Lisbedt Camacho Siles fue asesinada delante de sus dos hijos el día de su cumpleaños, el 25 de julio de 2015. Un patrullero de la Policía Bonaerense la encontró en el suelo, boca arriba, cubierta de vómito, casi sin vida. Su marido, Álvaro Ledesma Chávez, un changarín, fue quien la mató.
Ambos habían llegado de Bolivia poco tiempo antes para instalarse en una casilla en las afueras de la zona de Virrey del Pino en busca de mejores oportunidades. «Dios, no te la lleves», le decía Ledesma Chávez al cielo, mientras una ambulancia se llevaba a Lisbedt, que terminaba de morir. El changarín le echaba la culpa al alcohol; decía que su mujer había tomado demás en el festejo. Sin embargo, hubo vecinos que luego declararon haberla visto gritar y correr antes de caer al suelo. La autopsia posterior reveló que Lisbedt había perdido la vida por una asfixia mecánica: fue estrangulada con una sola mano.
Así, Ledesma Chávez quedó detenido. Llegó preso a su juicio ante el Tribunal Oral Criminal N°4 de La Matanza, con una celda en el penal de Olmos. En su testimonio, el changarín reconoció que «a las mujeres se las manda», que a Lisbedt la había «cascado» en más de una ocasión. Varios peritos y policías declararon en su contra. Así, en su sentencia, el TOC N°4 le concedió a Ledesma Chávez un dudoso honor: ser el primer femicida condenado a prisión perpetua en la historia argentina.
El 11 de octubre del año pasado, casi un mes antes de la sentencia de Ledesma Chávez, Beatriz Valencia Parra, también boliviana, fue encontrada muerta dentro de una caja en un descampado de la zona de Villa Recondo, también en el partido de La Matanza. Tal como Lisbedt, la autopsia determinó que Beatriz murió estrangulada tres días antes del hallazgo de la caja en el descampado.
Según la imputación del fiscal Adrián Arribas, el encargado de investigar su muerte, su pareja, Nelson Luna Calle, de 24 años, costurero de profesión, fue quien la mató: Beatriz era la madre de sus dos hijos. Un cable de un equipo de DVD fue el arma homicida. La caja de cartón donde el cuerpo fue descartado tenía, precisamente, el logo de una marca de máquinas de coser.
La joven había sido madre de un tercer bebé apenas un mes antes de su muerte. Lo que provocó el brutal asesinato de Beatriz fue una situación de celos más allá de lo enfermizo. El padre de ese bebé era, precisamente, José, el hermano de Luna Calle.
Un miembro de su familia declaró en contra de Nelson. Aseguró que el acusado por la muerte de Beatriz dijo en voz alta que «que Nelson dijo haberla matado por celos, que ‘ya no aguantaba más ver a Beatríz con José, que se abrazaran, que se besaran y que se encamaran'». José Luna Calle habló también en el expediente: apareció espontáneamente como arrepentido confesó haber ayudado al presunto asesino a trasladar el cadáver tras un llamado sorpresa. «Yo sé lo que he hecho», le dijo su hermano. Nelson Luna Calle, procesado y con prisión preventiva, será elevado a juicio por el fiscal Arribas en pocos días.
Las muertes de Lisbedt y Beatriz no son casos aislados bajo ningún punto de vista. Y son, por otra parte, piezas de un fenómeno sumamente complejo. En la Argentina, el problema de la violencia de género en mujeres migrantes va más allá de cualquier concepción previsible.
El fiscal Julián Axat está a cargo de la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal. Es, básicamente, el vínculo entre los vecinos de barrios carenciados y el sistema judicial. Su equipo recibe denuncias con dependencias en puntos villa 1-11-14, la Zavaleta y la 31 bis en Retiro. Durante 2016, las denuncias hechas por mujeres representaron el 73% de su carga de trabajo. De ese total, casi 40% de esas denuncias fueron hechas por personas de las comunidades bolivianas, peruanas y paraguayas.
Axat apunta: «Existen colectivos o grupos de personas que, por cuestiones como su género o sus circunstancias socioeconómicas, étnicas o culturales, se encuentran más expuestos a violaciones de sus derechos. En este sentido, las mujeres migrantes sufren una doble condición de vulnerabilidad, que las confronta con dificultades particulares para ejercitar con plenitud sus derechos ante el sistema de justicia».
Axat no está solo en su análisis. Infobae consultó a fiscales especializados en cuestiones de género, abogadas y funcionarias judiciales, así como militantes de base para este informe. Todas coinciden en que la condición de migrante empeora el cuadro de violencia: la lejanía de sus hogares originales y sus familias, la pobreza, la frecuente falta de educación y herramientas culturales así como la carencia de vínculos con miembros de sus propias comunidades se suman a relaciones con vínculos totalmente abusivos con el exceso de alcohol como figura usual.
Una veterana fiscal apunta: «El hombre es quien provee, premia y castiga, es el macho alfa. La mujer, en muchos casos de estas idiosincrasias culturales, solo sirve para cuidar a la casa y a los chicos, y está a merced de lo que el macho diga»
Es un círculo vicioso. Los niveles de vulnerabilidad se vuelven límites férreos. Estas mujeres -bolivianas en su mayoría, paraguayas, peruanas, también de países como Colombia y República Dominicana- básicamente no tienen a dónde ir.
Los brutales femicidios de Lisbedt y Beatriz no solo son parte de un problema extremadamente complejo, sino también de un problema mucho mayor.
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte Suprema y es dirigida por la jueza Elena Highton, recibió 3170 denuncias de mujeres extranjeras que residen en el país en 2016 de acuerdo a información enviada por el organismo. Todos los casos corresponden al territorio porteño.
El número no es para nada menor: las denuncias hechas por extranjeras representan casi un tercio de los más de 9800 casos que la OVD recibió durante todo el año pasado. Las oriundas de Bolivia, Paraguay y Perú son las más afectadas: 759 mujeres bolivianas, 746 paraguayas y 619 peruanas reportaron abusos en su contra en el período. La teoría del cerco cultural se aplica más todavía en ciudadanas oriundas de China: la OVD recibió el año pasado apenas cinco denuncias de asiáticas en la Ciudad.
Sin embargo, el cerco es relativo. Los números demuestran que las migrantes en el país se atreven a denunciar a sus parejas violentas. La Oficina recibió más de 72 mil casos desde el comienzo de sus actividades en septiembre de 2009: 46 mil fueron de extranjeras, es decir, más de la mitad. Y la mayoría de denuncias de mujeres bolivianas es histórica, con un margen entre nacionalidades considerable. Más de 13.600 de esos reportes fueron iniciadas por bolivianas; otras 3400 formuladas por peruanas las siguen en la lista.
Los números de la OVD, al estar divididos en comunas porteñas, conforman un mapa de la violencia de género contra mujeres extranjeras en la Ciudad. Las comunas 1 y 2 incluyen a las villas 31 y 31 bis: son, según la OVD, el foco de mayor cantidad de denuncias de migrante en territorio porteño. En 2016, la Comuna 1 tuvo 217 casos de ciudadanos bolivianas, 201 de mujeres paraguayas y 157 peruanas. La Comuna 2 contó 233 casos de bolivianas en total. La Comuna 3, con Balvanera y San Cristóbal, contó casos de 237 paraguayas y 186 peruanas.
En su trabajo diario, el personal de la OVD se encuentra con una particularidad: las mujeres que asisten con una situación migratoria irregular creen que si denuncian a su pareja sin un DNI serán deportadas. «Esa es una mentira que le cuentan las parejas para zafar», dice una directiva. La Oficina de Violencia Doméstica lo deja en claro: DNI o no, cualquier mujer puede asistir para denunciar sus abusos.
Sin embargo, las causas posteriores son difíciles de sostener. Hay una paradoja constante. Una reconocida fiscal dedicada a violencia de género explica: «A pesar de las denuncias, la mayoría de las mujeres migrantes se echan para atrás y la retiran. Y si la víctima retira la denuncia, entonces se extingue la acción penal. La causa, a pesar de los golpes sufridos, queda en nada. El macho es quien provee. Sin el macho, golpeador o no, ¿quién le va a dar de comer a sus hijos?».
Las mujeres bolivianas presentaron casi 14 mil denuncias por abuso en los últimos 7 años.
Natividad Obeso llegó a la Argentina desde Cajamarca, Perú, hace 24 años. Es la fundadora y mayor dirigente de AMUMRA, Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, la principal organización de base dedicada a la problemática en el país. En su oficina de Once, reconoce a Infobae con cierta amargura: «No es fácil que sostengan las denuncias.
Es cierto que casi todas declinan. Las denuncias llegan al juzgado, pero las mujeres declinan». Semanas atrás, acompañó a una joven peruana del Abasto a la OVD para que denuncie a su marido. «Cuando la llevé a la Oficina estaba toda golpeada y arañada», dice. La mujer volvió a Perú, convencida por el mismo esposo al que iba a denunciar por violento. Obeso hace varios días que no sabe de ella.
La base está
AMUMRA, con Silvia Romero como abogada, tiene presencia en zonas como Villa Lugano, el Bajo Flores, la villa Rodrigo Bueno en Costanera, Constitución y las villas 31 y 31 bis en Retiro. Su «carpa de derechos humanos» incluye charlas, proyecciones y apoyo para los que buscan regularizar su situación en el país, con ayuda para lograr turnos en Migraciones. La violencia de género es un tema preponderante.
Obeso y su equipo implementaron el año pasado una encuesta sobre la problemática. «Teníamos un problema. Cuando preguntábamos si había abuso, todas decían que no. Entonces, cambiamos el método», asegura la dirigente. Aplicó entonces preguntas específicas sobre insultos, adjetivos como «bruja» o «prostituta», sacudidas, empujones, amenazas de muerte, intentos de estrangulamiento, etcétera.
Cien mujeres la respondieron durante todo 2016, sus planillas de entrevista fueron guardadas en una carpeta. Obeso muestra una, respondida por una mujer boliviana. Las columnas más marcadas como respuesta son «siempre» y «casi siempre». «Son casi todas iguales», dice la dirigente: «Nosotros les decimos: ‘Todo esto que respondes es violencia’. Ellas nos dicen que no lo sabían».
Obeso apunta: «Cada vez que vamos, por ejemplo, a La Plata, nos reunimos con cerca de 30 mujeres. La primera violencia es salir del país. Las mujeres aquí no tienen redes de protección familiar. Sufren violencia sexual de sus maridos y hasta de sus empleadores, de sus patrones argentinos».
La dirigente recuerda el caso de una joven boliviana de 16 años, oriunda de un caserío en las afueras de La Paz. «A esa chica la rescatamos, hace cinco años», dice Obeso. Había llegado a la Villa 1-11-14, para instalarse cerca de la cancha de San Lorenzo. «Terminó en un taller textil, trabajaba de 6 de la mañana a 3 de la mañana. El dueño del taller, un argentino, la embarazó y le encajó el bebé a otro chico boliviano. También la golpeaba, le quemaba las manos con una cuchara sopera ardiente».
Obeso se la llevó a su casa: «Tenía la mirada ida, estaba quebrada». Poco a poco, la joven volvió en sí. Obeso consiguió que una empresa de micros le diera un pasaje para devolverla a Bolivia: «El consulado boliviano no nos hizo caso. Del empleador nunca más supimos», asevera.
AMUMRA también visita las zonas de quintas de La Plata como Echeverry y Colonia Urquiza, con gran presencia de ciudadanos bolivianos que trabajan en los campos. En octubre de 2015, una mujer quintera, Maridza Bejarano, fue el eje de uno de los fallos más cuestionados en la historia judicial reciente. El Tribunal Oral N°2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Silvia Hoerr, la encontró culpable junto a su marido, Paulino Ortega Villa, del delito de tentativa de homicidio agravado por vínculo y alevosía. La condenaron a diez años de cárcel como cómplice de moler a golpes a su propio hijo, Elías, que sufría un retardo mental.
El campo macho
Elías pasó tres meses en terapia intensiva. Un perito oficial que lo examinó encontró múltiples fracturas en el cráneo que le astillaron el hueso, hematomas extradurales, intensas hemorragias en la retina. Su clavícula derecha también estaba fracturada, así como la séptima vértebra de su columna, «lesiones», apuntó el informe adjunto a la causa, «que pusieron en riesgo su vida». Era empeorar un cuadro ya grave: Elías sufría un retraso madurativo. Los primeros médicos que vieron al chico en el policlínico notaban que no lloraba, lo que los llevó a inferir un importante daño neurológico.
Una médica del Hospital Gutiérrez luego revisó al niño; encontró que Elías, hoy de cuatro años, presentaba una marcada debilidad en el lado derecho del cuerpo, se expresaba con una cantidad mínima de palabras. Ni siquiera podía sentarse, tampoco caminaba. Su análisis posterior habló de un cuadro compatible con las lesiones y de «secuelas que serán irreversibles». A Elías lo habían dañado de por vida.
Pero lo cierto es que Maridza, oriunda de Potosí, Bolivia, no fue condenada por aplicar los golpes a su propio hijo. El Tribunal Oral N°2, simplemente, razonó que Maridza no tuvo suficiente el coraje para frenar a su marido Ortega Villa, lo que la volvía su cómplice.
Maridza fue absuelta por Casación en octubre del año pasado gracias a la intervención al titular de la Defensoría de Casación, el doctor Mario Coriolano. Bejarano, se probó en la causa, vivía en un estado de sumisión absoluta. Ni siquiera sabía dónde había un almacén o un hospital cerca de su casa.
Su propio relato apuntó a que su pareja la violaba cuando llegaba borracho. El hijo de ambos habría sido gestado, precisamente, en una violación. Los testimonios de psicólogas que la entrevistaron y que fueron incorporados a la causa hablaron de una mujer quebrada, que ni siquiera podía hablar de la situación vivida por su hijo. Tuvo que separarse de él; el menor fue enviado a Bolivia para vivir con su abuelo.
Natividad Obeso conoce bien la problemática de la zona y la vida dura que implica: «Las horticultoras reciben los terrenos en situaciones desastrosas, llenos de yuyos y malas hierbas, áridos. Las bolivianas son las que van y desmalezan a manos. Si los limpian, entonces los patrones argentinos se los alquilan. Tienen una, dos hectáreas por familia. Cuando llueven, los invernaderos quedan destrozados. Nadie los ayuda para que subsistan. Los términos de alquiler son abusivos».
Los fiscales de la jurisdicción platense conocen bien el territorio: más allá de la violencia de género, la reducción a la servidumbre es otra figura delictiva frecuente. Los casos de violencia en la zona quintas son de una crudeza particular. Un investigador asegura: «Las casas están muy adentro de las hectáreas. Es, en cierta forma, un ghetto, aislado cultural y geográficamente. Y la mujer no tiene poder de decisión. El macho es todo».
La situación puede llegar a extremos: «Una vez llegué por una denuncia y estaba una mujer boliviana con una pistola, en su la cabeza y en la de su hijo en brazos. Amenazaba con matarse. El marido la molía a golpes hace años. No aguantaba más. La mediación duró cuatro horas», asegura la fuente.
El caso de Maridza y Ortega Villa tiene un elemento común en muchas narrativas de violencia de género en comunidades migrantes: la borrachera de viernes por la noche. Ortega Villa, como muchos hombres en la zona de quintas, solía salir solo a bailes sobre la ruta 36 como La Mega, para volver ferozmente ebrio. Para Maridza, la vuelta a casa de su marido era una golpiza o una violación.
La Plata, desde noviembre, tiene su propia fiscalía especializada en violencia de género, la N°13, a cargo de la doctora Mariana Ruffino. La fiscal investigó 3500 casos de abuso en toda su jurisdicción desde la creación de la fiscalía hasta hoy: el 40% corresponden a inmigrantes. Encontró casos aberrantes, incluso algunos en donde hijos varones golpean a sus madres y hermanas tal como lo hacían sus propios padres.
Ruffino no tiene sus ojos puestos solo en la zona de quintas: encuentra problemáticas similares en los barrios poblados por peruanos y paraguayos en la periferia platense, estos últimos con frecuentes ataques a cuchillazos. Publicitar la fiscalía fue una buena estrategia.
El 90% de los casos que maneja Ruffino llegan por denuncias presenciales de las víctimas. Sin embargo, la fiscal se encontró con el mismo problema que sus colegas porteños: cerca del 95% de las denunciantes extranjeras retiraban la demanda.
Entonces, ideó una estrategia más agresiva, amparada en el artículo 72 del Código Penal, que describe cuándo un delito es de acción privada. Así, Ruffino «por razones de interés público» comenzó a asumir la representación de sus víctimas, lo que llevó a sostener las causas. Las amenazas y lesiones leves son delitos excarcelables, sin embargo, la fiscal logró 100 detenciones en su gestión, con un solo excarcelado que fue apelado esta semana. La estrategia: pedir los arrestos por la acumulación de hechos como nuevas agresiones, incluso desde la cárcel y la constante violación de perimetrales.
Los presos logrados por Ruffino, entre los cuales no hay ningún femicida, contrastan con números oficiales del Servicio Penitenciario Federal. Fuentes en el organismo aseguran que hay cerca de 20 extranjeros presos por femicidio en todo el sistema. Por violencia de género, sin hecho de muerte, tan solo uno.
Federico Fahsbender/ Infobae
