ARA San Juan: el ministro Aguad pasará a retiro a dos altos oficiales de la Armada

En las próximas horas, el ministro de Defensa Oscar Aguad hará público un sumario elaborado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que establece las responsabilidades militares en la tragedia del ARA San Juan. Con esta actuación administrativa en sus manos, Aguad pasaría a retiro a los dos últimos oficiales en actividad que integraron la cadena de mando cuando la tragedia en alta mar terminó con la muerte de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

El ministro informará hoy a los oficiales de la Armada -sus nombres se mantienen en reserva por cuestiones legales- y a continuación hará publico un dossier de más de 200 fojas que define la responsabilidad administrativa de los oficiales que supuestamente fallaron al momento de evitar que el ARA San Juan termine en el fondo del Océano Atlántico.

Asimismo, el Ministerio de Defensa también pretende hacer públicas las conclusiones de la junta de expertos submarinistas que trabajó para demostrar que la cadena de sucesos que llevó a la tragedia arranca en la reparación de media vida de la nave, buscando así delimitar claramente quienes, por acción u omisión, contribuyeron desde la óptica oficial al trágico desenlace.

El Estado Mayor Conjunto es el organismo de jerarquía superior en la orgánica militar actual. Se encuentra a cargo del Teniente General Bari del Valle Sosa, un veterano de la Guerra de Malvinas, y por estas horas las fuentes consultadas por Infobae no supieron precisar si él mismo ha dejado su firma estampada en el documento -está actualmente de licencia- o si éste será dado a conocer con la firma del actual subjefe del organismo militar, el Brigadier Mayor Roberto Andreasen.

El sumario se enmarca en el nuevo reglamento de disciplina para las FFAA, que reemplazó al anterior Código de Justicia Militar derogado durante el gobierno de Cristina Fernández por iniciativa de la exministra Nilda Garré. La norma no es -como lo era el código anterior- parte de un fuero penal especial.

Apenas si constituye un marco disciplinario interno que puede contener penas que van desde un apercibimiento a la baja o retiro. Para el caso de delitos penales propios de la actividad militar, se han efectuado agregados y modificaciones al Código Penal de la Nación y por ende su aplicación está en poder de los jueces federales del fuero penal.

Las responsabilidades asignadas a la cadena de mandos navales con funciones en la operación del ARA «San Juan» entrarían dentro de las denominadas faltas disciplinarias gravísimas. En este contexto, al menos dos de los oficiales presuntamente responsables en forma parcial por la tragedia serían pasados a retiro por Aguad.

Interna política

Sin embargo, y pese a su rigor profesional, los legisladores opositores de la Comisión Bicameral ARA San Juan se niegan a tomar en consideración este sumario militar elaborado por el Estado Mayor Conjunto. Es que si decidieran incluirlo en las consideraciones finales de sus propias conclusiones, deberían postergar la difusión pública de su informe definitivo sobre la tragedia del ARA San Juan, prevista para el jueves 18 de julio.

Los diputados y senadores del Frente de Todos se resisten a otorgar una postergación porque creen que podría beneficiar al gobierno en plena campaña electoral. Para los representantes del kirchnerismo en la comisión bicameral ARA San Juan, el informe final implicaría un fuerte costo político para Mauricio Macri y su ministro Aguad, y por eso quieren difundirlo cuanto antes.

El martes pasado, tal como informara Infobae, los senadores y diputados que conforman la bicameral -cuyo único objetivo es establecer las responsabilidades políticas en la tragedia que costó la vida de 44 miembros de la Armada Argentina- se reunieron con el propósito de proceder a la firma del informe final sobre las presuntas responsabilidades en el siniestro.

La oposición alineada en la actualidad en el «Frente de Todos», y que tiene la mayoría, intenta aprovechar el momento preelectoral para cargar las tintas sobre la actual conducción de la cartera de Defensa, y de modo colateral con Macri, prescindiendo de eventuales responsabilidades de gestiones anteriores.

El oficialismo, por su parte, comunicó a los parlamentarios que está concluido el sumario militar que el Estado Mayor elaboró por orden del Ministerio de Defensa. Considerando que se trata de un documento producido nada menos que por la máxima autoridad militar de la Nación, con resultados extremadamente precisos en materia de asignación de responsabilidades, resultaría muy extraño que la Bicameral emitiera una conclusión sin tener en cuenta las conclusiones de los auditores militares. 

Hasta el presente, la oposición ha cerrado filas en torno a la decisión de emitir su informe antes de las PASO -concretamente el próximo 18 de julio con despliegue mediático y presencia de público-, aun a riesgo de degradar severamente la credibilidad del documento. Este apresuramiento podría forzar al oficialismo a producir un pronunciamiento de minoría, lo que dejaría en claro que la campaña se metió de lleno en la comisión.

Incluso la mayoría de los familiares de los marinos fallecidos advierten que la bicameral está a punto de perder la credibilidad, toda vez que, en lo que a responsabilidad política se refiere, sólo hará hincapié en una gestión que tenía apenas dos meses de iniciada cuando ocurrió la tragedia, dejando además de lado a todos los funcionarios de la gestión kirchnerista que ocuparon la cartera ministerial desde que se inició la reparación de media vida de la embarcación.

Fueron los familiares de las víctimas quienes una y otra vez reclamaron que la exministra Nilda Garré fuera apartada de la bicameral, por haber sido la funcionaria bajo cuya gestión se adquirió el hoy cuestionado sistema de control de emisiones de hidrógeno dentro del casco resistente del San Juan.

«No se le puede cargar a la exministra, la responsabilidad técnica por la elección de un sistema de medición de hidrógeno en la atmósfera no adecuado para una embarcación militar, pero tampoco se le puede achacar al actual ministro responsabilidad por la zarpada de un submarino, que fue decidida por un almirante y un comandante de fuerza, que estaban al tanto del estado de la nave y que consideraron que estaba apta», sostiene uno de los peritos navales que colabora en las investigaciones.

Un punto especialmente controvertido es el de la pretensión del peronismo de cargar en el Ministerio de Defensa la responsabilidad por el momento en el que se declaró al submarino en emergencia y consecuentemente se dispuso el inicio del operativo SAR (Search and Rescue), Búsqueda y Rescate.

Asesores en materia de legislación marítima consultados por Infobae coinciden en explicar que «durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla se promulgó la ley 22.445, mediante la cual se determinó que la autoridad de aplicación del protocolo SAR sería exclusivamente el Comandante en Jefe de la Armada.

Los juristas reconocen que ese cargo ya no existe más y que lo suplanta la figura del Jefe de Estado Mayor General de la Armada. Con el advenimiento de la democracia, el Congreso Nacional revalidó decenas de leyes de la dictadura para asegurar el correcto funcionamiento administrativo del Estado Nacional; ésta fue una de ellas y se encuentra plenamente vigente.

Esta norma, cumplida a rajatabla por la Armada Argentina, hace posible que ante una situación de emergencia en el mar bajo jurisdicción SAR de la fuerza naval nacional, sus autoridades no deban perder tiempo en pedir permiso a los ministerios de Defensa o Seguridad. Es el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Marina el que asume de facto el control automático de la situación, contando como fuerza subsidiaria con la Prefectura Naval Argentina.

Fernando Morales/Infobae