Hasta ahora, en medio de la pandemia, como anticipó Infobae, China es el único país que concretó una ayuda en equipamientos y asistencia sanitaria para nuestro país.
La embajada china en Buenos Aires ya entregó 2.500 kits de reactivos para diagnosticar COVID-19, 5.000 trajes de protección desechable, 2.500 trajes de protección desechable de uso industrial, 5.000 trajes aislantes, 2.000 antiparras de protección, 66.000 barbijos N95, 100.000 barbijos médicos, 30.000 barbijos quirúrgicos, 60.000 barbijos descartables, 20.000 guantes descartables, 22.000 cofias descartables, 550 termómetros digitales, 3 termómetro infrarrojo-digital para uso en aeropuertos y el servicio gratuito de Sistemas de Detección de Epidemia.
Durante una reunión de Alberto Fernández con el embajador chino en Buenos Aires, Zou Xiaoli, que se realizó el 17 de marzo, también se acordó que en estos días el gobierno de Pekín enviará el segundo envío de material de asistencia sanitaria con otros 50.000 kits de reactivos y 10 respiradores.
La solicitud argentina de 1.500 respiradores a China fue revelada durante un encuentro que tuvo lugar esta mañana entre el ministro de Salud, Ginés González García; dirigentes de la CGT, presidentes y directores médicos de las obras sociales, representantes de las prepagas y el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, para analizar la forma en que se encarará la emergencia sanitaria y coordinar los recursos de todos los sectores en la atención de quienes hayan contraído el virus Covid-19.
Durante el encuentro, el titular de Salud informó que en estos días habrá disponibles más tests para detectar el coronavirus porque un laboratorio extranjero que está en nuestro país importó una importante cantidad de kits de reactivos que acaban de ser autorizados para utilizarse en la Argentina.
El secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), acompañado por el presidente de la obra social de Comercio (OSECAC), Carlos Pérez, confirmaron luego que, de acuerdo con un relevamiento actualizado hasta hoy por la central obrera, hay disponibles unas 4.000 camas en los hoteles sindicales de todo el país que pueden alojar a quienes estén sospechados de haberse contagiado o que, aun infectados, representen casos de baja complejidad.
González García se comprometió el viernes pasado con la CGT a que el Estado se hará cargo de la compra y de la distribución del equipamiento necesario para que los sindicatos y las obras sociales puedan sumarse al operativo para reforzar el sistema de salud ante el coronavirus.
Según el ministro, el Gobierno derivará fondos de la Cobertura Universal de Salud (CUS) y del Fondo de Emergencia y Asistencia, creado en 2016 para “la asistencia en casos de epidemias o emergencias”, que se destinarán a la compra de respiradores, monitores y kits de protección (barbijos, camisolines, guantes y antiparras). En ese Fondo hay actualmente acumulados unos $10.000 millones.
La central obrera también pidió al Ministerio la habilitación para adaptar los espacios de clínicas y sanatorios de las obras sociales sindicales destinados a atender los casos de coronavirus, ya que prevé que, cuando se produzca el pico de casos de enfermos, deberá transformar lugares de internación general en salas de terapia intensiva que tienen otras necesidades de equipos e insumos.
Hubo una primera reunión a solas entre Ginés González García y la dirigencia sindical, en donde el ministro se comprometió a entregar los fondos para el equipamiento y a apurar para antes de fin de mes el pago a las obras sociales de los $4.800 millones en concepto de reintegros por prestaciones médicas de alto impacto económico y de tratamiento prolongado, casi un tercio de de los $15.000 millones que les debe el Estado y que proviene de recursos acumulados de la seguridad social.
Por su parte, los gremialistas le agradecieron al ministro la reciente prórroga del decreto 251, que facilitará que las obras sociales cobren los intereses de la deuda de la empresa OSDE con el Estado y así estas entidades podrán recibir entre 250 y 300 millones de pesos adicionales por mes.
La CGT, además, le pidió al ministro la desregulación impositiva del equipamiento que se compre y la eliminación de las actuales restricciones de homologación de los respiradores, ya que no todos están autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para ser usados en el país, para lo cual se otorgarían permisos a más marcas y modelos.
Por otra parte, el secretario general del Sindicato de Sanidad Capital, Héctor Daer, hizo una propuesta que fue aceptada de inmediato: ofreció ponerse en contacto con universidades y con la comunidad científica para reclutar y capacitar en temas específicos a los estudiantes de medicina o de enfermería que están en últimos años de su carrera, como una forma de reforzar el plantel profesional del sistema de salud que, según se estima, no alcanzaría en todo el país si llegara a crecer el número de infectados por el coronavirus.
