En el primer año del gobierno de Alberto Fernández en el poder, Argentina empeoró su posición en el ranking anual de la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) que mide cómo es percibida la corrupción en el Estado, según expertos, inversores y empresarios. Nuestro país descendió 12 lugares, al pasar del puesto 66 en el ranking de 2019 al 78 el último año, entre los 180 países medidos por TI para la elaboración del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020.
Este descenso en el ranking se da después de que, en el último año de la gestión de Mauricio Macri, Argentina escalara 19 posiciones en el Índice 2019 y tuviera su mejor desempeño desde 2012.
En el IPC 2020 que difundió la organización líder en la lucha contra la corrupción a nivel global, Argentina obtuvo 42 puntos sobre 100 máximos posibles, 3 menos que en 2019. En la escala utilizada, 0 puntos implican que un país es percibido como muy corrupto, y 100 puntos corresponden a aquellos con corrupción inexistente.
Con este puntaje, Argentina se ubica justo por debajo del promedio global en materia de percepción de corrupción que, al igual que el año pasado, es de 43 puntos, y continúa entre los dos tercios de los países que no alcanzan los 50 puntos sobre el máximo de 100, de acuerdo al indicador de TI.
La peor performance del país había sido en 2015, cuando obtuvo solo 32 puntos sobre 100, y quedó en el puesto 107 sobre 168 países, mucho más cerca del final de la tabla que hoy.
En su análisis, TI vinculó estrechamente los resultados de la medición de este año con el manejo de la pandemia del COVID-19. “El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 revela que la corrupción está socavando los sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso democrático”, advirtió la organización no gubernamental (ONG) que lidera la lucha contra la corrupción a nivel global desde hace más de 25 años.
Y destacó que “los países con buenas puntuaciones en el Índice invierten más en sanidad, tienen más capacidad de proporcionar cobertura sanitaria universal y son menos propensos a vulnerar las normas e instituciones democráticas o el estado de derecho”.
“El COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”, advirtió por su parte Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. “Hasta donde alcanza la memoria, ningún año ha puesto a prueba a los gobiernos como el que ha pasado, y aquellos que tienen los niveles más altos de corrupción han demostrado menor capacidad para afrontar el reto. Pero incluso los países que ocupan los primeros puestos del Índice, tienen la obligación urgente de reconocer su papel en perpetuar la corrupción dentro y fuera de sus países, agregó esta abogada argentina que preside la organización desde 2017 y fue reelecta el año pasado.
Los estudios realizados por el programa Sanidad Global de Transparencia Internacional encontraron que la corrupción priva al sector sanitario global de USD 500.000 millones al año. Entre las prácticas documentadas figuran demandas irregulares de pago a pacientes, malversaciones de fondos, robos, ausentismo, inflación de precios, favoritismo y manipulación de datos.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de TI, opinó en diálogo con Infobae: “Indudablemente el análisis de la corrupción durante 2020 estuvo cruzado por la pandemia. No es que la pandemia hizo más o menos corruptos a los países, pero mostró las debilidades y las fortalezas existentes. Nosotros decimos que la emergencia genera medidas excepcionales como la compra urgente de insumos, y la inversión en infraestructura. Esas medidas excepcionales deben estar acompañadas por medidas excepcionales en materia de transparencia”.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.“Hoy, el gran desafío, más allá de controlar lo que sucedió durante 2020, es prestar especial atención a la compra de vacunas, a los acuerdos firmados, y a los contratos que deben cumplir las farmacéuticas”, agregó el directivo de esta ONG fundada en 1989, principal referente en materia de lucha contra la corrupción en el país y la encargada de presentar los resultados de Argentina.
Uruguay, al tope en América
En relación a los 32 países medidos del continente americano, Argentina se ubica en el puesto 14, uno más abajo que el año pasado. El ranking lo encabezan – al igual que en 2019 – Canadá con 77 puntos sobre 100, Uruguay con 71, y Estados Unidos y Chile con 67 ambos.
Para TI, “la corrupción constituye una gravísima amenaza a la vida y al sustento de los ciudadanos, especialmente cuando se combina con una emergencia sanitaria. Existe una correlación entre la ausencia de corrupción en el sector público de un país y un mayor gasto en sanidad”. Y citó el ejemplo de Uruguay que obtuvo la puntuación más alta de América Latina, “realiza una fuerte inversión en sanidad y cuenta con un buen sistema de seguimiento epidemiológico que ha sido de gran ayuda a la hora de afrontar el COVID-19 y otras enfermedades infecciosas, como la fiebre amarilla y el zika”.
Respecto de Estados Unidos, que mantiene su tendencia descendente y obtuvo su peor puntuación desde 2012, la ONG internacional analizó: “Aparte de los presuntos conflictos de interés y abusos de autoridad existentes al más alto nivel, en 2020 han saltado las alarmas por la débil supervisión del billón de dólares destinado a la lucha contra el COVID-19, en un país con una larga historia de normas democráticas que promueven la rendición de cuentas por el gobierno”.
En el otro extremo de la tabla, los países percibidos como más corruptos son Nicaragua con 22, Haití con 18 y Venezuela, en último lugar de América en el puesto 173, con solo 15 puntos sobre 100.
En un calco de lo ocurrido el año pasado, el ranking global en 2020 lo lideran nuevamente Nueva Zelanda y Dinamarca con 88 puntos sobre 100, seguidos por Finlandia, Suecia, Suiza y Singapur, con 85. El top ten lo completan Noruega con 84, los Países Bajos (ex Holanda) con 82, y Alemania y Luxemburgo con 80.
Y también al igual que en 2019, los países percibidos como más corruptos de los 180 analizados son Sudán del Sur y Somalia con 12, Siria con 14 y Venezuela y Yemen con 15.
“Cerca de la mitad de los países llevan casi una década estancados en la misma posición dentro del índice, lo que sugiere que los esfuerzos de sus gobiernos para llegar a las causas primarias de la corrupción se han paralizado. Más de dos tercios tienen una puntuación por debajo de 50”, advirtió la ONG cuya sede central está en la ciudad alemana de Berlín.
Para TI, en 2020, “las actuaciones de emergencia en respuesta al COVID-19 han revelado profundas grietas tanto en los sistemas sanitarios como en las instituciones democráticas, poniendo de relieve que, en multitud de casos, las personas que están en el poder o controlan las finanzas del Estado sirven a sus propios intereses, en lugar de los de las personas más vulnerables. En la fase de recuperación tras la crisis, es esencial que la lucha contra la corrupción no se quede atrás en sus esfuerzos por lograr un resurgimiento justo y equitativo en toda la comunidad global”, concluyó TI al difundir el informe que acompaña el Índice.
Cómo se elabora el Índice
El IPC mide anualmente la percepción de la corrupción de empresarios y expertos pero sólo en relación a la conducta del sector público, o sea en el ámbito político y administrativo. Se calcula tomando 13 fuentes de datos de 12 instituciones que registran percepciones de corrupción en los últimos dos años, en base a encuestas de distintas instituciones internacionales realizadas a inversores y especialistas sobre cómo perciben la corrupción en el Estado.
Para incluir un país o territorio en el índice es necesario que haya sido evaluado por un mínimo de tres fuentes. La puntuación de cada país se determina calculando la media de todas las puntuaciones estandarizadas disponibles sobre ese país, redondeada a un número entero.
En el caso de Argentina, la medición se hizo en base a ocho encuestas de distintas entidades internacionales: el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, las Calificaciones de Riesgo País de Global Insight, el Anuario de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development (IMD), The Economist Intelligence Unit Country Ratings, la Guía Internacional de Riesgo País de PRS Group, el Proyecto Variedades de Democracia, el Foro Económico Mundial EOS, y el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial.
Las preguntas se refieren, entre otros aspectos, a la existencia de sobornos, el desvío de fondos públicos, la falta de castigo penal o de protección a los denunciantes, los mecanismos para obtener contratos con el Estado, la prevención de los conflictos de interés por parte de funcionarios y el acceso a información por parte de los ciudadanos a asuntos públicos, entre otros aspectos.
