Efectivos de prefectura realizan operativos simultáneos en la AFA, Agremiados y la sede de Independiente, en el marco de una causa que investiga a Hugo y Pablo Moyano por los delitos de lavado de dinero, que se encuentra en manos del juez federal Luis Armella.
De acuerdo a la investigación, ambos dirigentes sindicales están imputados por haber montado una estructura dentro del club destinada presuntamente a cometer delitos y lavar dinero de diferentes formas.
La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, acusó a los Moyano de cometer cuatro delitos durante su primera etapa en la administración de Independiente (2014-2017). La investigación se inició a partir de la declaración indagatoria del jefe de la barra brava del club Pablo «Bebote» Álvarez y de Damián Langaronne, su hombre de confianza.
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Los principales hechos por los que la fiscal pidió investigar la actuación de los Moyano en Independiente son la supuesta extorsión a diferentes empresas privadas para obtener beneficios propios o materiales para la construcción del estadio de Independiente y el manejo irregular de los pases de los jugadores, entre otros delitos.
Sobre este último punto, «Bebote» Álvarez aseguró que Pablo Moyano controlaba todas las operaciones de los jugadores. Según relató el jefe de la barra, negociaba con los representantes la situación de cada futbolista.
En las oficinas de la Asociación Argentina de Fútbol, los efectivos de prefectura solicitaron registro de los jugadores de Independiente y se retiraron. Mientras que en la sede del club, en Avellaneda, la custodia se mantiene y el registro se hace piso por piso.
Infobae
