La imputación por presunto mal desempeño en la función pública contra los responsables políticos y militares del hundimiento del ARA San Juan, que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2017, está a días de prescribir.
Esto es así porque el 25 de octubre de 2017 se cumplirá el segundo aniversario de la zarpada del submarino, junto a sus 44 tripulantes, desde la Base Naval Mar del Plata.
Y si bien está sobradamente acreditado que los militares fallecieron el 15 de noviembre, Valeria Carreras, una de las abogada de la querella unificada en la causa, indicó que el delito que habrían “perpetrado” los funcionarios públicos se configuró “el día que el ARA San Juan zarpó de la base naval sin las inspecciones de seguridad ordenadas”, como consta en documentos oficiales clasificados como “secretos” que Infobae publicó en exclusiva.
Por ende, si se cumplen dos años del hecho y los funcionarios en cuestión no son imputados en la causa -es decir, comienzan a ser investigados como sospechosos-, les aplicaría el instituto de la prescripción. Es decir, no se podrían impulsar acciones penales contra ellos a menos que continúen en sus funciones. En ese caso la acción solo prescribiría una vez que dejen de ser funcionarios. La causa no tiene imputados.
Para evitar que este tramo de la causa quede afectado por la prescripción, al menos para los integrantes de la Armada que ya dejaron sus funciones, la abogada Carreras, junto a Fernando Burlando y Lorena Arias, solicitarán las imputaciones de los oficiales que por decisión del ministro Aguad, fueron pasados a retiro.
Se trata del ex jefe de la Armada al momento de la mayor tragedia de esta Fuerza en tiempos de paz, almirante Marcelo Srur; el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, por entonces comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada; el excomandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide y el contralmirante Gabriel González, en ese momento jefe de la Base Naval Mar del Plata.
Este último pidió el retiro el 25 de noviembre de 2017 porque, según sus propias palabras, “no se le decía la verdad a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan”.
En su declaración testimonial ante la jueza Marta Yañez, el oficial relató que: “Un día llegaron el ex jefe Marcelo Srur y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y les dijeron a los familiares que habían detectado siete llamadas desde el submarino. Pero eso no era verdad. Los familiares se pusieron contentos pero yo traté de calmarlos porque sabía la realidad de las cosas”.Un día antes de su solicitud, en conferencia de prensa el presidente Mauricio Macri pidió “no aventurarse en buscar culpables”.
En diálogo con Infobae, Carreras anticipó que «esta querella tiene previsto para los funcionarios públicos que están en funciones aún y que lo estén al 25 de octubre de 2019, no solo imputarlos por el delito de mal desempeño de funcionario público sino también, según corresponda, y de acuerdo a la prueba colectada, por el delito de homicidio reiterado con dolo eventual y abandono de persona, por haber dejado zarpar al submarino en esas condiciones, a realizar una misión que excedía su equipamiento tecnológico y su capacidad operativa, poniendo a la tripulación en altísimo riesgo de muerte y sin acudir en su auxilio en debida forma y tiempo dándose en concurso real el abandono de persona”
Los funcionarios en cuestión son: el Presidente de la Nación Mauricio Macri; el ministro de Defensa Oscar Aguad, la secretaria de gestión presupuestaria del ministerio de Defensa, Graciela Villata; , El capitán de Navío y actual agregado militar naval de la embajada Argentina ante los Estados Unidos, Enrique Balbi; el capitán de Navío Héctor Alonso, jefe del estado mayor de la Fuerza de Submarinos al momento del siniestro y el contraalmirante Eduardo Malchiodi, jefe de Mantenimiento y Arsenal de la Armada.
Los presuntos delitos, según Carreras, “están sobradamente acreditados en el expediente e incluso en la documentación recabada por la Comisión Bicameral parlamentaria que investigó la tragedia”.
Entre esos hechos, la letrada destaca que “la nave no estaba en condiciones de operar, especialmente en la denominada ‘área Juliana’ que tiene profundidades superiores a los 100 metros.
Tal como publicó este medio, un mensaje naval sellado como “secreto”, del día 10 de noviembre de 2016 detalla que el buque de guerra había limitado su profundidad operativa a tan sólo 100 metros (200 menos que su capacidad) por falta de mantenimiento. Una mayor profundidad de inmersión, indicaba, ponía en riesgo la estanqueidad del submarino.
Según esos documentos, el ARA San Juan había sobrepasado ampliamente los tiempos estipulados para su revisión. Concretamente, 18 meses, más del doble del tiempo recomendado por el fabricante.
“Esta causa revela el ADN de la justicia Argentina. La impunidad. Por eso esta querella cree que la tragedia del ARA San Juan se repetirá. La razón, a través de la causa penal que aún investiga que sucedió y quienes son los responsables de esta tragedia, no tiene castigo, ni imputados, ni siquiera los familiares conocen la verdad sobre lo que pudo haber pasado”, reflexionó. Y concluyó: “Una justicia lenta no es justicia, lo mismo que una justicia que se conforma con la historia oficial tampoco es justicia”, concluyó la abogada querellante.
Desde el juzgado de Caleta Olivia, allegados a la jueza Yañez dijeron a Infobae que la magistrada investiga delitos mucho más gravosos penalmente que el mal desempeño de funcionario público. Uno de ellos podría ser el presunto “espionaje ilegal” que podría haber estado realizando el submarino por órdenes de la Armada y del ministerio de Defensa. Sin embargo, a casi dos años del siniestro y de la muerte de los 44 marinos, la jueza aún no imputo a una sola persona.
Desde la querella unificada, y de los propios dolientes, hay quienes se preguntan si Yañez, como ocurre en los tribunales federales de Comodoro Py, estará esperando los resultados electorales de la elección presidencial para tomar alguna medida concreta.
El informe final de la Comisión Bicameral que investigó el siniestro y el posterior operativo de búsqueda y rescate, señaló que es “indudable la responsabilidad política del gobierno nacional, a través de su ministerio de Defensa por esta tragedia que se cobró las vidas de 44 argentinos”.
También cargó las responsabilidades en la cúpula de mando de la Armada en la que, además, existía “una interna” ante el inminente cambio de mandos en esa fuerza militar.
Además de centrar la responsabilidad en la cartera a cargo de Oscar Aguad, el documento recalca que también es indudable que el presidente Mauricio Macri «tiene un grado de responsabilidad » por su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
En el caso de Aguad, el documento se puso énfasis en “la falta de las diligencias adecuadas” porque el submarino “se encontraba realizando, según el Poder Ejecutivo Nacional, el mayor ejercicio naval de los últimos 30 años”. Ante semejante acontecimiento, indicó, no se tuvo en cuenta que la nave tenía “más de 30 averías o fallas técnicas previas a la autorización de la misión encomendada”.
La Comisión Bicameral también aseguró que “los responsables políticos manipularon la verdad de la información a los familiares desde los inicios”.
Al analizar qué fue lo que ocurrió, los legisladores aclararon que “es imposible un dictamen definitivo” dado que “no pueden peritarse los restos” del submarino y sus tripulantes, que siguen a más de 900 metros de profundidad y con pocas posibilidades de un rescate. Todo indica que el incidente ocurrido comenzó con “un principio de incendio en el balcón de baterías de la proa número 3, que obligó a la desconexión de la mitad de su sistema de propulsión”.
También se destaca que el problema se complicó porque desde la cadena de mandos “nunca se tuvo comprensión de la gravedad de la situación ni de la exactitud y magnitud de la avería y siempre se confió en el material”.
Según los especialistas, el principio de incendio se pudo haber originado en el ingreso de agua de mar «durante la maniobra de Snorkel, o por otra razón, de magnitud tal que deja a la unidad disminuida».
