El juicio comenzó el jueves por la mañana en Brandenburg an der Havel, al este de Alemania, en presencia del acusado, que necesita un andador para caminar y comparece en libertad.
Su abogado, Stefan Waterkamp, explicó que su cliente «no se expresará» sobre los hechos que se le imputan.
«El acusado no hablará, solo dará información sobre su situación personal», dijo el letrado.
Josef S. tenía 21 años cuando comenzaron los hechos que se juzgan. Es sospechoso de haber fusilado a prisioneros soviéticos y «de ayuda y complicidad en muertes por gas».
Desde que fue abierto, en 1936, hasta su liberación por los soviéticos, el 22 de abril de 1945, por el campo de Sachsenhausen pasaron unos 200.000 prisioneros, principalmente opositores políticos, judíos y homosexuales.
Decenas de miles de ellos murieron de agotamiento debido a los trabajos forzados y a las crueles condiciones de detención.
Christoffel Heijer, de 84 años, está presente en el juicio. Su padre era un resistente holandés que fue detenido en 1941 por la Gestapo y fue fusilado en mayo de 1942 en el campo.
«Mi madre recibió una carta suya el 3 de mayo de 1942, antes de que fuera fusilado. Cuando supo, días después, que había muerto lloró mucho y todo su cabello encaneció de repente», recuerda.
El juicio se realiza una semana después de la audiencia fallida contra Irmgard Furchner, de 96 años, una exsecretaria de otro campo de concentración nazi.
Su primera audiencia debió aplazarse al 19 de octubre después de que la anciana intentara fugarse y estuviera huida algunas horas, justo el día en que empezaba el juicio.
En los últimos 10 años, Alemania ha juzgado y condenado a cuatro exmiembros de las SS, al extender a los guardias de los campos y a otros ejecutores de las órdenes nazis la acusación de complicidad por asesinato, para ilustrar así la severidad de su justicia, considerada sin embargo tardía por las víctimas.
Josef S. «no está acusado de disparar contra alguien en particular, sino de haber contribuido a estos actos por su trabajo de guardia y de haber estado al tanto de que estos asesinatos ocurrían en los campos», explicó la portavoz de la fiscalía de Neuruppin, Iris le Claire.
El acusado se expone a un mínimo de tres años de prisión, pero su pena sería simbólica dada su avanzada edad.
En agosto, un médico lo declaró apto para comparecer, con la condición de limitar las 22 audiencias previstas hasta enero a un máximo de dos horas.
Para Stephanie Bohra, investigadora del museo berlinés Topografía del Terror, dedicado a los crímenes nazis, «estos procesos son particularmente importantes para los sobrevivientes y sus descendientes. Ellos desean que se haga justicia y que los crímenes sean resueltos».
Otros historiadores y expertos resaltan que son juicios donde lo esencial es rescatar la memoria.
«Se trata de confirmar que la Alemania unificada está decidida a llegar hasta el fondo del pasado nazi, en un contexto en el que, desde inicios de los años 2000, el recuerdo del genocidio de los judíos fue puesto en el centro de la identidad nacional», sostuvo.
En julio de 2020, un tribunal condenó a dos años de prisión suspendida a un exguardia del campo de Stutthof, Bruno Dey, de 93 años.
Otros ocho casos de exmiembros de las SS son evaluados por diferentes fiscalías alemanas.
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