El Gobierno oficializó el pase a retiro del excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, uno de los militares cuestionados por su actuación durante la tragedia del Ara San Juan.
«Buenas noches, para conocimiento de ustedes, quería avisarles que tal cual salió en Infobae, hoy tuve una reunión que en principio sería con el DGPN (Director General de Personal Naval) pero luego fue con el subjefe y el subsecretario de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Defensa, Contraalmirante León Barreto, para comunicarme extraoficialmente que quieren que yo pida el retiro o me lo dan en forma obligatoria.
Pregunté cuánto tiempo tenía para tomar una decisión y me dijeron que, si bien era extraoficial, tenía que ser a la brevedad. Hace un rato el DGPN, me mandó un WS donde me dice que tengo plazo hasta mañana al mediodía para responder (por hoy martes), así que le dije al ministro que si para esa hora no le respondía que haga lo crea conveniente».
El párrafo precedente es parte del mensaje emitido por Villamide a sus compañeros de promoción. Entre otros puntos, dejó en claro la intención oficial de darle la oportunidad de retirarse voluntariamente, algo que puertas adentro no es en si mismo un castigo porque deja abierta la posibilidad de seguir perteneciendo a la institución en la que prestó servicios. Solo una eventual condena penal podría determinar la pérdida del estado militar del condenado.
Distinta es la situación de aquellos militares que son pasados a «Retiro Obligatorio» (RO). En estos casos, si bien se conserva el grado y el haber de retiro, se complica y mucho la eventual recontratación de quien detenta esta condición, para ejercer funciones docentes o administrativas en cualquier dependencia militar. Asimismo, generalmente el personal militar en esta condición deja de ser invitado a cualquier actividad institucional o protocolar que lleven adelante las instituciones castrenses.
El Caso Villamide
El Capitán de Navío Claudio Villamide fue uno de los oficiales más duramente cuestionados en el informe que fue firmado hoy en el marco de la Comisión Bicameral que investiga la tragedia que costó la vida a 44 miembros de la Armada Argentina, con la disidencia del oficialismo.
Al funcionario militar se lo responsabiliza de no haber ejercido efectivamente el mando a la hora de tomar medidas severas cuando tomó conocimiento de maniobras relacionadas con la aparente operación de la válvula E19 por parte de la tripulación del ARA San Juan, en forma no concordante con lo establecido en el manual de procedimientos del submarino durante viajes anteriores. También por no haber sido vehemente frente a la decisión del Comandante del San Juan en el momento en que informó la existencia de un incendio a bordo, su aparente extinción y su intención de volver a la profundidad para proseguir su derrota hacia el puerto de Mar del Plata.
«En este punto y seguramente fruto de la absoluta inexperiencia y falta de conocimiento de los legisladores se corre el riesgo de estarse emitiendo una conclusión cuando menos parcial. Si bien Villamide era el superior directo del hoy fallecido Capitán de Fragata Pedro Fernandez, es básico en la actividad naval y marítima que es el comandante en el lugar quien está mejor capacitado de tomar la decisión mas correcta para la salvaguarda de su buque y su tripulación». El concepto corresponde a uno de los peritos navales frecuentemente consultados por Infobae.
¿Que pasaría con Villamide, si hubiera forzado a Fernández a mantenerse a flote y a resultas de ello, hubieran perecido tripulantes fruto de la enorme inestabilidad que presenta un submarino en superficie y con mal tiempo?
Hasta el presente, el excomandante de la Fuerza de Submarinos ha intentado demostrar que no es responsable de lo que aconteció aquella fatídica mañana del 15 de noviembre de 2017. En su defensa, esgrimió el resultado de la planilla de calificación del material que, efectuada por la propia tripulación, le otorgaba al San Juan un índice de operatividad de 4,25 sobre 5 puntos posibles. Además – si bien inexplicablemente por norma no quedan copias en tierra- sostiene que la llamada «prueba de 48 horas» que consiste en la verificación de todos los sistemas y mecanismos del submarino en las horas previas a la zarpada, había sido superada ya que, de no ser así, el Comandante de la nave no hubiera zarpado.
En su contra, obran argumentos que parten del informe de ex Inspector General de la Armada Contraalmirante Lezana, quien advirtió de las falencias de la nave y que en parte fue reiterado por el actual Inspector General, Contraalmirante Pérez Bacchi. Si bien es cierto que la propia Armada Argentina reiteradamente aclaró que buena parte de las observaciones de ambos inspectores habían sido subsanadas por la fuerza de submarinos, antes de la fatídica zarpada.
La difusión del audio de Villamide en horas de la mañana de hoy puede complicar sus posibilidades de obtener su retiro voluntario, ya que no es muy bien visto que un subordinado exprese que «si no contesto que hagan lo que les parezca conveniente». Por otra parte, si bien no trascendió, es de suponer que el otro citado a la oficina del subjefe de la Armada es el hasta hoy contraalmirante Luis López Mazzeo, su superior directo.
El dictamen firmado por la Bicameral tuvo en cuenta el informe que realizó el Estado Mayor Conjunto para determinar las responsabilidades militares de la tragedia.
