Mientras las tarifas de los servicios públicos están en el centro de la agenda pública, senadores del oficialismo le presentaron al ministro de Energía, Juan José Aranguren, un proyecto de ley para garantizar que la garrafa de gas se venda al precio oficial en todo el país.
Los senadores radicales Julio Cobos (Mendoza), Ángel Rozas (Chaco) y Luis Petcoff Naidenoff (Formosa) y los de Pro Humberto Schiavoni (Misiones) y Néstor Braillard Poccard (Corrientes) llegaron al despacho del ministro el jueves a las 9, horas antes de la reunión en la que se definió que la tarifa del gas de red del invierno podrá pagarse en cuotas.
Los legisladores visitaron a Aranguren con un proyecto de ley de Cobos en la mano para que la garrafa de gas sea declarada «servicio público» y que YPF tenga la obligación de garantizar su distribución en todo el país al precio oficial, que el 1° de abril subió a $ 216 para el envase de 10 kilos.
Cobos presentó su proyecto de ley en soledad, en junio del año pasado. Pero, desde entonces, sumó voluntades. Las procedencias de los senadores oficialistas que se plegaron a su iniciativa es significativa: en el Noreste argentino, la llegada del gas de red es mínima y la mayoría del fluido se consume en garrafas.
El borrador que los senadores le acercaron a Aranguren dispone declarar a la industria de Gas Licuado de Petróleo (GLP) como un «servicio público», lo que le daría al Estado mayor potestad de intervención para asegurar el abastecimiento. También, propone que la administración nacional venda GLP a consumidores finales al precio oficial en estaciones de servicio de YPF y obliga al Ejecutivo a garantizar, «por sí o a través de YPF», la «distribución a precios justos» de las garrafas.
Aranguren fue receptivo, contaron a TN.com.ar desde el entorno de Cobos. «Fue una buena reunión», remarcaron. El Ministro de Energía pidió tiempo para analizar el proyecto y enviarlo él mismo al Congreso con modificaciones.
Los radicales insistieron, y mucho, para reunirse con el ministro. Lo veían reacio a avanzar con mayores controles sobre la garrafa, el combustible que usan unos 3,5 millones de personas que no acceden a la red de gas natural.
El ministro, no obstante, pidió excluir a YPF del asunto. Obligar a la empresa de capitales mixtos a brindar este servicio público afectaría el precio de sus acciones, objetó Aranguren.
La garrafa de 10 kilos tiene un precio oficial de 216 pesos, pero la norma no se cumple.
Además, reflotó una idea que circula en el Ministerio de Energía desde hace unos meses: agregar un chip a las garrafas de gas que permita su trazabilidad. De esta manera, podría saberse el destino de cada envase y sería más fácil constatar su precio de venta.
Esto último no es menor. La garrafa de gas tiene un precio máximo de referencia. La de 10 kilos no puede venderse a más de $ 195,47 pesos más impuestos en todo el país. Son $ 216. Según la normativa, solo podrían venderse más caras las garrafas que se envíen a domicilio. Pero esto no se cumple.
Una garrafa, muchos precios
El precio máximo oficial de la garrafa aumentó 16,75% a partir del 1° de abril y encadenó una suba acumulada del 60 por ciento en un año. La de 10 kilos pasó a $ 216 finales; la de 12 kilos, a 260 pesos y la de 15 kilos, a 324 pesos.
A su vez, ocho de cada diez hogares que usan garrafa reciben subsidios del Estado. Mediante el Programa Hogar, la ANSES deposita cada mes un monto de dinero para cubrir parte del precio oficial del combustible. La suma varía en función a la zona geográfica y la época del año.
Sin embargo, los 2,8 millones de hogares subsidiados pagarán el combustible un 64% más caro. Desde diciembre de 2017, el Gobierno depositaba $146 por cada garrafa de 10 kilos de $185, por lo que cada familia abonaba $ 39. Desde abril, el subsidio se elevó en cuatro pesos, de 146 a 152 pesos, pero la garrafa subió 31 pesos. La familia debe aportar ahora 64 pesos por cada tanque de 10 kilos, o sea, un 64 por ciento más. Hace un año, la «garrafa social» que ahora sale 64 pesos costaba 20.
Todo esto, si las familias consiguen garrafas al precio oficial. Según distintas fuentes de la cadena, solo las distribuidoras venden al valor máximo obligatorio.
En una estación de servicio de Villa Elisa, en La Plata, la garrafa de 10 kilos cuesta 280 pesos y tiene un sobreprecio del 30 por ciento. En Florencio Varela, los consumidores denuncian que el envase de 10 kilos cuesta entre 280 y 350 pesos. En Neuquén, el precio también ronda los 280 pesos. En Corrientes y Misiones se llegaron a relevar precios de 400 pesos por garrafa.
«La población que utiliza las garrafas pertenece a un sector socioeconómico medio y medio bajo. Sin embargo, en comparación, el precio de la garrafa es mayor al que abonan los usuarios de gas natural», consideraron las investigadoras de la UMET Cecilia Graschinsky y Lara Bersten, autoras del proyecto Impactos sociales, económicos y medioambientales de las políticas energéticas.
Los funcionarios no definen responsabilidades. La Dirección de Defensa del Consumidor responde que le compete al Enargas, que depende del Ministerio de Energía, fiscalizar que los precios oficiales se cumplan, por tratarse de un servicio regulado. Pero Aranguren le devuelve la pelota a la Secretaría de Comercio. «Sé que algunos dicen que no se consigue (al precio oficial) porque se requiere una mejor fiscalización, particularmente en el invierno, y esto requiere de un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Comercio Interior», dijo el ministro el pasado 29 de marzo, al oficializar los últimos aumentos en el gas natural.
