Angelo Calcaterra, ex dueño de la constructora IECSA, adelantó su indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, en el marco de la causa que investiga el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, proceso en el cual la compañía del empresario había sido beneficiada como parte de una UTE que también integraban la brasileña Odebrecht y la italiana Ghella.
El ejecutivo, que estaba citado para mañana, llegó muy temprano a los tribunales de Comodoro Py, tal como había sucedido la semana pasada, cuando se presentó como arrepentido en el caso de los cuadernos. Esta vez presentó un escrito para dar explicaciones por el supuesto pago de sobornos para direccionar la licitación de este gigantesco proyecto.
Martínez De Giorgi dispuso desde el mes de junio de este año una serie de declaraciones, en las que citó también al ex ministro de Planificación Julio De Vido; los ex secretarios de Obras Públicas José López y de Transporte Ricardo Jaime, y empresarios de las firmas Comsam, Ghella y Odebrecht, entre los que está mencionado Marcelo Odebrecht.
Según el llamado a indagatoria se detectaron una veintena de irregularidades en el proceso licitatorio del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
«La falta de información concreta de la obra y la oportunidad en que se dio a conocer el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas afecta gravemente la transparencia del proceso de selección. Dicho accionar reviste, por otro lado, aptitud para vulnerar los principios de concurrencia e igualdad a la vez que se presenta como la primera manifestación de una serie de simulaciones legales que dan cuenta de un quebrantamiento del normal desenvolvimiento de la administración pública», señaló el magistrado en su escrito.
El juez, además, mantiene otra causa en la que se investiga a Odebrecht: se trata de las irregularidades en la licitación a favor de la empresa brasileña para hacerse cargo de las obras del «Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008». Esta investigación estuvo a cargo de Daniel Rafecas, pero en julio de este año resolvió enviar el expediente a Martínez de Giorgi.
En marzo de 2018, el mencionado Rafecas procesó a De Vido, al ex secretario de Energía Daniel Cameron, y a los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar, respectivamente, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública.
Aquel procesamiento se había dictado porque los ex funcionarios kirchneristas «realizaron una serie de actos tendientes a favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht para que esta resultara adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada ‘Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–’, contratos que debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y que en cambio fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial».
