En 2014, cuando Infobae reveló que el entonces vicepresidente de la Nación Amado Boudou tenía domicilio en la calle Zado 3231 de Villa Urquiza, otro dato sobre el ex vicepresidente quedó al descubierto.
Boudou había sido secretario de Hacienda y Finanzas del Municipio de la Costa y había fijado domicilio –según constaba en el mismo DNI que hacía referencia a la calla Zado- en Costanera 3365, San Bernardo. Esa dirección correspondía a la playa y aquel domicilio fue bautizado por el ingenio popular como «el médano de Boudou».
A partir de la revelación de aquel dato sobre otra dirección inexistente, se hizo una denuncia judicial que fue archivada en el año 2015.
En septiembre de 2014 Marcos García, concejal de la agrupación vecinal «A toda Costa», denunció el hecho en una unidad fiscal de Mar del Tuyú, Partido de la Costa. En la fiscalía pidieron que el caso fuera investigado por la justicia federal de Dolores, ya que por entonces Boudou era la segunda autoridad del país. Un juez de Garantías de Mar del Tuyú envió el caso a esa localidad.
El juez federal de la jurisdicción de Dolores es Alejo Ramos Padilla, integrante de Justicia Legítima, el colectivo judicial que respalda las políticas del kirchnerismo.
El fiscal del caso fue Orlando César Giménez, en quien Ramos Padilla delegó la investigación.
Según se desprende del expediente al que tuvo acceso Infobae en fuentes judiciales, Giménez no logró que el denunciante ratifique la denuncia. Lo buscaron, pero no lo hallaron, por más que fuera concejal. Dice el fiscal Giménez que inclusive lo mandaron a buscar por la Prefectura Naval de General Lavalle. Nunca jamás se presentó a ratificar la denuncia.
Pero la desestimación de la investigación no sólo se basa en la ausencia de la ratificación del denunciante. Tiene una parte un tanto insólita: el fiscal dijo que como el documento presentado en la denuncia era una fotocopia impresa de una página web, no era un documento público «ideológicamente falso». Es decir que el fiscal no pidió la documentación resguardada en el Registro Nacional de las Personas que aparece volcada en el DNI para corroborar que lo que se veía en la fotocopia fuera cierto.
Otro argumento para cerrar el caso que esgrimió Giménez es que el DNI está destinado a acreditar la identidad de las personas, no el domicilio.
Y que Boudou no ha perjudicado a nadie con los datos en su DNI. El juez Ramos Padilla, sin impulso fiscal, cerró la causa. Lo único que le quedaba a Ramos Padilla era controlar que el procedimiento de Giménez fuera correcto.
Y así lo consideró. Para Ramos Padilla la desestimación por inexistencia de delito estuvo bien fundamentada y en agosto de 2015, cuando Boudou todavía era el vicepresidente de la Nación, el caso quedó archivado.
El caso del «médano» está cerrado, en cambio el del domicilio falso en la calle Zado está abierto. Y por eso el juez Ariel Lijo citó al ex vicepresidente de la Nación a indagatoria para el 24 de mayo próximo.
Omar Lavieri/Infobae
