Al exponer en la audiencia pública que se lleva a cabo en el Senado para evaluar el impacto de esas represas, Aranguren afirmó que el “estudio expeditivo” hecho en 2006 por la empresa Iatasa, en la que trabajó Marcolini, “no era un estudio ambiental, sino un catálogo de proyectos realizados entre los años ’60 y ’80”.
Aclaró: “no tuvimos la posibilidad” de ver la denuncia (de Solanas) “porque no la hemos recibido”, pero aclaró que Iatasa “no hizo ningún estudio de impacto ambiental” e insistió en que el relevamiento efectuado en 2006 “se hizo en 60 días y no se puede considerar un estudio”, como afirmó la denuncia de Solanas.
Resaltó que el estudio de impacto ambiental que se trata en esta audiencia “es el primero de esta magnitud que se realiza en el país” conforme a la normativa legal, y a partir de ahora “todo proyecto hidroeléctrico tiene la obligación de hacer este análisis”.
“El estudio insumió casi 40 mil horas de trabajo, ocupa 9 carpetas con más de 4 mil páginas, 65 planos específicos y estudios temáticos realizados por expertos en la materia”, destacó Aranguren, quien apuntó que el proyecto anterior tenía “características débiles desde los puntos de vista ejecutivo y ambiental”.
Fuente: Telam
