Roma les sienta bien a los dos. Y por segunda vez consecutiva en casi seis meses, Alberto Fernández y Kristalina Georgieva se encontrarán en la capital de Italia para analizar la negociación de la deuda externa, un hecho político, económico y financiero que causa fuertes discusiones internas en el Frente de Todos y complica la agenda geopolítica de la Argentina con los países más poderosos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La reunión con Georgieva será durante las deliberaciones del G20 en Roma y Alberto Fernández estará acompañado por el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
El Presidente propone una reducción de los sobrecargos, muchísimo plazo de financiación y una quita del capital de la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por Mauricio Macri cuando ocupaba la Casa Rosada. El board del FMI -integrado por países poderosos como Estados Unidos, Alemania y Japón- no acepta esa propuesta y exige un programa económico sustentable para los próximos cuatro años.
Alberto Fernández insistirá frente a Georgieva con su propuesta de máxima, pero la directora gerente tras su affaire con China ha perdido peso en la Casa Blanca y la Secretaría del Tesoro. La directora gerente se había comprometido en acelerar la reducción de los sobrecargos que se imputan sobre la deuda -cerca de 1.000 millones de dólares al año-, pero ese compromiso se convirtió en papel mojado.
Argentina no tiene una sola posibilidad de obtener una caída en los porcentajes de los sobrecargos durante 2021, como esperaban el Presidente y su ministro de Economía. En este punto, el board del FMI está inflexible y no hay punto de retorno.
En Washington explican que la reducción de los sobrecargos es un aspecto más de la negociación y que en primera instancia Argentina debe presentar un programa económico sustentable. El contenido de ese programa provoca un fuerte debate interno en la coalición oficialista que sólo será saldado cuando se conozcan los resultados de los comicios de noviembre.
No es un secreto de Estado que el Gobierno perderá las elecciones legislativas, y en este contexto el interrogante está planteado acerca de las consecuencias políticas internas tras una derrota ante Juntos por el Cambio. Los efectos internos de los comicios pueden afectar el programa económico que Guzmán ya ha conversado con el FMI, y en DC han decidido esperar hasta que todo decante en Balcarce 50.
Al margen de los sobrecargos, Alberto Fernández planteará a Georgieva que Argentina necesita un plazo extenso para pagar la deuda de capital y que pretende sumarse a cualquier otra iniciativa del FMI que permita auxiliar la situación de las reservas públicas. En 2022, el país tiene que pagar 18.000 millones de dólares, y esas partidas no existen en el Banco Central.
El Fondo Monetario Internacional está dispuesto a otorgar un crédito de Facilidades Extendidas, pero a cambio exige un programa económico que tenga un explícito respaldo político en el Congreso. Ese respaldo no existe en la coyuntura y será muy difícil que sucede en las próximas semanas.
Juntos por el Cambio rechaza la estrategia del control de precios, la posición oficial sobre los mapuches y el plan oficial desplegado para enfrentar al COVID-19. Desde esta perspectiva, sumado al probable triunfo electoral, torna muy compleja la posibilidad de un acuerdo político para facilitar las negociaciones con el FMI.
Alberto Fernández estableció una relación fluida con Georgieva, y apuesta a su comprensión geopolítica para lograr una avance en las negociaciones. La directora gerente entiende las necesidades del presidente argentino, pero su margen de maniobra se achicó considerablemente. Y más cuando se trata de la Argentina: en Washington no comprenden porque Guzmán fija una posición factible sobre la deuda en las reuniones reservadas, y después le echa la culpa al FMI cuando expone ante los militantes kirchneristas en el CCK.
