Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiquespresentaron ante el juez Julián Ercolini una ampliación de la imputación que realizaran en agosto pasado en la que habían solicitado que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner sea llamada a indagatoria por la millonaria entrega de obra pública al empresario y socio del matrimonio presidencial Lázaro Báez.
El juez Ercolini fijó fecha de indagatoria para la ex Presidente para el lunes 31 de octubre. También fueron citados a declarar el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Báez entre otros.
Los fiscales analizaron otras 15 obras públicas viales realizadas por las empresas de Báez en las que se detectaron irregularidades. Sostienen, en un dictamen al que Infobaeaccedió en fuentes judiciales, que del nuevo análisis «se verifica que en todas las obras analizadas que le fueron adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz se verifican numerosas y graves irregularidades que demuestran la existencia en los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los ex presidentes en perjuicio de las arcas del Estado».
En su pedido de ampliación de imputación, los fiscales listaron además 13 operaciones comerciales que realizaron Néstor y Cristina Kirchner con empresas de Báez. Entre ellas se hallan la constitución de un fideicomiso, una permuta y varias compra-venta de terrenos.
Pollicita y Mahiques detectaron –a partir de un informe de la Dirección nacional de Vialidad- que un mismo representante técnico de la empresa de Báez fue designado para controlar la marcha de caso dos decenas de obras al mismo tiempo en toda la provincia de Santa Cruz. Y que se utilizó la misma maquinaria vial para realizar diferentes obras que se superpusieron en el tiempo.
En la ampliación de la imputación, los fiscales establecieron que hubo reasignaciones de fondos destinados a contribuir con la maniobra investigada: «Precisamente, se advierte que estas herramientas colocadas a disposición de las autoridades de gobierno para manipular los fondos públicos fueron de gran utilidad en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios —con todo lo que este implicaba en razón de su variada competencia— para desviar fondos de otras áreas de esa cartera hacia la D.N.V., y de ese modo, cubrir las erogaciones de las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, el único contratista de obra pública vial al que no se le adeudaba nada al finalizar el mandato de Cristina Fernández de Kirchner».
Para los fiscales, «así, al amparo del relato oficial que hacía principal hincapié en la importancia de la obra pública vial como motor para el desarrollo de la economía del país, se enmascaraba bajo este manto de legalidad, la verdadera voluntad de los ex presidentes que consistía en dotar de recursos a la Dirección Nacional de Vialidad para que, al menos en la provincia de Santa Cruz, se instrumentara una matriz de corrupción dirigida a sustraer fondos del Estado a través de la obra pública vial en complicidad con empresarios amigos, entre ellos, Lázaro Antonio Báez».
Otras de las irregularidades detectadas por los fiscales es la del proceso de licitación de las obras analizadas. Se detectó que se presentaban tres empresas del mismo grupo empresario de Báez, que se alternaban al momento de la adjudicación y que eso incrementaba el precio pautado en el presupuesto: «El propósito de la participación múltiple en un mismo proceso licitatorio, como dijimos, consistió en simular en los papeles una supuesta competencia entre oferentes que en la realidad no existía, lo que permitía, por un lado, cumplir con el requisito de multiplicidad de ofertas y, por el otro, aumentar el costo de la obra vial a través de cotizaciones superiores al presupuesto oficial».
Para Pollicita y Mahiques, en la maniobra en la que participaban además las autoridades de Vialidad de Santa Cruz, la celeridad para entregarle obras a Báez también constituye una irregularidad. Los trámites en los casos de obras adjudicadas a algunas de las empresas de Báez tardaban mucho menos en comparación con otros contratos realizados. Se detectó que «entre la fecha de apertura de la licitación y el inicio de la obra transcurrían, en valores promedio 38 días, cuando en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad, según sostuvo el propio organismo, el término de duración habitual para transitar esa etapa demoraba aproximadamente 210 días, es decir prácticamente cinco veces más que en los casos en los que se presentaban las empresas de Lázaro Báez».
