La continuidad de Alejandra Gils Carbó es por estos días materia de debate. Muchos sectores de la sociedad, además de la oposición, se pronunciaron a favor de que el próximo gobierno pueda contar con un procurador general independiente.
Es que la funcionaria ya afirmó que seguirá en su puesto, aún si el oficialismo es derrotado en las elecciones del 22 de noviembre. «Si gana Mauricio Macri trabajaremos en conjunto», le dijo a Infobae semanas atrás.
En Cambiemos esperan otra respuesta. La diputada Laura Alonso sugirió que si Gils Carbó no renuncia impulsarán un juicio político en su contra. «Sobran razones. Cambia, todo cambia», dijo.
Consciente de esa presión, la procuradora busca por estos días respaldo. La semana pasada se mostró con sus pares de la región en lo que buscó mostrar como una muestra de apoyo. Y ahora lanzó una campaña para hacer algo similar fronteras adentro. Hizo circular un documento entre los fiscales para que se expresen a favor de su permanencia en el cargo, que es motorizado por la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.
En el documento, los firmantes expresan su «profunda preocupación por manifestaciones de distintos actores políticos que, en plena campaña electoral, ejercen una ilegítima presión sobre la Sra. Procuradora General de la Nación, exigiéndole su renuncia».
«Esta actitud resulta contraria al Estado de Derecho y a las instituciones de la República», reprochan. Y subrayan que Gils Carbó fue «designada con las mismas exigencias que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y su eventual remoción solo puede ser gestionada en base a las mismas causales y procedimientos establecidos para aquellos magistrados (comisión de delitos o mal desempeño), por lo que consideramos un inaceptable agravio a un poder autónomo como el MPF de la Nación este tipo de conductas».
En ese sentido, recordaron un reciente documento elaborado por los fiscales generales de Bolivia, Costa Rica, Portugal, Panamá, Cuba, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y dieron «un voto de apoyo a la señora procuradora general de la República Argentina, enfatizando la necesidad de que se observen los mecanismos constitucionales para la designación y permanencia en el cargo de titular de la Procuraduría General del país hermano».
Entre los firmantes se destacan varios miembros de Justicia Legítima: el secretario Jorge Auat (titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad), los vocales Javier De Luca (fiscal ante la Cámara de Casación) y Félix Crous (fiscal de la Oficina de Enlace Legislativo), y los vocales suplentes Alejandro Alagia (el fiscal que dijo que el Código Penal es «sexista, racista, clasista») y Daniel Adler (fiscal general de Mar del Plata).
También aparecen las rubricas de la ex secretaria de Seguridad de la Nación y actual fiscal Cristina Caamaño, que reemplazó durante su suspensión a José María Campagnoli; el fiscal Adolfo Villate, quien se peleó con el periodista Jorge Lanata durante el jury a Campagnoli; y el fiscal antilavado Carlos Gonella –procesado por no investigar a Lázaro Báez.
