Después de dos años de intensas negociaciones, Argentina y Paraguay llegaron a un acuerdo definitivo sobre el peaje en la Hidrovía Paraná-Paraguay, en el tramo Santa Fe-Confluencia.
La solución acordada incluye la implementación de una “Tasa Retributiva de Servicios en el Tramo Santa Fe-Confluencia del río Paraná”.
El acuerdo, que fue firmado entre la Administración General de Puertos de Argentina (AGP) y las dos cámaras paraguayas —la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos y la Comisión Permanente de Transporte de Cuenca del Plata—, aún está en proceso de oficialización.
Este acuerdo pone fin a un largo proceso de negociación
El conflicto entre Argentina y Paraguay sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay se originó por la nacionalización del cobro del peaje por parte de la AGP durante la presidencia de Alberto Fernández.
En septiembre de 2022, la AGP emitió una resolución que establecía una nueva tarifa para el peaje, la cual comenzó a aplicarse en enero de 2023.
Esta medida provocó una escalada en las tensiones entre ambos países.
La disputa alcanzó su punto álgido a mediados del año pasado, cuando el presidente paraguayo, Santiago Peña, hizo una declaración pública en la que expresó que no compraría un auto usado al ex ministro de Economía argentino Sergio Massa, en respuesta a una visita que Massa realizó a Asunción en medio del conflicto.
Esta declaración exacerbó las tensiones y generó un profundo malestar en Paraguay hacia los funcionarios argentinos, incluyendo a Massa, el Canciller Santiago Cafiero y el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Gustavo Martínez Pandiani.
La controversia se extendió más allá de las fronteras argentinas, Brasil, Bolivia y Uruguay se unieron a Paraguay en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) contra Argentina.
Bajo la cancillería de Diana Mondino, se resolvió el conflicto sobre la Hidrovía
Las negociaciones fueron lideradas por el vicecanciller Leopoldo Sahores, el Subsecretario de Asuntos Americanos, Mariano Vergara, y el interventor de la AGP, Gastón Benvenuto.
A pesar de las dificultades para acordar un peaje con los sectores privados de la región, las negociaciones continuaron bajo el principio del “déficit fiscal cero” del gobierno de Javier Milei.
Durante este proceso, se realizaron varios cambios administrativos importantes.
La Subsecretaría de Vías Navegables recuperó el control de la Hidrovía, mientras que el peaje será gestionado por las empresas que ganen la licitación para dragado, mantenimiento y logística, aunque la AGP sigue cobrando temporalmente.
En paralelo, se lograron acuerdos clave con Uruguay y Brasil.
Uruguay recibió autorización para dragar más profundamente el canal de acceso al puerto de Montevideo, mientras que Brasil, en su rol de presidente pro tempore del CIH, propuso una tregua y sugirió que las conversaciones con Paraguay se llevaran a cabo en un entorno privado y tutelado por las cancillerías.
Finalmente, se alcanzó un acuerdo en el que los privados aceptaron la lógica del pago del peaje.
A cambio, se les ofreció participación en las propuestas para mejorar la Hidrovía, una de las vías navegables más cruciales para el comercio exterior de granos de Argentina y Paraguay.
Fuente TN
